Con el juicio oral por presunto direccionamiento de la obra pública santacruceña en marcha, Cristina Kirchner quiere viajar a Cuba para ver a su hija, Florencia, y pidió autorización para ello. El fiscal del caso, Diego Luciani, ayer se opuso a otorgarle la autorización.
La expresidenta pidió permiso para permanecer en Cuba entre el 2 y el 10 de julio y argumentó “motivos personales” para ese pedido. “Habiéndose dado inicio a la audiencia de debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, las razones invocadas para viajar ('motivos personales') no logran conmover aquella postura. Tampoco se advierte en la presentación analizada una variación de las circunstancias fácticas, o la existencia de nuevos motivos o razones adicionales que pudieren modificar tal opinión”, sostuvo el fiscal, que ya se había pronunciado en contra de autorizar a
Cristina en una oportunidad anterior y apeló a esa decisión para volver a oponerse. Cristina, a pesar de la opinión del fiscal, fue autorizada por el tribunal para viajar antes del inicio del juicio oral. “De otro plano, si bien las fechas seleccionadas, en principio, no habrán de superponerse con las audiencias -lo que se pondera de manera positiva-, lo cierto es que esta parte desconoce si, en virtud de los feriados decretados para los días 8 y 9 de julio, el tribunal alterará o no el cronograma de audiencias, tal como ocurre en algunas ocasiones en supuestos similares”, advirtió Luciani.
El juicio oral y público contra Cristina por acusaciones de corrupción ya tuvo cuatro audiencias, que se utilizaron para la lectura de la acusación. En tres de ellas, la senadora estuvo presente. Se ausentó en la tercera, porque acreditó una actividad en el Senado que se superponía con la audiencia.
*** Carrió y Bonadio, informados ***
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, informó a las dirigentes de la CC-ARI Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic y al juez Claudio Bonadio que están “querellados” en la investigación por supuesto espionaje ilegal en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio y en rebeldía el fiscal Carlos Stornelli. Ramos Padilla escribió en su resolución que los querellados tienen “derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes”.
