Frente al espejo de 1989

22 de abril, 2019

australes 1989

Por Héctor Rubini

 

Se cumplen treinta años de la primera hiperinflación que padeció nuestro país. Las tasas de inflación registradas de la época hablan por sí mismas. Desde marzo de 1986, el IPC creció a no menos de 4% mensual, salvo en abril y diciembre de 1987 (3,3% y 3,4%, respectivamente). La tendencia fue en aumento: la inflación promedio mensual de 1986 fue 5,1%; la de 1987, 8,9%, la de 1988, 14,3%.

 

Luego del inicio de la fuerte dolarización de febrero de 1989 nada volvió a ser igual. La caída en la credibilidad de las autoridades y de la demanda de dinero se tornaron irreversibles, y el IPC aceleró su crecimiento mensual de manera incontrolable: 17% en marzo de ese año, 33,4% en abril, 78,5% en mayo, 114,5% en junio y el récord en julio de 1989: 196,6%.

 

Las restricciones políticas fueron superando la capacidad de acción de las autoridades. Además de los paros de la CGT y las duras negociaciones con los bancos privados acreedores, persistía una progresiva pérdida de credibilidad, especialmente después de la devaluación del austral en febrero de aquel año.

 

Las autoridades trataban de liderar el juego estratégico de administración de precios e ingresos, pero en la práctica eran reacciones que trataban de adaptarse a la puja distributiva que se fue tornando más difícil de administrar con la aceleración de la inflación.

 

Los controles de precios se fueron desdibujando. A diferencia de los primeros meses del Plan Austral, se fue perdiendo rigor en el control de los supermercados y mayoristas, la no exhibición de todos los precios en mostrador pasó a ser la regla más bien que la excepción, y los reajustes de precios respondían a las subas de tarifas públicas y del tipo de cambio, y no sólo del oficial. Detrás de ello, la prolífica variedad de encajes remunerados del BCRA alimentaba una emisión monetaria que se tornaba endógena a los movimientos de los precios, las tasas de interés y del tipo de cambio. En dos palabras: la macro dependía de los vaivenes de las expectativas y de las fluctuaciones observadas y esperadas de precios de bienes, activos y factores de producción. La constante fue una caída permanente de la demanda de australes y la dolarización de los ahorros.

 

La realidad forzó a cambios de ministros de Economía y al adelantamiento de las elecciones al 14 de mayo de 1989. La derrota del candidato del oficialismo y la suba del tipo de cambio oficial superior al 100% en ese mes tornó inviable todo tipo de “control” de precios. Lo que siguió es historia conocida: saqueos en supermercados en la ciudad de Rosario el 29 de mayo, luego del anuncio de un feriado bancario y cambiario, réplicas en el Gran Buenos Aires, aceleración inflacionaria y el final menos deseado para el Gobierno de entonces: acordar con el candidato ganador, Carlos Menem, la entrega del mando del 10 de diciembre al 8 de julio. Fue el inicio de una nueva etapa, también accidentada en sus primeros años, y que controlaría la inflación recién a partir de abril de 1992.

 

Los daños que deja de la inflación inicialmente son imperceptibles, pero a la corta o a la larga terminan siendo costosos y difíciles de revertir sin un programa de estabilización en serio. Algo que sin decisión política y debida concientización de la población puede llevar a décadas de idas y venidas inconducentes y ruinosas para la mayoría de la población.

 

Tres décadas después…

 

El recurso a los controles de precios y los acuerdos son remedios de poco alcance. Con el correr del tiempo los valores nominales que se trate de congelar quedan progresivamente descolocados de la evolución de los demás precios de bienes, factores y activos, y su reajuste puede luego conducir a mayores tasas de inflación que las previas al congelamiento inicial.

 

En el programa anunciado el pasado miércoles, el congelamiento de tarifas públicas domiciliarias parece ser el instrumento “antiinflacionario” por excelencia de las autoridades. Un anuncio que deja en una posición incómoda a no pocos economistas del Gobierno: a) tardíamente están admitiendo que buena parte de la propagación y aceleración inflacionaria de los últimos tres años obedeció al “pass-through” de tarifas públicas a precios al consumidor, además del “pass-through” de tipo de cambio a precios al consumidor, dos traspasos obcecadamente negados por los economistas de Cambiemos desde la campaña electoral de 2015, b) aplicar un congelamiento de la banda cambiaria y de las tarifas bien puede ser inefectivo para lograr una inflación percibida como más baja (digamos a 2% mensual o menos), lo que puede alentar expectativas de fuerte “recuperación” a partir de fin de año, tanto del tipo de cambio como de las tarifas, c) sin inflación cero, congelar el aumento de la base monetaria con tasas de interés exorbitantes seguirá dificultando la reactivación de la producción, el empleo y el consumo, y recrear expectativas de futuras devaluaciones y tarifazos.

 

¿Podrá bajar la inflación a 2% por mes o menos? Parece muy difícil. Si alcanzará para un triunfo electoral del oficialismo es algo que está por verse, pero sin una caída drástica y permanente de la inflación, las probabilidades para el triunfo de un opositor tradicional o “outsider” se fortalecen con el “efecto pobreza” que genera la inflación.

 

Un ejemplo es lo que se observó ayer en las elecciones presidenciales de Ucrania. La inflación mensual venía en baja desde menos de 2% mensual en septiembre pasado a menos de 1% en lo que va de este año, pero no le alcanzó al oficialismo: el actual presidente Petro Poroshenko perdió frente a un actor cómico de 41 años, Volodymyr Zelensky, que se alzó con el 73,1% de los votos y ganó en todas las regiones del país, excepto una. Reflejo de hastío, hartazgo y falta de credibilidad en el actual Gobierno, y que en caso de una inflación aun mayor, hubiera conducido a una derrota más dura para el oficialismo.

 

En suma, es claro que la política antiinflacionaria debe mostrar resultados, pero además debe ser percibida como permanente, y creíble, al igual que los funcionarios que la aplican. Y construir credibilidad y reputación requiere tiempo. Probablemente bastante más que los 111 días que restan hasta las PASO de agosto, o los 6 meses del Plan Primavera hasta el fatídico febrero de 1989, para muchos el inicio de la hiperinflación y del ciclo político iniciado en diciembre de 1983.

 

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