La jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, consideró “admisible” y corrió traslado a la Secretaría de Energía sobre un recurso de amparo colectivo que busca frenar la adjudicación de áreas hidrocarburíferas a empresas de origen británico en la zona de las Islas Malvinas, informaron ayer fuentes judiciales. Se trata de la licitación para el offshore recientemente adjudicada por el Gobierno, en la que hay compromisos de inversión por más US$ 700 millones.
La demanda presentada por el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, con el acompañamiento de gremios y partidos políticos, solicitó la declaración de “nulidad” e “inconstitucionalidad” del decreto 872/18, que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron, el último jueves, 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.
El amparo incluye una medida cautelar para que la Justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas, que ocurrirá “a los quince días corridos después de publicado el permiso”, advierte la demanda.
Entre otros fundamentos la presentación señala que a través del concurso el Estado “entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina”, y habilita a presentarse a “cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)” lo que representa “una gravísima afrenta a la soberanía nacional”.
