El Gobierno llegó a un acuerdo con Edenor y Edesur por las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, y traspasó su jurisdicción a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, con la firma de un acta acuerdo entre las partes. Mediante el mismo, la provincia y la Ciudad asumen los derechos y obligaciones de los contratos de concesión, ad referéndum de la aprobación por parte de la Legislatura de la CABA y la publicación de un decreto por parte del ejecutivo provincial. Así lo informaron desde el Ejecutivo. El traspaso fue la solución que encontró el Gobierno tras las mejoras a la provincia de impuestos por la coparticipación y los reclamos de otras provincias.
Desde el Gobierno explicaron que “el traspaso no tendrá costos para el Estado ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante Cammesa, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $ 3.858 millones al Estado”.
Además, las compañías se comprometieron en el acuerdo a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $ 3.000 millones en el caso de Edenor y $ 4.000 millones en el caso de Edesur. Estas inversiones, que son adicionales a las acordadas en la Reforma Tarifaria Integral (RTI) y tendrán que realizarse en un plazo de cinco años, serán supervisadas por el nuevo ente regulador.
Adicionalmente, la CABA y la provincia de Buenos Aires acordaron la creación de un nuevo organismo de control que será denominado Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (Emse).
