El proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que contempla la prórroga de beneficios fiscales para empresas de software, comenzará a ser debatido mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por amplia mayoría por la Cámara de Diputados.
La reunión se llevará a cabo con un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda desde las 17:30 en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo.
El proyecto de Ley de Economía del Conocimiento, que contempla la prórroga hasta diciembre del 2030 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.
La iniciativa contempla menores costos laborales y tributarios, estabilidad fiscal y fomento de nuevas firmas para aquellas actividades que se caracterizan por el uso intensivo de tecnología y que requieren de capital humano altamente calificado a fin de competir a nivel global.
El proyecto, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software, busca ampliar los beneficios de ese programa que vence en diciembre.
Propone incluir en ese plan a otras industrias como las de producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.
Entre los puntos claves, plantea otorgar estabilidad fiscal para las empresas que se inscriban en un registro especial, que incluye a todos los tributos nacionales, por lo cual las compañías "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional” mientras dure el régimen, a la vez que prevé una baja en los costos laborales y en Ganancias.
El proyecto fija que podrán acceder a estos beneficios las empresas que acrediten mejoras en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y/o procesos.
También deberán acreditar haber realizado inversiones en investigación y desarrollo en un mínimo del 3% de su facturación total o capacitación de sus empleados destinando al menos el 8% de la masa salarial.
Para lograrlo, el proyecto crea el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
