El juicio oral y público por la causa Vialidad, en el que Cristina Kirchner es la principal acusada y que tuvo la semana pasada su primera audiencia, se reanudará esta mañana, cuando en los Tribunales Federales de Comodoro Py se retome la lectura de la prueba recolectada en la investigación. La expresidenta fue autorizada a no estar presente por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, previa acreditación de que tiene actividades como senadora que se superponen con el juicio.
La foto de Cristina sentada en el banquillo de los acusados en su primer juicio oral y público por corrupción no se repetirá. El viernes, el TOF Nº 2, la autorizó a ausentarse. Lo hizo al expedirse sobre una presentación de Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, quien solicitó que se permita que su defendida “no comparezca a la próxima audiencia, así como tampoco a las que se desarrollen posteriormente con el mismo propósito (lectura de las acusaciones)”.
Cuando se interrumpió la audiencia pasada, se estaban enumerando las pruebas recolectadas. Se había llegado a la 213.
Beraldi fundamentó su pedido en tres razones: que Cristina “conoce acabadamente, por haberlos leído con anterioridad”, los requisitos de la elevación a juicio oral de la causa; que por ser senadora “debe cumplir tareas oficiales que pueden superponerse con el desarrollo de las audiencias”, y que cada visita de Cristina a Comodoro Py implica un “sumamente costoso” operativo de seguridad
Los jueces del tribunal a cargo del juicio por Vialidad (Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso) autorizaron a Cristina a no estar presente, como solicitó su abogado. Pero solo admitieron como válido el argumento de la posible superposición de tareas. La actual precandidata a vicepresidenta podrá ausentarse de las audiencias de lectura de requerimientos de partes acusadoras y auto de elevación a juicio oral “siempre y cuando acredite debidamente la superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate”.
El juicio se reanudará a partir de las 9.30. Cuando se interrumpió la audiencia de la semana pasada, por la decisión de establecer un cuarto intermedio tras más de tres horas de lectura del requerimiento de elevación a juicio oral formulado por la fiscalía, se estaban enumerando las pruebas recolectadas. La secretaría había llegado a la prueba número 213. El primer punto de esa lectura de las pruebas recolectadas fue la denuncia realizada por el exdirector de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, en 2016, que dio origen a la causa, y su declaración como testigo. El punto 213, el último leído, enumeraba la copia de una escritura de 1995 en la que constaba la constitución de Badial SA (una de las empresas de Lázaro Báez), con un acta de directorio que indicaba que Báez era el presidente de la sociedad, más un poder de esa empresa a favor de Fernando Butti (contador de Báez), y tres cheques del Banco Santa Cruz con la firma de Martín Báez (uno de los hijos de Lázaro), como apoderado.
En la primera audiencia del juicio, Cristina se sentó varias filas detrás de Julio De Vido y Báez, ambos detenidos por otras causas. La senadora escuchó parte de la acusación, en la que se especificó que su conducta “encuentra adecuación típica en los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en carácter de coautora”. Se la señala como responsable de haber direccionado las obras públicas santacruceñas mayormente hacia empresas de Báez, con sobreprecios que se complementaron con la falta de finalización de los trabajos encargados. Por su parte, en el juicio Cristina pidió apartar a un perito.
