Malvinas, la guerra que se habría podido evitar

7 de mayo, 2019

margaret thatcher malvinas

Por Atilio Molteni Embajador

 

“A la mañana siguiente…” dice la canción que popularizó la magnífica cantante y cineasta estadounidense Barbra Streissand, todos hacemos las preguntas correctas y las mejores propuestas. Claro que, al llegar la claridad de ese nuevo día, el ejercicio sólo sirve para lamentar los errores o seguir malversando una gelatinosa verdad. Con un poco de suerte en este asunto hay resto para armar una sólida red de inteligencia política a los efectos de no repetir actos torpes y de ignorancia criminal. Así se presentan las primeras semblanzas que vienen a la mente al leer el libro que acaba de publicar Grace Livingstone en el Reino Unido (“Gran Bretaña y las dictaduras de la Argentina y Chile, 1973-82”), una referencia esencial para confirmar, y conocer con mayor detalle, los enfoques de Londres hacia los dos países durante ese oscuro período histórico. Pero el texto no revoluciona el conocimiento existente. Sólo sirve para establecer un método de análisis para afirmar que la solución pacífica, profesional y negociada tenía entonces, y es altamente probable que siga teniendo, razonable viabilidad.

 

El hilo conductor nos sumerge en una profunda y sistemática investigación de los Archivos Nacionales Británicos que acaban de ser desbloqueados tras el período de reserva legal de treinta años que rige legalmente en ese país, un ejercicio escoltado por un gran número de entrevistas con políticos y exfuncionarios involucrados, o profundos conocedores de los hechos analizados. Es un sólido esfuerzo dirigido a explicar las distintas corrientes de decisión y opinión que estuvieron en pugna al diseñarse la política adoptada por el Reino Unido ante tal emergencia.

 

La autora destaca que, por razones de corte ideológico, los gobiernos del laborismo encabezados por Harold Wilson y James Callaghan (1974-1979) le impusieron a Chile una serie de medidas destinadas a enfriar las relaciones con el régimen del general Augusto Pinochet. Entre ellas, un embargo de armas, el programa destinado a favorecer a los refugiados de esa nación trasandina, la eliminación de los créditos a la exportación y el retiro del embajador británico destacado en Santiago, medidas que no siempre fueron bien recibidas por la Cancillería de ese país (el Foreign Office), cuyos funcionarios hicieron poco por ocultar su beneplácito por el derrocamiento del presidente Salvador Allende (el 11 de septiembre de 1973) y trataron de moderar desde dentro las acciones más radicales de su propio gobierno.

 

Pero tales políticas quedaron sin efecto en 1979, cuando llegó el gobierno conservador de la señora Margaret Thatcher, quien viró radicalmente el modelo en curso al ver la posibilidad de hacer negocios en el marco de las políticas económicas que estaba aplicando Chile, las proximidades ideológicas que se registraban entre ambos Estados en su condición de partes del Tratado Antártico de 1959 y los fraternales vínculos de las armadas de ambos naciones. Semejante cambio se manifestó sin tapujos a través de la cooperación militar y de inteligencia durante el conflicto Malvinas y, mucho más tarde, cuando Pinochet fue arrestado en Londres, en octubre de 1998, a pedido del juez español Baltasar Garzón, quien demandó su extradición, etapa en la que el Reino Unido posibilitó que estuviera un año y medio bajo arresto domiciliario, hasta que se admitió su regreso a Chile por razones de salud, período en el que, durante su gestión, Thatcher fue su más ardiente defensora al señalar la asistencia vital que el mencionado dictador diera al Gobierno británico a lo largo del conflicto bélico creado en las islas.

 

Según Livingstone, las políticas británicas de los líderes laboristas y conservadores con relación a la Junta Militar argentina (período 1976-1982) no exhibieron diferencias tan marcadas, pues éstos no impusieron embargos de armas ni sanciones económicas hasta la invasión de las islas del 2 de abril de 1982. En el caso de nuestro país, agrega, no se expresaron las razones ideológicas que fundaran la reacción ante el proceso chileno, pues el laborismo identificaba al Gobierno de María Estela Martínez de Perón con la existencia de corrientes fascistas de menor envergadura y peligrosidad. Además, tras el derrocamiento de la viuda de Perón, y no obstante los indicios crecientes de violaciones masivas de los derechos humanos, el Foreign Office se distinguió por alentar con gran energía el establecimiento de mayores vínculos comerciales (como lo demostró, en 1980, la visita a Londres del entonces ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz) y el Ministerio de Defensa británico no titubeó en impulsar, resueltamente, en su área, la venta de armamentos de importancia. Esta última decisión fue particularmente significativa, porque el Reino Unido había dispuesto, en 1979, específicas restricciones en el sentido opuesto, ya que entonces nadie ignoraba la latente controversia bilateral acerca de las islas Malvinas, que siempre estuvo en el centro de las relaciones bilaterales.

