Por Maximiliano Campos Ríos ExDirector de Investigaciones del Instituto Nacional de Administración Pública (*)
En los últimos tiempos han proliferado un gran número de artículos, libros y publicaciones acerca de las transformaciones del Estado. Esta nueva mutación, devenida a veces en fascinación tecnológica, se da en el marco de lo que Oscar Oszlak advierte como el despliegue de la “era exponencial” a partir de la Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, muchas veces esta agenda es declamativa y genera dos posturas que a mi juicio son inútiles: Por un lado, lo que yo llamo los “tecnoevangelizadores” y, por el otro, los “tecnófobos”. Por ello, y para escapar de esta nueva grieta, es importante no perder de vista la agenda real de transformaciones que está encarando y que debe profundizar el Estado argentino y sus pares provinciales y municipales para adecuarse a los tiempos que corren y los que vienen.
¿Pero cómo llegamos hasta acá?
En los años '90 la discusión era sobre el tamaño del Estado. Se discutía cuánto y qué debía ser hecho por el mercado y cuánto por el Estado. Luego de eso, florecieron las discusiones acerca no ya del tamaño de Estado sino de su capacidad de hacer delivery de bienes y servicios de calidad. En ese marco, se trabajó mucho en relación a la “capacidad estatal”. La cuestión no pasaba entonces por si el Estado debía achicarse o agrandarse, sino por si el Estado podía o no podía. Paralelamente, se fueron dando discusiones acerca de la efectividad del Estado. En ese marco, racionalizar procesos y hacerlo con la mejor relación costo-prestación, fueron los estudios que dominaron a la disciplina durante años. Todos estos procesos derivaron en un conjunto de acciones, planes y proyectos que se fueron plasmando institucionalmente en los últimos 25 años, y que culminaron con la creación del Ministerio de Modernización por parte del presidente Mauiricio Macri y la firma del Decreto 434/2016, en el cual se sentaron las bases del “Plan Nacional de Modernización del Estado”.
Ese hito supuso la cristalización de un conjunto de iniciativas vinculadas con la infraestructura, los recursos humanos, los procesos y la modernización administrativa. Sin embargo, esa agenda debería ser complementada por una discusión prospectiva acerca de cómo nos imaginamos el futuro, y el fortalecimiento del andamiaje político-social, porque el Estado no sólo no puede hacerlo solo, sino que también debe hacerlo rápido, porque la dinámica exponencial tiende a condenar a la obsolescencia hasta los paradigmas más innovadores.
¿Por dónde debería ir la discusión acerca de la construcción de un Estado Inteligente?
Diseñar gabinetes y estructuras de gobierno coherentes, dinámicas y efectivas. El diseño organizacional no debería pasar por el mero hecho de contar ministerios. Hay que resolver superposiciones y áreas de vacancia pero, sobre todo, desarrollar estructuras ágiles y eficientes para el ciclo de las políticas públicas.
Despapelizar. Quizás uno los hitos más contundentes de los últimos años haya sido la adopción del GDE (Gestión Documental Electrónica) para todo el sistema de tramitación y de comunicaciones oficiales. En este punto sólo resta profundizar su despliegue en los tres niveles de gobierno y en los organismos aún no alcanzados.
Simplificar y racionalizar procesos. Este es uno de los puntos críticos en los que hubo avances, pero aún resta mucho por hacer. No sólo en los procesos intra-burocráticos, sino también en los inter-burocráticos. Muchos de ellos obsoletos y sostenidos por la inercia normativa y la cultura organizacional.
Gestión integral e inteligente del empleo público. Este es, sin lugar a dudas, el más difícil de los ítems, dado que implica discutir forma de ingreso, dotaciones, carrera, capacitación, evaluación de desempeño, incentivos, salarios y régimen disciplinario entre tantas cosas. Todo ello, en el marco paritario y de cara a la sociedad. El desafío en este punto, pasa por la consolidación en una base única (Base Integrada de Empleo Público o BIEP) y en el armado de una potente herramienta de gestión integral e inteligente.
Tramitación a distancia y servicios digitales. Los sistemas de tramitación a distancia, en donde se puedan gestionar servicios y/o prestaciones a través de plataformas o apps debiera ser el horizonte permanente. Asimismo, estos deben ser simples y fáciles de operar, desincentivando la existencia de intermediarios o gestores.
Producir, publicar e intercambiar datos. El Estado produce muchísimos datos, publica menos y recopila e intercambia pocos. El verdadero desafío de un “Estado Abierto” no es solamente ofrecer datos, sino intercambiar y colaborar con otros actores económicos y sociales para poder generar valor y ponerlos al alcance de todos.
Smartificación y robotización de la administración pública. Carles Ramió Matas define a la
smartificación como “proceso para lograr mayor inteligencia institucional para gobernar las complejas redes públicas y privadas con el objetivo final de aportar valor público a las actividades administrativas y atender proactivamente a las necesidades de la ciudadanía”.
Gobernanza de la economía de la información. El Estado está pensado para regular y cobrar impuestos para una economía tradicional. Por ello debe adaptarse para poder regular y convivir con las nuevas empresas de la economía de la información. Preguntas sobre cómo cobrarle impuestos a Netflix o Uber, cómo aplicar regulaciones laborales a Glovo o Rappi, o cómo aplicar una veda electoral a Facebook y Twitter son sólo pequeñas muestras de lo lejos que corre por detrás el Estado todas estas cuestiones.
Gobernanza de la participación ciudadana. La construcción de un Estado Inteligente tiene como premisa la participación ciudadana, dado que el algoritmo de la Inteligencia Artifical puede encontrar soluciones óptimas, pero no siempre justas y democráticas. Por ello, las instancias de consulta popular, compromisos de gobierno, o herramientas colaborativas son indispensables.
Prospectiva y adaptación. Quizás uno de los desafíos más difíciles de implementar sea desarrollar investigaciones sobre el futuro para mejorar la capacidad de adaptación del Estado, quien siempre está inmerso en un eterno presente.
En conclusión, el decálogo no pretende ser ni exhaustivo ni definitivo sino, más bien, un aporte para empezar a sistematizar las discusiones y los aportes para la construcción de un verdadero Estado inteligente.
(*) También es Profesor e Investigador de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
@Maxicamposrios
