Eentrevista a Pedro Inchauspe Secretario de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción
Pedro Inchauspe, secretario de Simplificación Productiva, asegura que no bien asumió el Gobierno de Mauricio Macri, uno de los principales reclamos de las empresas, sobre todo de las pymes, era la dificultad que tenían para relacionarse con el Estado. Esto significaba una infinidad de trámites para poder operar en todos los niveles, desde habilitar un negocio, pagar un impuesto, recibir un reintegro, generar financiamiento o exportar o importar un producto. En los primeros años avanzaron de forma más orgánica y a principio de 2018 institucionalizaron ese trabajo con la creación de la Secretaría que tiene a su cargo. Inchauspe le cuenta a El Economista por qué la simplificación aumenta la competitividad de las pPymes y cuales son los puntos más polémicos a la hora de desarmar la cultura burocrática.
¿Qué respuesta reciben de los empresarios pyme frente a estos procesos de simplificación?
Son muy valorados. Nunca nadie pensó en el empresario. En cada uno de los trámites que tiene que hacer. Esto genera de por sí una pérdida de tiempo, un aumento de costos y una falta de previsibilidad. Además, se suma un costo que no se mide fácil y es el costo de oportunidad, con inversiones retrasadas. Todo esto genera un desánimo al final del día. No es lo mismo para una empresa que la máquina le llegue en tres meses a que lo haga en dos años o que un beneficio o un reintegro acelere su llegada.
¿Cuál fue la mayor dificultad que debieron asumir?
Es muy difícil desarmar la burocracia, mecanismos que están “normalizados”. Nosotros lo que estamos queriendo hacer es cambiar la política regulatoria, cambiar el rol del Estado en su relación con el sector privado. Tiene que ver con un Estado que está al servicio del sector productivo, un Estado facilitador más que regulador. Nosotros tenemos un modelo regulador que te pide millones de papeles antes de entregar un permiso. El 80% de las habilitaciones comerciales en Argentina son provisorias. Y esto es así porque el modelo está basado en la desconfianza, en la patología del fraude. Y al final del día miramos papeles y los organismos se alejan de la realidad. El modelo debe ser otro. El Estado debería decir cuales son las normas que hay que cumplir, el empresario debería hacerse cargo de cumplirlas, de asumir la responsabilidad de hacerlo y luego sí está la tarea de fiscalizar que así sea.
Queremos cambiar la política regulatoria, cambiar el rol del Estado en su relación con el sector privado: tiene que ver con un Estado que está al servicio del sector productivo y un Estado facilitador más que regulador.
¿Y en la práctica cómo se desarma esa burocracia?
El mejor trámite es el que no se hace. Pero es un proceso muy complejo y hay que avanzar renglón por renglón. Generalmente cada una de esas intervenciones está respaldada por una resolución, un decreto, una disposición, una norma o una Ley que hay que cambiar. Esto nunca pasó en el Estado y nosotros lo estamos haciendo, con una integración en los diferentes niveles de Gobierno.
¿La tecnología facilita el proceso?
Claramente, la tecnología nos permitió dar el gran salto. La digitalización del Gobierno nacional es la base de todo esto .Y lo más importante es que la digitalización federaliza la simplificación porque hoy las pymes de las provincias pueden, desde cualquier computadora y en cualquier lugar, gestionar sus trámites.
¿Cuál cree que es uno de los proyectos más importantes que implementaron en el último tiempo?
Son muchos, pero creo que entre los proyectos más importantes para las pymes figura el de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE). En Argentina había más de 300 intervenciones de terceros organismos para exportar. Para que te des una idea, en Chile y Uruguay existen alrededor de 50. Este sinfín de intervenciones de terceros organismos cada uno con sus reglas y con sus tiempos hacía que el empresario debiera golpear 300 puertas para colocar sus productos en el exterior. Tan ridículo como que el Estado en algunos casos te pedía el certificado de un organismo que decía que la empresa no tenía que ir a ese organismo.
¿Qué reclamos son los más recurrentes y que todavía están pendientes?