 

En el gestionar cotidiano, ambos gobiernos eran conscientes de que las negociaciones sobre soberanía se habían intensificado desde 1965, hecho que permitió arribar a la fórmula de la transferencia-arrendamiento, que fue aprobada tanto por los gobiernos laboristas como los conservadores (a pesar de las dudas de que se pudiera llegar a un acuerdo). Siquiera Thatcher logró concebir una alternativa más promisoria para resolver el diferendo con mayor ventaja para los intereses de su país.

 

El más entusiasta en trabajar sobre esa opción fue el ministro del Foreign Office, Nicholas Ridley (en 1980 y 1981), quien formaba parte del antedicho gobierno conservador. Los memoriosos saben que, en septiembre de 1980, en una reunión de Ridley con su equivalente argentino, el comodoro Carlos Cavándoli, en Coppet, Suiza, se redactó un documento informal que establecía la transferencia de soberanía sobre las islas Malvinas y su zona marítima a la Argentina, mientras seguía en funciones la administración Británica, con miras a garantizar a los isleños, y sus descendientes, el goce ininterrumpido de su forma de vida conforme a las instituciones, leyes y costumbres inglesas, lo que tendría lugar en forma simultánea con un arrendamiento territorial al Reino Unido por un período de 99 años, plazo sujeto a revisión. En tal contexto, las banderas de los dos países habrían de flamear conjuntamente en los edificios públicos, mientras el Gobierno británico quedaba representado por un gobernador y el argentino por un comisionado general.

 

Sin embargo, Livingstone reconoce que, a la hora de las grandes decisiones, la opción de negociar fue otra vez abandonada, esa vez por el enfoque del Parlamento y por la dirigencia británica el 2 de diciembre de 1980 cuando Ridley presentó su informe a dicho cuerpo legislativo. Ese rechazo se originó, fundamentalmente, en razones de política interna debido el reconocimiento británico de un derecho de veto que se asigna a los isleños, a los que cuestionaron una solución diplomática y pidieron el congelamiento de toda negociación, sin que los intereses económicos de las empresas británicas de hacer negocios con y en la Argentina pudieran contrabalancear esta situación. Así se frustró esta oportunidad de llegar a un arreglo, en el cual además se habría tenido en cuenta el alcance de los intereses de las compañías petroleras británicas de explotar yacimientos ubicados alrededor de las islas, cuando ya avanzaba la negociación del proyecto global de la Convención de Derecho del Mar.

 

El gobierno británico habría considerado también su proyección y su acceso a la Antártida, pero sin atribuirles gran valor estratégico en el Atlántico Sur, a pesar de la visible mayor presencia soviética.

 

La autora también destaca que, a través de los años, y debido a la falta de progreso en las negociaciones, el gobierno británico tuvo en cuenta desde los años, 70 la posibilidad de que tuviera lugar una acción militar argentina sobre las islas. Ante semejante alternativa optó por continuar dialogando. Lo hizo, en gran parte, porque no era posible defender las islas sin que mediara una operación militar de envergadura o, por lo menos, una que obligase a constituir una “Fortress Falkand”, es decir convertir a las islas en una fortaleza militar.

 

Tan compleja opción habría demandado, además de gigantescas inversiones, el fomento sistemático del desarrollo económico de las islas, un perfil explícitamente aconsejado por “el Informe Shackleton”, una criatura del científico británico hecha a pedido de Londres. Para Livingstone, el costo financiero de tales iniciativas, hizo que las propuestas resultaran indeseables para las autoridades británicas.

 

La autora del trabajo llegó a la conclusión de que los ministros de Thatcher no tuvieron en cuenta el riesgo que implicaba ganar tiempo en este proceso sin definir una política alternativa en las negociaciones con Argentina, cuyos circunstanciales líderes mostraron una creciente y tangible impaciencia ante la noción de preservar el estatus quo sin incurrir en grandes gastos. No obstante palpar la alternativa del enfrentamiento bélico, y su compulsión por vender armas a nuestro país, Livingstone concluye su ponderación alegando la idea contrafáctica de que el conflicto de las Islas Malvinas se pudo haber evitado.

 

Dejá un comentario