Los trabajadores de plataformas digitales representan al 1% de los ocupados a escala nacional, es decir, más de 160 mil usuarios registrados que obtienen ingresos en Argentina. Así lo revela un nuevo estudio de CIPPEC, BID Lab y la OIT.
Esa cifra engloba realidades muy diferentes de productos y servicios, que van desde la persona que transporta pasajeros en su vehículo hasta quien diseña piezas gráficas en su hogar o la persona que pone en alquiler temporario una habitación en su departamento.
“Economía de plataformas y empleo. Cómo es trabajar para una app en Argentina”, es un trabajo elaborado por CIPPEC, BID Lab, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca generar evidencia y recomendar políticas públicas para aprovechar las oportunidades y mitigar los efectos no deseados de la economía de plataformas en el mercado laboral. Sus autores son Javier Madariaga, César Buenadicha, Erika Molina, y Christoph Ernst.
Según la investigación, que realizó una encuesta entre más de 600 trabajadores de las doce principales plataformas que operan en Argentina, solo la mitad realiza aportes previsionales. El 85% dice estar satisfecho con este tipo de ocupación, y solo 2 de cada 10 encuestados dijo que su motivación principal para trabajar en una plataforma fue la dificultad para conseguir otro tipo de empleo.
El estudio también revela que casi cuatro de cada cinco trabajadores de plataformas digitales son hombres, con una edad promedio de 38 años. En cuanto al nivel educativo, si bien varía según la plataforma, estos trabajadores tienden a ser más educados que la población ocupada general.
Para quienes se desempeñan en este sector, el nivel de ingresos difiere según el servicio prestado y la plataforma. Incluso, dentro de una misma plataforma, hay fuertes diferencias, ya que el tiempo dedicado y la cantidad de trabajos aceptados varían. Sin embargo, para la mayoría de las personas encuestadas (60%), la plataforma es su principal fuente de ingresos y es determinante para sostener sus gastos habituales.
Casi todas las plataformas que operan en el país cobran comisiones a los trabajadores, pero solo algunas les exigen ser autónomos. Algunas de estas plataformas también ejercen un alto control: determinan el precio del servicio e intermedian en el cobro, supervisan y evalúan el desempeño de los trabajadores o establecen obligatoriedad para aceptar trabajos.
“Las plataformas están transformando las relaciones laborales: el contrato laboral tradicional se reduce a los términos y condiciones establecidos por las plataformas y la organización y supervisión del trabajo quedan en manos de algoritmos”, explica Christoph Ernst, especialista en Empleo y Desarrollo Productivo de la OIT Argentina.
Según el estudio, la economía de plataformas digitales presenta ventajas: democratiza la generación de ingresos; flexibiliza cómo y cuándo generar esos ingresos; y facilita el acceso al trabajo. Sin embargo, también conlleva desafíos para sus trabajadores: más inseguridad y volatilidad laboral y menos acumulación de capacidades. “Llevada al extremo, puede desembocar en una élite vinculada al desarrollo tecnológico y trabajadores poco calificados con salarios bajos y derechos laborales limitados”, advierte.
“Las plataformas desafían el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores. Frente a este fenómeno de incipiente aparición y crecimiento exponencial, es necesario generar un diálogo multisectorial que alimente un proceso de adaptación del marco regulatorio para tomar en cuenta la evolución de las formas de trabajar y obtener ingresos, y garantizar que la regulación proteja a los trabajadores”, planteó Erika Molina, especialista de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por otra parte, Javier Madariaga, coordinador del Programa de Ciudades de CIPPEC, sostuvo: “Las soluciones regulatorias deben contemplar las particularidades de cada plataforma y la velocidad del cambio tecnológico y de los modelos de negocio”.
“Frente a la disrupción tecnológica, necesitamos un nuevo contrato social que garantice un piso de derechos laborales y protección social para todas las personas que trabajan”, concluyeron los autores.
