Por Ramón Frediani Economista
Los problemas de Argentina tienen 5 características: 1) son muchos; 2) son complejos, 3) son simultáneos, 4) están interrelacionados entre sí, y 5) tienen décadas de vigencia. La solución a semejante nudo gordiano de más de medio siglo de vida, supera ampliamente la capacidad, buena voluntad, criterio y eficiencia de una sola persona (Presidente de la Nación), de un equipo transitorio de gobierno (puñado de ministros y asesores) o de un partido político, cualquiera sea su signo ideológico. La solución no pasa por ideologías defendidas como cruzadas, ni por héroes individuales o grupales - reducidos a pigmeos en comparación a la adversidad y tamaño de la tormenta- sino de sensatos compromisos consensuados con madurez por la sociedad, mediante acuerdos básicos para alcanzar objetivos de largo plazo.
Los países que pasaron por circunstancias próximas a las nuestras requirieron una labor de cooperación conjunta no sólo de todos los partidos con representación parlamentaria sino además sumando a las instituciones representativas de trabajadores y empresarios como son las centrales sindicales y empresarias de cúpula, y eventualmente a la iglesia y a ONGs relevantes de la sociedad.
No estamos inventando la pólvora. Ya existió el experimento y dio resultados positivos en el sentido de permitir superar el subdesarrollo económico, político y social de un país. Es el caso de España con sus Pactos de La Moncloa de octubre de 1977 (en plural, pues fueron 2), ejemplo exitoso que reiteradamente desde décadas se sugiere imitar y adoptar para Argentina como modelo de amplia cooperación y consenso en materia de definición y ejecución de políticas públicas ante la persistencia de circunstancias de extrema gravedad y desunión en la organización de nuestra sociedad.
Los Pactos de La Moncloa fueron dos acuerdos de reformas estructurales y consensos de largo plazo, uno en materia política que por razones de espacio no analizaremos y que incluía temas como democracia, libertades públicas, libertad de expresión, Ley Electoral y de partidos políticos, medios de prensa, Código Penal, y el otro referido específicamente a una nueva política económica. Fueron suscriptos entre el Gobierno de España, todos los partidos políticos (8) con representación parlamentaria a nivel nacional y las asociaciones empresariales y sindicales de cúpula, que permitieron a España superar con éxito la crisis política y económica del fin de 40 años del régimen dictatorial franquista (aislamiento internacional, elevada pobreza y desempleo, crisis de balance de pagos e inflación del 47% en aquel año) y transitar hacia una democracia abierta superando el subdesarrollo y aislamiento de aquellos años, para alcanzar la España moderna y desarrollada que hoy conocemos.
Al momento de firmarse, el contexto económico y social español era tan adverso como el nuestro actual: era un país del tercer mundo, con décadas de economía cerrada, elevada pobreza, desempleo del 20%; elevada inflación anual (47% en 1977 y 30% anual en 1978); grieta social entre monárquicos, falangistas (fascistas), comunistas, socialistas y conservadores; un electorado fragmentado ya que el entonces precario Gobierno del Presidente Adolfo Suárez, abogado de centro-derecha de 43 años egresado de la Universidad de Salamanca, había asumido sólo 4 meses antes con sólo el 35% de los votos; escasa inversión privada, atraso tecnológico, sistema educativo obsoleto, déficit en Balanza Comercial e integración casi nula a Europa y al resto del mundo, al punto tal que por su nivel de atraso y pobreza, peyorativamente se decía en aquellos años que Europa comenzaba al norte del cordón montañoso que separa España de Francia (los Pirineos) y que en consecuencia, España era una porción de África en el continente europeo.
Sus principales rasgos fueron los siguientes.
Fueron firmados en el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno -de allí su nombre- el 25 de octubre de 1977 y formalmente ratificados y aprobados por ambas cámaras del Parlamento Español 15 días después, el 11 de noviembre.
Los firmantes fueron el Presidente del Gobierno, los 8 partidos políticos (todos) con representación parlamentaria en el Congreso: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Convergencia Socialista de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido, Convergència i Unió, y el partido conservador Alianza Popular, luego transformado en 1989 en el partido liberal PP), la central sindical nacional UGT (Unión General de Trabajadores, equivalente a nuestra CGT), y la central patronal de tercer grado CEOE (Confederación Española de Organizaciones empresariales).
Su cumplimiento fue respetado por todas las partes durante 2 décadas.
Se estableció un límite a los aumentos a la masa salarial por empresa durante 3 años, con un tope del 20% anual.
Permitió despidos libres hasta 5% del personal de una empresa y para reducir el desempleo juvenil se permitió sin restricciones ni costos adicionales ni indemnización, la contratación laboral temporal en las empresas por hasta 2 años.
Limitada emisión monetaria del Banco de España y del financiamiento al Estado.
Se aumentó la progresividad de los impuestos a la renta y a los patrimonios, pero acompañado de aumento de los mínimos no imponibles.
Reforma del Estado basada en fuerte austeridad del gasto público, severa restricción presupuestaria, límites al déficit fiscal y al endeudamiento público, con estricto y permanente control parlamentario.
Se adoptaron medidas de control financiero para evitar el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
En la seguridad social, se redujeron los aportes y contribuciones para aumentar los salarios de bolsillo y el sistema pasó a ser administrado por un órgano colegiado conformado por el Estado, sindicatos, entidades empresarias y jubilados.
Amplia liberalización del comercio exterior con el resto de Europa.
Su resultado fue el inicio de un proceso lento pero sostenido e ininterrumpido de crecimiento económico, gradual al inicio -el PIB español creció sólo al 1% anual durante los primeros 5 años posteriores a los pactos- pero sentó las bases para el inicio de un proceso de desarrollo económico y social de largo plazo, que le permitiría el ingreso a la Unión Europea en 1986 y que luego continuaría creciendo durante 30 años a un promedio anual del 3,5% del PIB, transformando a España en el país desarrollado que hoy conocemos, cuyo PIB per cápita es el triple del nuestro, cuando a comienzos de la década de los '80, el nuestro superaba al español en 40%.
Sería conveniente un pacto similar conteniendo el compromiso de iniciar y ejecutar una docena de profundas reformas estructurales, como modelo de gobernabilidad a adoptar por nuestra clase dirigente, en circunstancias en que hay grieta, desunión, inmovilidad de las autoridades y confusión de hacia dónde ir como sociedad. Obviamente, no se trata de reproducir el contenido de aquellos de la España de 1977, que respondían a otra realidad de lugar y momento histórico, sino imitarlos como metodología de trabajo o punto de partida para iniciar un proceso consensuado de perseguir metas comunes de desarrollo económico y social sustentables y de largo plazo.
Llegó la hora de la verdad. Será difícil aunque no imposible que nuestra dirigencia política, sindical y empresaria, acepte, acuerde y mantenga en el tiempo un pacto así concebido, adaptado a nuestra realidad, nuestras instituciones y a resolver nuestros problemas y urgencias. Pero si ello no ocurriese, lo más probable es que en los próximos años nos toque vivir en materia económica y social (inflación, devaluaciones, desempleo, pobreza, marginalidad, inseguridad, grieta, deuda externa, déficit fiscal, fuga de capitales), y al margen de quién gobierne, más de lo mismo, lamentablemente.
