Cristina Kirchner comenzará a ser juzgada por corrupción el martes, como estaba previsto originalmente. Así quedó confirmado por la Corte Suprema, que difundió un comunicado en el que justificó su solicitud del expediente Vialidad y remarcó que el juicio comenzará en la fecha estipulada porque realizará copias de la causa y la devolverá en tiempo y forma. Además, el Máximo Tribunal negó que haya querido postergar el arranque y buscó bajarles el precio a sus internas.
La noticia de que el juicio comenzará el martes, a las 12, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2, se conoció ayer por la mañana mediante de un comunicado de la Corte que se difundió a través del Centro de Información Judicial (CIJ). En ese comunicado, de diez puntos, el Máximo Tribunal confirmó el inicio del proceso contra Cristina. Lo explicitó en el punto 7 del comunicado, en el que remarcó: “Que el pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del tribunal oral en ese sentido. La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”.
“El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, resaltó el Máximo Tribunal.
La Corte buscó quitarle peso a su decisión de pedir, hace tres días, el expediente Vialidad. “Esta medida es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades”, remarcó el tribunal en el quinto punto de su comunicado. En esta causa, Cristina está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta, a partir del presunto direccionamiento de la obra pública santacruceña hacia Lázaro Báez. Los trabajos se habrían realizado con sobreprecios y se investigaron 52 contratos de obra pública por un valor actualizado de $ 46 mil millones.
Los últimos tres items del comunicado están dedicados también a justificar el proceder cortesano, que sacudió la agenda judicial y política. “En el contexto actual de las causas mencionadas, podrán satisfacerse simultáneamente, por un lado, la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen y, por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”, se resaltó.
El tribunal sostuvo que, con la solicitud del expediente y el análisis de los recursos pedidos por las partes acusadas, “se evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que, por no haber ejercido un control oportuno, los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad”.
“La Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme lo disponen la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia”, se argumentó en el comunicado.
El Máximo Tribunal repasó los escalones que siguió hasta llegar al pedido del expediente de modo “urgente”. Detalló que en la causa contra Cristina hay ocho recursos de las partes, que están en trámite. Entonces, “el paso jurídicamente correcto fue solicitar los incidentes de la Cámara Federal de Casación Penal al tribunal oral federal interviniente, que fueron recibidos por el tribunal (por la Corte) en fecha 17 de abril de 2019”.
Tras leer esos legajos, subrayó la Corte en el comunicado, “no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes”. Por esa razón, “se solicitó con carácter de urgente el expediente principal al tribunal oral”.
La Corte negó una interna entre sus miembros al momento de pedir el expediente. “Esa decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial”, señaló el tribunal en el comunicado. Con ese párrafo, buscó desmentir que la polémica decisión se haya tomado con los votos afirmativos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y la disidencia del presidente, Carlos Rosenkrantz, en una nueva edición del enfrentamiento entre el titular del tribunal y la mayoría que votó en varios fallos contra los intereses del Gobierno.
