Por Jorge Paz
¿Vivimos las argentinas y los argentinos como nos merecemos? ¿Con qué nivel de confort lo hacemos? ¿Van nuestras hijas e hijos a la escuela? ¿Qué nivel educativo impera en nuestros hogares? Para responder este tipo de interrogantes, recientemente el Indec dio a conocer los datos de los indicadores de condiciones de vida de la población que vive en las ciudades cubiertas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). En realidad, estos datos importan porque sabemos que hay una gran desigualdad en la distribución del bienestar en la población, una característica propia de América Latina, y de la cual Argentina no se distingue del resto de países de la región.
Las cifras del Indec nos permitieron saber que el 9% de la población habita viviendas cuyos materiales son de calidad “insuficiente” según los estándares actuales, que el 11% no tiene acceso al agua de red, que 50% no tiene acceso a algún servicio de red (agua, cloaca o gas) y que 48% vive en hogares con un clima educativo bajo. Dado lo que podemos hacer con esta información, la data proporcionada por el Indec no es algo menor.
Una pregunta que surge espontáneamente al mirar estas cifras es la manera en que evolucionaron en el tiempo. Es decir, las condiciones de vida ¿mejoraron, empeoraron o permanecieron sin cambios? La percepción popular siempre tiende a ver el pasado con mejores ojos que el presente (“todo tiempo pasado fue mejor”), siendo el rol de este tipo de información poner a prueba nuestras creencias.
Antes que nada, es necesario tener en cuenta que los indicadores de condiciones de vida son de condiciones económicas y sociales que suelen denominarse “estructurales”, para diferenciarlas de aquellas ligadas a los avatares del ciclo económico. Lo de “estructural” quiere significar que los cambios en las condiciones que ellos pretenden reflejar se producen en períodos más prolongados que las otras, las de coyuntura. Sólo para dar un ejemplo, es poco probable que un episodio de desempleo de una persona provoque falta de acceso al agua potable a los miembros de su hogar. Puede suceder, pero es poco probable. Tal vez algún episodio coyuntural que se prolongue (un desempleo de larga duración, por ejemplo) termine impactando en un deterioro de las condiciones de vida, pero para que eso ocurra es necesario que el tiempo pase.
Lo antedicho implica que estos indicadores no suelen ser los adecuados para evaluar gestiones de gobiernos en períodos cortos (un año, por ejemplo). Llevar redes cloacales o de agua a barrios populosos de una ciudad son inversiones que requieren muchos recursos, entre los que se cuenta el tiempo.
Hechas estas aclaraciones miraremos lo ocurrido en el país con ciertos indicadores estructurales en el período 2016-2018, que se inicia con el restablecimiento de las estadísticas públicas y que culmina con los últimos datos oficiales del segundo semestre de 2018. Lo primero es que, en general, no se observan cambios en las condiciones de vida. Los indicadores de calidad de la vivienda, de saneamiento, de acceso al agua potable y de cobertura médica han permanecido estables o han registrados bajas tenues, muchas de ellas no significativas.
Hay buenas noticias
Los indicadores educativos sin embargo traen novedades positivas. Se aprecian marcados avances en diversos aspectos de esta importante dimensión de la vida de las sociedades. Así, aumentó mucho la asistencia escolar de niñas y niños de 4 años, y también, aunque en menor medida, la del
grupo de 15-17 años.
Estos avances están sin duda asociados a la ley promulgada por el Gobierno Nacional en enero de 2015, que establece la obligatoriedad de la sala de cuatro años y convierte en universal la sala de tres para niños de todo el país desde el ciclo lectivo 2015. La norma 27.045 establece que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños de 45 días hasta los cinco años inclusive, siendo obligatorios los dos últimos. Además, la Ley de Educación Nacional de 2006 establece la obligatoriedad del nivel medio.
La buena noticia es más alentadora aún: el grupo que registró mayor avance pertenece al nivel socioeconómico más desfavorecido, medido por el “clima educativo del hogar”. También aumentó la asistencia de los jóvenes (grupo de 18 a 24) a la educación superior. Lo primero remite al ya reconocido efecto positivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero el segundo es un efecto autónomo, quizá derivado del anterior, pero que está impactando en un grupo de edad que no es el foco de la AUH. Es probable también que este fenómeno, el aumento en la asistencia del grupo 18-24 sea el reflejo de un empeoramiento en la posibilidad de empleo de los jóvenes, reflejada en el aumento de la desocupación ocurrido en este período.
¿Por qué la resistencia a un índice multidimensional?
La manera que tiene el Indec de evaluar las dimensiones no monetarias de las privaciones hace eco del enfoque llamado “tablero de indicadores”, y que se diferencia del que propone la construcción de un indicador que resuma estas condiciones en un escalar (un único número). La idea de este último enfoque es estimar el porcentaje de personas que está sufriendo de pobreza multidimensional, es decir, de privaciones que, si bien incluyen el ingreso, lo trascienden.
Debe quedar claro que ambas medidas no son excluyentes: el “tablero de indicadores” no sustituye la medida resumen de pobreza multidimensional, ni esta última al primero. Ejemplo: el conocer el porcentaje de personas que vive con hacinamiento no sustituye una medida que permite saber cuántas personas viven con hacinamiento y con falta de acceso al agua potable, por ejemplo. O el porcentaje de niñas y niños que no asisten a la escuela y que viven en viviendas con materiales deficientes y que además son pobres por ingresos. Lo cierto es que la manera del Indec de presentar la información, no permite ver la distribución conjunta de los indicadores, y deja fuera del análisis el importante tema de las privaciones superpuestas.
Ciertamente, trabajar en una medida única que resuma las privaciones es más complejo que mostrar los indicadores uno por uno, como hace el Indec actualmente. Requiere asumir una posición teórica concreta y una actitud clara para diseñar y monitorear las políticas públicas orientadas a la erradicación de la pobreza. Hay varios países de la región que lo hicieron y cuentan con una medida oficial de pobreza multidimensional. Tal es el caso de Colombia, Chile, Ecuador y México, para citar sólo las experiencias más consolidadas de todas las existentes.
En suma, el Indec nos cuenta una historia de las privaciones que, si bien es interesante, es incompleta. Es como una serie de televisión: la podemos evaluar cuando la vemos completa. Los episodios pueden emocionarnos, entristecernos, alegrarnos, etcétera, pero por algo buscamos el siguiente, hasta terminarla. La serie se entiende bien considerándola en conjunto y ese “todo” está lejos de ser la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con la pobreza multidimensional.
