Por Francisco Eggers Profesor de Finanzas Públicas de la UNLP
El Ministerio de Hacienda informó que el sector público nacional no financiero tuvo un superávit primario (base caja) en los cinco primeros meses de 2019 equivalente al 2,3% de sus gastos aunque, por estacionalidad, este resultado desmejoraría en los próximos meses, se proyectaría para este año un déficit primario relativamente bajo.
Al mismo tiempo, se informó que el déficit financiero (al computar la parte del gasto no incluida en el resultado primario: los intereses de la deuda pública) fue equivalente, en el mismo período, a casi 14% del gasto.
A esta altura el lector no especialista estará confundido, ¿cuál resultado es el que importa a los efectos de evitar una crisis fiscal? ¿El primario o el financiero? Sabemos que las comunicaciones del Gobierno ponen el acento en el resultado primario y han contagiado a la mayor parte de los medios, donde se suelen encontrar análisis ?incluso técnicos? diciendo que se llegó al equilibrio fiscal.
Para ilustrar la respuesta a la pregunta, veamos cuál era la situación en los años previos a la última vez que el sector público no pudo pagar sus cuentas (fin del 2001).
¡El Gobierno nacional llegó a la insolvencia en 2001 luego de varios años de superávit primario! Más allá de que por esa época el déficit estaba subestimado por la “contabilidad creativa”, lo que los inversores miraban era la evolución de la deuda pública, que crecía continuamente, empujada por el déficit financiero.
En los últimos años el resultado primario ha mejorado sustancialmente, llegando a un superávit (partiendo de un déficit importante) en los cinco primeros meses de 2019, que permitiría proyectar un déficit primario anual reducido. Pero la deuda sigue aumentando, y se debe a la persistencia de un alto déficit financiero, cuya proporción, en relación con el gasto total, es similar a la que había en el 2001. Y, tanto en los años previos al default del 2001, como en los últimos años, se repite un patrón: el aumento del peso de los intereses, que equivalían a poco más del 5% del gasto en los 5 primeros meses de 2016 y, tres años más tarde, su peso se triplicó.
Este análisis los inversores financieros internacionales lo tienen muy claro. Actualmente, el financiamiento para el Gobierno viene del FMI, otros organismos multilaterales y el mercado local mientras que los acreedores privados están retirando su plata, ya que los pagos de los servicios de la deuda superan a las colocaciones nuevas. Eso mismo ocurrió en los últimos años de la Convertibilidad: los bancos internacionales emitían informes públicos diciendo que todo estaba bien con las finanzas públicas argentinas, y mientras tanto iban desarmando sus posiciones en la medida en que podían.
Esto no quiere decir que estemos condenados a repetir la misma historia. Sólo nos advierte que no compremos la idea de que el ajuste fiscal ya está hecho, que ahora sólo falta esperar que la economía “rebote” para que la crisis se vaya resolviendo sin mayores problemas. La deuda pública nacional sigue aumentando, hay un pulmotor del FMI cuya misión es cubrir el déficit en los 17 meses previos a las elecciones, pero la vida continúa luego de las elecciones. Y se puede proyectar que no será una vida fácil.
