Falta una Ley de Software, pero para toda la economía

17 de mayo, 2019

Falta una Ley de Software, pero para toda la economía

Por Antonio A. Fratamico  Responsable de Políticas Públicas de Republicanos

 

El 18 de agosto de 2004 se sancionó la Ley de Promoción de la Industria del Software (N° 25.922). En su artículo cuarto, la ley establecía todas las actividades que se comprenden en ella, centrándose en la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica asociada. En el capítulo dos de la ley, se enumeraban los beneficios fiscales que se le otorgarán a estas industrias, que a grandes rasgos son: estabilidad fiscal (imposibilidad de aumento de impuestos) en lo referente a los nacionales, posibilidad de obtener crédito fiscal por hasta 70% de sus contribuciones patronales, y utilización de este crédito para cancelar impuestos nacionales, desgravación del 60% del total del impuesto a las ganancias y libertad para importar insumos. Además, la ley creó un Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software que, si bien su funcionamiento ha dejado que desear, pretende instaurar una cultura nacional de promoción de esa rama industrial.

 

La ley establecía que estos beneficios tendrían una duración de 10 años, es decir, los mismos vencían en 2014. Luego la ley fue prorrogada, y el 31 de diciembre de 2019 vence la prórroga, dejando a toda la industria del software en una carrera a contrarreloj para que se mantenga esta ley, o se amplíe la misma (incorporando nuevas industrias y/o beneficios), ya que de dejar vencer la ley vigente, todos los beneficios fiscales se caerían.

 

Los beneficios

 

Debido a la ley, se ha dado promoción a una industria que hoy coloca a Argentina como primera (sí, primera) en habilidades de tecnología, según el Global Skills Index 2019 de Coursera, una plataforma global de educación online, que realiza un reporte anual sobre las habilidades de los Recursos Humanos en las tendencias tecnológicas y de negocios, basado en la gente que se capacita con ellos. Asimismo, y yendo a los números, entre 2006 y el 2015 se han creado más de 1.500 empresas del sector software y servicios informáticos. Hacia 2017, la totalidad de la industria generó ingresos por exportaciones por U$S 1.699 millones, y creó empleos a una tasa anual del 4%

 

La medida tomada el año pasado (2018), que instauró retenciones a las exportaciones ($4 por cada dólar exportado) de ese rubro de industrias, es una medida que impactó negativamente las inversiones del rubro. Pero el detalle a destacar es que estas retenciones solo serían aplicadas (teóricamente) hasta 2020.

 

Las perspectivas

 

Este año, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Economía del Conocimiento, que ya tiene media sanción. El mismo establece que habrá (nuevamente) estabilidad fiscal, definiéndola de manera que “la estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos, como así también a los derechos o aranceles a la importación y exportación”. Asimismo, las empresas que se incluyen dentro de la ley tendrán una rebaja muy considerable en los aportes patronales, ya que comenzarán a realizar aportes a partir de los $45.000 de sueldo de un trabajador, por lo que generaría un alivio económico muy importante para las empresas. De la misma manera, el Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades será del 15% y 13% si se reparten dividendos, pudiéndose tomar a cuenta de ganancias los impuestos que se retienen en los países que se exporta, si se da que se exporta a un país sin convenio de doble imposición. Todos estos beneficios tienen como objetivo que las utilidades de las empresas puedan ser reinvertidas, para generar más innovación y más trabajo.

 

Así como se establecen mejores beneficios fiscales que la anterior Ley de Promoción de la Industria del Software, también se amplía la variedad de empresas que pueden ser incluidas dentro de lo que es “Economía del Conocimiento”. Así, se incluyen los siguientes.

 

1. Software y servicios informáticos y digitales

2. Producción y postproducción audiovisual

3. Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis

4. Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones

5. Servicios profesionales, únicamente en la medida que sean de exportación

6. Nanotecnología y nanociencia

7. Industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales

8. Fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones, procesos digitales y de automatización en la producción, tales como inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual, simulación considerándose en tales casos exclusivamente asociado a la industria 4.0

9. Ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental

 

Las actividades 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 no estaban mencionadas en la ley anterior y es notable la ampliación a industrias que, en definitiva, son las industrias del futuro, que tienen una importante capacidad de generar empleo, que demandan personal muy calificado y, por lo tanto, que ofrecen salarios muy por encima del promedio argentino.

 

Dicho esto, es posible ver cómo, en esta ocasión, el Gobierno tuvo la capacidad de ver un problema, analizarlo de la manera correcta (más allá de las retenciones a las exportaciones actuales a este rubro de industrias) y, tras haber identificado bien un problema, poder realizar un buen diagnóstico y ofrecer una solución correcta para ello.

 

Si bien algunas opiniones indican que esta nueva ley podría generarle al Estado un “costo” de $10.000 millones -por el dinero que deja de recaudar al establecer los beneficios fiscales mencionados- es importante destacar que se debe analizar esta ley desde una perspectiva más amplia, que incluya la generación de puestos de trabajo en blanco por el que muchas personas ingresarán al mercado formal, poseerán cuentas bancarias, se incrementará el consumo de bienes y servicios, y eso redundará en beneficios para toda la economía. Es claro que con estas ramas industriales no se empleará a toda la sociedad, pero debe tenerse en cuenta todo lo que generará a su alrededor, por lo cual los beneficios fiscales llegarán en el mediano plazo, con un ensanchamiento de la base imponible (más personas y empresas tributando) y con el consumo derivado de esas personas y empresas. Como agregado, y en palabras del secretario de Emprendendores y Pymes, Mariano Mayer, “el objetivo es duplicar las exportaciones de la actividad en los próximos 10 años para saltar de los US$ 6.000 millones actuales a U$S 15.000 millones y generar más de 200.000 puestos de trabajo”.

 

¿Por qué solo para unos?

 

Ahora bien, la pregunta a realizarse ahora es por qué beneficiar a un sector industrial, y no a todos. Si la baja de impuestos facilita que se instalen empresas, exporten productos y servicios y, con ello, se genere empleo, ¿por qué no se aplica el mismo criterio con todas las ramas industriales? Es sabido que quienes generan la riqueza, son los privados, vendiendo productos y servicios y satisfaciendo las demandas de la sociedad y, mediante esta venta, generando empleo. Si está probado que el mundo funciona así, ¿por qué beneficiamos solo a algunos rubros industriales y no a todos? ¿Por qué se diseña una ley para determinados rubros empresarios, y no se toma a todo el espectro laboral y productivo argentino por igual?

 

El trato desigual a los sujetos de derechos genera beneficios para unos y costos para otros. Si Argentina pretende crecer, y habiendo probado que las bajas impositivas generan empleo, debe realizar una reducción de impuestos general, y dejar de tratar de manera diferenciada a las personas o empresas según su rubro de trabajo. Todas las compañías son iguales, sin importar su rubro. Todas pretenden ganar dinero y, para ello, producir servicios o productos de calidad que requieren de mano de obra que, al fin y al cabo, son personas. Y todas las personas son iguales. Todos quieren ganar cada vez más dinero para vivir cada día un poco mejor.

Si el país pretende iniciar una senda de crecimiento, se debe abandonar la desigualdad de trato ante la ley, y realizar una baja drástica de la presión impositiva. Es la única manera por la cual se generará empleo y se producirá riqueza.

 

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