El primer dato político es que, desde comienzos de abril, el Gobierno tomó conciencia de que puede perder las elecciones y, el segundo, es que parece estar dispuesto a hacer cosas para evitarlo.
La aceleración inflacionaria profundizaba el deterioro de la imagen del Gobierno, que no solo mostraban las encuestas sino también los resultados de las elecciones provinciales. Más allá de su cuota local, los exámenes distritales mostraron a la “marca Cambiemos” con acciones a la baja.
Por lo tanto, el Gobierno no puede encarar la campaña electoral pidiendo el voto para mantener el rumbo, como suelen hacer los oficialismos en todo el mundo sino que tiene que generar expectativas favorables sobre un eventual segundo mandato. Dar señales de que será distinto y actuar desde ahora en consecuencia porque el balance del periodo 2015-2019 es pobre, y las expectativas hacia adelante tampoco son las mejores. El pasado ya no se puede cambiar mientras que el futuro, aún sí.
El oficialismo intenta dar respuesta a esta situación en dos planos: el económico y el político. Se descuenta que la batalla final se librará en el terreno de la economía porque allí está el mayor descontento. Los núcleos duros de apoyo al oficialismo y al kirchnerismo se mantienen, pero hay un sector social decisivo para determinar el resultado de las elecciones que se mueve en función de los resultados económicos.
Para ellos, lo único que el Gobierno tiene para ofrecerles es una baja de la tasa de inflación y, para eso, está dispuesto a introducir un poco de heterodoxia. En esa línea está la intervención en el mercado cambiario para moderar el precio del dólar, que influye en todos los demás; el congelamiento de algunas tarifas y el de una acotada lista de productos sensibles. Esas medidas, junto con la ortodoxia monetaria, deberían marcar una línea descendente de la tasa de inflación que sea perceptible ante de las primarias.
A la vez, la suba de los salarios convenidos en las paritarias podría mejorar los ingresos y así cerrar un círculo virtuoso en el que la mayor tranquilidad en la economía, y las consecuentes mejoras en las chances de ganar para el oficialismo, se alimenten mutuamente. Por el contrario, un mal resultado en las PASO de agosto haría muy difícil el manejo de la economía para el Gobierno.
Pero también la Casa Rosada quiere mostrar que está dispuesto a hacer cambios en el terreno político para generar expectativas en torno a un eventual segundo mandato. En esa línea, aparece promoviendo un acuerdo con otros sectores políticos en torno a una serie de puntos que quedarán excluidos de la competencia electoral porque todos se comprometerían a respetarlos en caso de llegar al gobierno. Pretende, así, cerrar uno de los flancos de crítica más escuchados: que Mauricio Macri y su entorno está acotado políticamente y no abre el juego a otros actores.
Este tipo de iniciativas no prosperarán en estos momentos. Nadie firma nada con un Gobierno al que quiere desplazar a tres meses de las elecciones. Por otro lado, la pretensión de calmar a los mercados sólo puede concretarse si está la firma de Cristina Kirchner, cosa que no va a ocurrir. Porque los mercados no están nerviosos por las acciones que pueda realizar el peronismo federal sino por la posibilidad de un triunfo de Cristina.
Los diez puntos, u otros que se elaboren, son declaraciones genéricas de buena voluntad, pero lo importante es el gesto político. Aunque todos lo rechacen o propongan prorrogar su tratamiento, el Gobierno habrá mostrado voluntad de hacer algo distinto e intentar quedarse con la bandera de ser el impulsor de los acuerdos.
También tiene otros caminos al alcance de la mano para mostrar amplitud. Uno de ellos es incrementar la participación de los radicales y, el otro, acordar con algunos referentes provinciales del peronismo. Pero nada será sencillo porque la primera alternativa generará tensión en el PRO y la segunda, en la UCR.
En cualquier caso, cabe esperar un Gobierno activo y que no tenga que arrepentirse luego de lo que no hizo cuando todavía estaba a tiempo.
