Por Héctor Rubini USAL
Después de la cumbre del Mercosur en la ciudad de Santa Fe, el inicio de la presidencia pro tempore de Brasil parecería marcar una etapa en la que el Gobierno del país vecino tomaría de manera más explícita las iniciativas del bloque.
El enfoque hacia una mayor apertura comercial que promueve Jair Bolsonaro es la que logró imponerse, y ahora se espera una reducción del máximo del Arancel Externo Común (AEC) de 35% a 25%, la eliminación de excepciones (habitualmente conocidas como “perforaciones”) al AEC y la promoción de una rápida convergencia hacia un arancel promedio del bloque en torno del 6%. Actualmente el arancel promedio es del 14%.
Esto probablemente acelere la armonización de reglas de juego con la Unión Europea en el marco del acuerdo suscripto pocos días atrás, aun antes de su aprobación por parte de los parlamentos de ambos bloques. Una reforma al AEC en línea con la filosofía más libremercadista que impulsa fuertemente el Gobierno de Brasil forzaría, más temprano que tarde, a reducir el arancel de 35% que protege en el bloque a los sectores del calzado y la indumentaria y el arancel de 27% para el sector vitivinícola. De todas formas una reducción del arancel promedio forzaría una baja sustancial para sectores con alícuotas superiores al 14% como los productos químicos, chocolates, galletitas, productos químicos, gaseosas, quesos, durazno al natural y bebidas alcohólicas (aparte de vino).
El Gobierno de Brasil también impulsa otras dos iniciativas. Una de ellas, es la propuesta de acelerar la entrada en vigencia de acuerdos como el firmado con la Unión Europea, sin necesidad de la aprobación de todos los parlamentos de Mercosur y sus contrapartes. La opción que promueve Itamaraty es un proyecto de resolución que de lugar a la entrada en vigencia de facto (“provisoria”) de los acuerdos de libre comercio por parte de cualquier país miembro cuyo Parlamento lo haya aprobado, independientemente de lo que decidan los demás.
La otra resolución que promueve Brasil es que el bloque de Mercosur negocie nuevos acuerdos de libre comercio, pero permitiendo que sus miembros los aprueben y apliquen con esque mas diferentes en cuanto a las demoras de entrada en vigencia, aplicación de salvaguardas más o menos rigurosas, y respecto de los calendarios futuros para rebajas de aranceles y eventual eliminación de barreras no arancelarias.
Sin embargo, esto exige la previa derogación de la Resolución 32/00 que obliga a negociaciones en conjunto y de aplicación con criterio uniforme en el bloque. Y mientras no se derogue dicha resolución, la puesta en vigencia del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea exige la aprobación unánime de todos los parlamentos de ambos bloques.
En la mañana de ayer circuló a manera de trascendido que el gobierno de Brasil conduciría de manera rápida la dinámica de esta reforma comercial, y la punta de lanza sería el cambio de reglas de juego para el sector “núcleo” de la integración con Argentina: el automotriz.
El llamado sistema “flex” del comercio entre ambos países permite que por cada dólar de vehículo o autoparte exportada desde Argentina hacia Brasil, el país vecino exporte a la Argentina el equivalente a 1,5 dólares en autopartes o vehículos, libre de aranceles. Este acuerdo llega a su fin el año próximo, lo que abriría la puerta, junto a las otras dos reformas promovidas por Brasil, a la liberalización del comercio intra Mercosur y con la Unión Europea.
Esto echaría por tierra el pedido de junio pasado de los negociadores argentinos de prorrogar el acuerdo por otros tres años. Brasil tiene como prioridad mantener todo sin cambios hasta el final, y liberalizar el comercio para el sector automotriz a partir de julio del año que viene. El enfoque de la administración de Bolsonaro es el de cortar definitivamente con la prórroga a lo largo de varios años de un acuerdo que en definitiva, es de comercio regulado y no de librecomercio. Mientras tanto, y más allá del resultado de las elecciones presidenciales de nuestro país en este año, el gobierno brasileño está tratando de alcanzar un acuerdo automotriz con Paraguay.
Bien podría atribuirse este giro a la asunción en Brasil de un presidente con un equipo económico más afín a la libre empresa y al librecomercio que los gobiernos anteriores de las últimas tres décadas. Sin embargo, también eso es reflejo de la visión de los empresarios brasileños mismos. La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA) de Brasil tiene una postura a favor de un cambio de reglas de juego hacia una mayor apertura en el comercio de vehículos y autopartes, y ha manifestado su pleno apoyo al acuerdo con la Unión Europea y al calendario de reducción arancelaria por quince años hasta el comercio totalmente libre entre ambos bloques.
Ciertamente esto es inaceptable para las firmas de nuestro país. Pero también es cierto que si las autopartes de origen brasileño en un vehículo terminado en Argentina tienen una participación mucho mayor que las autopartes argentinas en un vehículo terminado en Brasil, hay un problema serio de competitividad y de falta de reformas estructurales del lado argentino y no del brasileño. Y esto forzará, más temprano que tarde, a encarar esta realidad sin preconceptos ideológicos o de otra índole por parte del próximo gobierno argentino, cualquiera sea el ganador de las próximas elecciones.
El acuerdo con la Unión Europea ya se firmó, y el Mercosur inicia una etapa de cambios irreversible. Y es Argentina la que ahora deberá adaptarse rápidamente, no sólo en cuestiones arancelarias y de armonización de normas-técnicas, sino de cambios, conflictivos, pero inevitables, en materia de normas laborales e impositivas, y también en cuanto a subsidios, acceso al crédito, y costos financieros y no financieros. Caso contrario, se asistirá a un futuro (y lamentable) proceso de quiebras, destrucción de vacantes laborales y emigración de empresas, trabajadores y profesionales argentinos hacia Brasil y otros países que ofrezcan mejores perspectivas.
