Por Atilio Molteni Embajador
Que China corre el arco y hace gala de un amplio menú de opciones cuando trata de incumplir una obligación política que le causa alergia es sólo rutina. Por ello suena lógico que las alarmas sobre su complejo sistema de Gobierno sólo empiezan a sonar ante una movida no tradicional y de alto impacto. Eso fue lo que motivó, en las últimas semanas, el obstinado intento de cambiar las reglas y prácticas del tratado fundacional que definiera las modalidades que se pactaron para reincorporar al pujante territorio de Hong Kong a su gigantesco territorio continental, convirtiéndolo en una Región Administrativa Especial (RAE).
Como se recordará, en el pasado mes de febrero la Oficina de Seguridad de esa RAE le propuso al Gobierno de Hong Kong dos enmiendas a las leyes de extradición. El texto de semejante reforma originó de inmediato una escalada de protestas masivas y populares, debido a que la gente entendió al instante que se estaba lesionando la autonomía de la aludida región. A pesar de ello, la máxima autoridad del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, introdujo el 3 de abril las enmiendas legales destinadas a hacer posible el envío de los sospechosos de determinados crímenes (37 en total, sean éstos violentos o comerciales y con una pena de tres o más años) a países con los cuales exista un Tratado de este tipo, opciones que incluyen a China, Taiwán y Macao. Los reos elegibles para tal tratamiento serían residentes o personas en tránsito de la RAE.
Unos 25 días después las protestas se hicieron más numerosas e incluyeron a los grupos sociales que no confían en la imparcialidad de la justicia china y temen las consecuencias que podría tener esa decisión sobre el sistema de capitalismo abierto y las garantías que otorga el sistema local respecto de los derechos individuales, el funcionamiento de las empresas y los intereses de los inversores. Y aunque el 30 de mayo el Poder Ejecutivo de Hong Kong introdujo concesiones en los textos regulatorios, esa flexibilidad no aquietó las manifestaciones. Para entonces las protestas se hicieron masivas y el 9 de junio, con la participación de más de un millón de personas, la civilizada RAE estaba en plena ebullición. Tanto, que la rebelión convocó al doble de los participantes una semana después.
Ante el cariz de los acontecimientos, Lam optó por diferir la aplicación de las leyes (sin eliminarlas), enfoque que multiplicó los nuevos reclamos semanales, caracterizados por el tenor pacífico de las marchas. Sólo un ataque espontáneo al edificio del Consejo Legislativo por un reducido grupo radical de 200 jóvenes y estudiantes, que fue reprimido violentamente por la policía y criticado duramente por Beijing, alteró el referido clima de moderación que presidió tal protesta social.
Como es conocimiento, Hong Kong fue una colonia británica desde 1842. Ese status devino de la llamada primera guerra del opio, cuyas derivaciones surgieron de la derrota del Gobierno chino y la cesión de ese territorio por el Tratado de Nankín. Desde entonces, y hasta 1997, esa área evolucionó de su condición de pequeño asentamiento en la costa del Mar de la China, en la provincia de Guangdong, Asia Oriental, a uno de los mayores centros mundiales del comercio y las finanzas, lo que no guarda relación con un territorio que apenas ocupa algo más de 1100 kilómetros cuadrados y hospeda a 7,5 millones de habitantes, la mayoría de ellos étnicamente chinos, pero que se comunican en idioma cantonés (un dialecto del chino), lo que les otorga una identidad cultural y social particular, apoyada también en un PNB por cápita anual superior a los U$S 46.000.
La transferencia de la soberanía de Hong Kong a China se concretó el 1 de julio de 1997 y fue consecuencia de un tratado que se negoció durante años con el Reino Unido. Su texto se conoce con el nombre de “Declaración Conjunta Sino-británica” y en él se concede a sus habitantes un alto grado de autonomía por espacio de cincuenta años en toda clase de actividades y decisiones, excepto las vinculadas con las relaciones exteriores y la defensa, responsabilidad que recae sobre el gobierno de China continental. En la literatura convencional se identifica a ese tratado o arreglo con el título “Un país, dos sistemas”.
