El nuevo Gobierno, ¿pagará o no la deuda?

27 de mayo, 2019

Macri, Alberto F, Lagarde, deuda

Por Héctor Rubini USAL

 

Los desembolsos del FMI liquidaron la crisis cambiaria del año pasado, pero no son suficientes para consolidar un sendero de crecimiento de la actividad y de las exportaciones. Condición necesaria, al menos, para revertir el déficit de cuenta corriente y de las cuentas fiscales, y asegurar el repago de los vencimientos de los pasivos con acreedores no residentes en el país.

 

La deuda con el FMI debe devolverse en cuotas a partir de 2022. Los años que se perfilan como más difíciles son 2023 y 2024. Esto exige estabilidad, crecimiento y acumulación de reservas internacionales ya desde 2020. Sin superávit financiero, habrá que tratar de colocar deuda en los mercados en 2020. Por consiguiente, antes del segundo semestre del año próximo deberá estar firmemente consolidado un programa de estabilidad y crecimiento económico. La “luna de miel” con el nuevo Gobierno durará, por tanto, no más de un semestre. Al cabo de la misma, los mercados deberían convencerse de que Argentina no se verá forzada a un default de la deuda.

 

La literatura sobre defaults soberanos cobró un notable desarrollo en los últimos 25 años, reflejo de un aumento de la cantidad y frecuencia de eventos de default y de crisis o precrisis financieras. En general se observa que los impagos de deuda en los países en desarrollo han tendido a observarse con niveles y ratios de endeudamiento inferiores a los de los países desarrollados. Sean bajo formas de moratorias o reestructuraciones unilaterales de condiciones de pago (montos, plazo, calendario de pagos) o repudios (quitas) totales o parciales, los deudores tratan de hacerse de liquidez que no podrían obtener de inversores privados, agencias de otros gobiernos u organismos multilaterales. Los costos son básicamente de tres tipos: a) una posterior restricción de liquidez permanente, por exclusión de los mercados financieros y de ciertas líneas de gobiernos u organismos, b) deterioro de condiciones económicas internas, sobre todo en presencia de boicots o sanciones extrafinancieras (incluso militares) de otros Estados, y c) juicios de acreedores.

 

La alternativa a) es las más frecuente. En cuanto a las otras, los boicots están direccionados a gobiernos percibidos como un peligro estratégico militar o por su asociación con otros bajo esa condición. A su vez, los casos de litigios de bonistas contra gobiernos deudores fueron más frecuentes y numerosos en las últimas dos décadas. Generalmente se los ha considerado como la alternativa con menor probabilidad de éxito para los acreedores. Sin embargo, el fallo del juez Thomas Griesa contra Argentina en 2014 y la posterior solución a favor de los holdouts no han pasado desapercibidos. Menos para nuestro país: en lugar de cancelar el litigio con poco más de U$S 3.000 millones en su momento, en 2016 la actual administración debió pagara U$S 16.000 millones.

 

El endeudamiento permite acceder a liquidez de corto plazo para neutralizar factores que pueden destruir el ingreso y el consumo presente. Pero no es más que acceder a fondos líquidos para sostener o aumentar ingreso y gastos en el presente que deberán devolverse en el futuro, lo cual exige mayores ingresos menores gastos, o ambas cosas. Las dificultades para su devolución aumentan con la tasa de interés pactada, inexistencia de períodos de gracia, concentración de reembolsos en pocos pagos y cercanos en el tiempo, e insuficiente generación de fondos para cancelar capital e intereses de la deuda.

 

El próximo gobierno enfrenta vencimientos razonables y pagables, y en el caso de la deuda del FMI, si bien abultada, no es imposible de pagar. Sin embargo, el período de gracia desde el último desembolso en 2020 no es generoso, el repago se concentra fundamentalmente en dos años y medio, y el programa de políticas que monitorea el organismo no logra consolidar ni las bases para un crecimiento vigoroso y sostenido de la actividad y de las exportaciones netas.

 

Con este contexto, las dudas sobre la capacidad de la economía argentina para obtener las divisas para cancelar el pasivo con el FMI están lejos de haberse disipado. El propio organismo sigue repitiendo en sus informes trimestrales sobre el caso argentino que la deuda pública externa del Gobierno Nacional es “sustentable pero sin una alta probabilidad”. Una forma de admisión de que tarde o temprano Argentina deberá acceder a fondos adicionales para pagar los vencimientos, al menos de la deuda con el FMI. De no ocurrir, como el FMI es acreedor privilegiado, será el único que tendría asegurada la devolución de los fondos prestados y sus intereses. Consecuencia inevitable: “reestructuración” a negociar con los bonistas o a imponerla de manera forzosa vía atrasos (moratoria unilateral) o repudio de todos los vencimientos bajo las condiciones originales de emisión de los bonos no vencidos.

 

¿Es concebible una salida negociada? La respuesta hoy no es clara. Tanto acreedores privados y organismos internacionales rechazarán cualquier forma de abandono del sendero actual de primitivo giro al ajuste fiscal. Argentina forzosamente deberá tener superávit fiscal (no sólo primario) y de cuenta corriente. Una caída del riesgo país será factible si el futuro gobierno opta por un camino a contramano de la subordinación del BCRA al Tesoro, de la continuidad ad infinitum de la deuda cuasi fiscal en Leliq, del retorno de subsidios irrestricto, del proteccionismo a ultranza, o de regulaciones y controles antimercado como los de 2002-2014.

 

De este lado de la frontera el candidato kirchnerista afirma ser “liberal” en materia de derechos individuales, pero “heterodoxoprogresista” en lo económico. ¿Es volver o no al régimen anterior, y en particular al dirigismo con estadísticas manipuladas de 2007-2014? A su vez, ¿qué proyecto de estabilidad y crecimiento del PIB y de las exportaciones netas tiene el oficialismo para 2020 y después?

 

No hay respuesta hoy para estas preguntas, pero son las que deberá responder, y probablemente anticipar, a los mercados, el que se siente en el Sillón de Rivadavia el próximo 10 de diciembre. Caso contrario, la desconfianza y la volatilidad en los mercados de deuda y de divisas van a mostrar nuevos picos, y bastante antes del inicio de la gestión del nuevo Gobierno.

Dejá un comentario