Hay un reclamo fuerte para mejorar la relación con la Aduana que es el organismo que hace el punto de contacto al inicio y al final del proceso de comercio exterior. Actualmente trabajamos con un comité en la reforma del código aduanero, porque el marco institucional es viejo y muchos requisitos no se corresponden, por ejemplo, con las tecnologías actuales. Hay también un gran desafío con el Sistema Nacional de Alimentos, un trabajo en el que ya hemos avanzado y en el que tenemos que terminar de estandarizar requisitos a nivel nacional, provincial y municipal. Hay un costo logístico que suma 30% más al sistema de alimentos por cuestiones burocráticas.
Dada las dificultades actuales de las Pymes para financiarse, ¿qué importancia toma la factura electrónica de crédito?
Yo creo que es una de las políticas públicas de financiamiento más importantes de Argentina de los últimos años. Convierte crédito comercial en financiero y esto cambia completamente las reglas de juego. Rompe muchos paradigmas y es complejo porque tiene que ver con la relación de las pymes y las grandes empresas. El factoring hoy mueve el 0,3 punto del PIB en Argentina. En Chile alcanza los 10 puntos y en Brasil, 1,6. Esperamos que la factura electrónica de crédito crezca en Argentina hasta 20 veces y llegue a mover 5 puntos del PIB.
Este no es un instrumento nuevo y tiene experiencias de fracaso. ¿Qué cambia ahora para pensar que va a tener éxito?
Sí, esto ya fracasó dos veces en la Argentina y por eso lo diseñamos y lo estamos implementando de tal forma que funcione. La clave está en que la factura electrónica de crédito es obligatoria en la norma y en el sistema, porque está basado en el sistema de facturación de la AFIP. Esto quiere decir que primero cambiamos el sistema de facturación de AFIP para que de forma automatizada se convierta en un título ejecutivo. Esto descarta cualquier tentación a una práctica desleal .La norma es más fácil de incumplir. El sistema es mucho más difícil de incumplir. Además, la factura tiene una fecha de pago desde el minuto cero, que es un reclamo histórico de las pymes.
¿Cómo están manejando la implementación?
Lo más importante de la implementación es que las empresas, tanto las grandes como las chicas adapten sus sistemas de facturación para poder administrar este tipo de facturas. Son desarrollos tecnológicos que llevan por lo menos tres meses. Ambas partes deben estar preparadas para administrarlas. Por eso la implementación debe ser gradual.
Las pymes se quejan de que el monto mínimo de la factura de crédito es muy alto: $6 millones...
El monto es alto por esta lógica de la implementación gradual. Todos querían parar la implementación porque no estaban preparados los sistemas. Pero nuestra prioridad fue que nazca primero la factura de crédito con ciertos montos elevados y en ciertos sectores como el automotriz, los bancos, las compañías de seguros y los servicios para arrancar con el aprendizaje. Y después desarrollar el proyecto a pleno, disminuyendo los montos y ampliando los sectores cuando los sistemas ya estuviesen listos. Desde marzo ya se generaron alrededor de 500 facturas de crédito.
¿Cuándo piensan que va a funcionar a pleno?
De ahora a fin de año vamos a tener toda la economía adentro. Arrancamos con $9 millones, lo pasamos a $6 millones y la idea es hacer la progresión en los próximos meses a $2 millones, $1 millón y finalmente a fin de año llegar a una factura mínima de $100.000.
¿Qué nuevos proyectos de simplificación podremos ver en los próximos meses?
Actualmente estamos terminando un trabajo de dos años con la Federación de Ciencias Económicas en lo que se refiere a la Central Federal de Información Financiera, lo que históricamente se llamó Central de Balances. Lo primero que hicimos es el marco normativo y los sistemas para poder compartir el balance desde la AFIP y que este sea válido para el Banco Central y para el Estado. Estamos trabajando ahora para formalizarlo y que la presentación sea obligatoria. Otro es el de estandarizar un único plan de cuentas a nivel nacional de 6.300 líneas que tiene un nivel de apertura de acuerdo al tamaño de empresa. Esto ayuda para estandarizar la información, mejorar ese análisis de la información y montar modelos predictivos. Esperamos implementar un sistema similar con el sistema impositivo... que tiene 66.000 normas que lo regulan. Y este es el desafío del federalismo, porque hay que trabajar con todas las provincias.