Para cumplir con este Tratado, el Congreso de China adoptó la “Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China” (HKSAR, en inglés), admitiendo que el sistema socialista y sus políticas no serán aplicados en su territorio y que tanto el existente sistema capitalista como el modo de vida permanecerá inalterado hasta el 30 de junio de 2047 situación que, sin embargo, enfrenta las realidades de la evolución política de Pekín y de que, bajo las disposiciones de su Capítulo VIII, sólo puede ser interpretado por el Comité Permanente del Congreso Popular Chino. Cabe recordar que, en su momento, el entonces canciller argentino Guido Di Tella tuvo en cuenta la sustancia y las normas de este arreglo como un precedente de valor para resolver la controversia con Londres sobre la soberanía de las Islas Malvinas y sus dependencias.
Desde entonces pasaron veintidós aleccionadores años. En la actualidad, ciertos analistas locales enfatizan que los intentos del Gobierno chino de interferir gradualmente en la autonomía de Gobierno de Hong Kong, con el objeto de restringir y distorsionar las características de su economía, sus libertades individuales y la vigencia del estado de derecho, revelan que el modelo no supone un paso o precedente estable en la buena dirección. Estos desarrollos se vinculan parcialmente con las características del gobierno local y con la integración de su Consejo Legislativo (o Legco), que es una institución creada en 1844 durante el dominio británico, cuando algunos de los titulares eran elegidos por su gobernador y otros sujetos a votación.
Con la transferencia de la soberanía a la República Popular China, esta aceptó la división de poderes y se creó un Poder Ejecutivo liderado por un Jefe Ejecutivo (actualmente la Sra. Carrie Lam). Por debajo de ella, y con poderes limitados, existe un Consejo Legislativo cuya forma de elección se fue modificando para dar mayores márgenes de maniobra al poder continental. En la actualidad el Consejo está compuesto por 70 miembros elegidos cada 4 años, 35 de ellos por sufragio universal en cinco secciones geográficas (por unos 3 millones de votantes); 30 de los restantes por cuatro grupos funcionales de las fuerzas vivas comerciales, industriales, financieras, profesionales y culturales -integradas con pocos electores y con una influencia desproporcionada-, con excepción de cinco que se vinculan con el denominado Segundo Consejo del Distrito, que tiene cerca de 3,5 millones de votantes. Los restantes cinco miembros son elegidos por quienes no pueden votar junto al grupo anterior. También existe un poder judicial independiente, cuya estructura y bases legales están muy influidas por el derecho inglés.
La mayoría de los partidos políticos de Hong Kong forman parte de dos coaliciones: la primera de ellas es pro-democrática y su objetivo es mantener la autonomía de Hong Kong, para dar continuidad a su participación en el comercio global (ya que ello constituye una eficiente vía de acceso al enorme mercado chino), gozando de características jurídicas y normas comerciales similares a las occidentales. Esa corriente se halla integrada por los partidos tradicionales desarrollados en el período británico y otros creados como consecuencia del “Movimiento (o Revolución) de los Paraguas”, que se emplearon para defender la integridad de los ciudadanos contra el uso de los gases pimienta de la policía, cuyos efectivos detuvieron a centenares de manifestantes.
Entre septiembre y diciembre de 2014, la RAE se rebeló contra la decisión del Comité Permanente del Congreso Popular de China, mediante la que se trató de modificar el sistema electoral de Hong Kong para la elección del jefe del Ejecutivo.
La segunda coalición agrupa a los “leales”, que representan al estatus quo político existente y por quienes intentan limitar el proceso de democratización para mantener la simpatía al sistema del partido único, ahora dirigido por Xi Jinping. Lo integran la mayoría de los grupos funcionales y la actual jefa del Poder Ejecutivo, que tienen muy en cuenta los puntos de vista del Gobierno chino, cuyo objetivo incluye el control de los frecuentes desórdenes civiles, conducta que podría ser imitada por la población de China continental.
Pero la diferencia entre los actuales enfoques de protesta y los registrados en 2014, es que en ese momento existía un entendimiento entre la República Popular China y los Estados Unidos, situación que ya desapareció de tan complejo escenario. Hoy el teatro de la política se caracteriza por una guerra comercial de grandes proporciones y consecuencias, la pérdida de confianza recíproca de las grandes potencias y la multiplicación de los puntos de vista geopolíticos antagónicos de esa relación.
En virtud de tales cambios, los acontecimientos que brotaron en Hong Kong tienen una dimensión muy preocupante. Añaden un elemento más a las diferencias de criterio entre ambos países, pues Washington entiende que la erosión del principio “un país, dos sistemas” afecta sin remedio el estatus especial de Hong Kong en el sistema internacional.
