Por Néstor Leone
En julio de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner estaba en su peor momento. Acababa de perder las elecciones legislativas de medio término, con Néstor Kirchner como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, frente al empresario Francisco de Narváez. Y la crisis, espiralada, parecía retroalimentarse, casi sin interrupción, desde la derrota política, un año antes, a manos de las corporaciones del complejo agroexportador. En pocos meses, el kirchnerismo había resignado el amplio y heterogéneo arco de simpatías construidas desde la salida de la crisis de 2001-2002 y se había quedado reducido a adhesiones más consustanciadas, pero circunscriptas a esa minoría intensa. Y solo a ella.
Ante esa situación de debilidad extrema, los Kirchner intentaron salir airosos con decisiones de alta audacia, inventiva y creatividad políticas. Entre ellas, la convocatoria a un diálogo político amplio que tenía como objetivo reformar algunas reglar del juego electoral para adaptarla a los cambios del nuevo mapa político. La intención era sentar a una misma mesa a representantes de toda la oposición con representación parlamentaria como forma de atemperar los ánimos y, más allá del objetivo específico, generar condiciones para la construcción de cierta normalidad política.
El llamado fue eficaz y allí se sentaron dirigentes del entonces frente Unión-PRO (el propio De Narváez, victorioso, pero también la actual vicepresidenta Gabriela Michetti), otros del panradicalismo (desde Margarita Stolbizer a Gerardo Morales) y del peronismo disidente (Carlos Reutemann a la cabeza). Sin que prosperase por mucho tiempo. Un mes más tarde, el diálogo se interrumpió por discrepancia en las formas y en los contenidos. De todos modos, fue el impulso para que se discutiera y se aprobara en el Congreso el actual esquema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
El gobierno de Cristina ganaría tiempo, desconcertaría a la oposición y recuperaría la iniciativa, como condiciones necesarias para una posterior recuperación (en todos los frentes), que terminaría en su reelección holgada en 2011. Mientras que las PASO, entonces cuestionadas, se convertirían en el instrumento ordenador para que aquella oposición fragmentada diera forma a Cambiemos, cuatro años más tarde.
La convocatoria del gobierno de Mauricio Macri, en estos días, tiene algunos puntos en común y otros discordantes con aquella. El punto de partida, entre los primeros. La situación de debilidad es manifiesta. Retroalimentada, creciente. El Gobierno no viene de una derrota electoral, pero teme por ella. Mientras que la crisis económica amenaza con erosionar las pocas certezas que la Casa Rosada tiene para encarar la campaña. En ese sentido, sentar a los principales referentes de la oposición a una misma mesa le serviría para actuar o sobreactuar apertura, pero también control de la agenda y de los tiempos. Entonces, muchos dirigentes se arrepintieron de haber participado. Hoy la mayoría es reacia.
La necesidad, en este contexto de mayor vulnerabilidad, tiene cara de hereje. A pesar de que el Gobierno fue propenso a los acuerdos parlamentarios con algunos sectores de la oposición moderada en su condición de fuerza sin mayorías propias, desdeñó de los acuerdos interpartidarios cuando algún dirigente opositor lo propuso. En este contexto los necesita, crea o no en ellos. ¿Logrará que sea condición necesaria para una recuperación posible?
