Por Tomás Múgica
El conflicto catalán ha sido el tema más controvertido de la campaña electoral que culminó ayer con el triunfo del PSOE. España sigue dividida en torno a su construcción nacional, más contestada que la de otros países de Europa Occidental, como Francia o Alemania. El Estado de las autonomías -el modelo de organización estatal descentralizado, que reconoce la existencia de diversas nacionalidades en el seno de España- forjado en la transición democrática y plasmado en la Constitución de 1978, está en crisis. El referéndum sobre la independencia de Cataluña, celebrado el 1° de octubre de 2017, marcó el punto culminante de esa crisis y las elecciones del pasado domingo se celebraron a la sombra de ese desafío.
La sociedad española está dividida en cuanto a las posibles respuestas no sólo frente al independentismo catalán, sino más en general respecto a la propia concepción del Estado autonómico, tal como quedó de manifiesto en los posicionamientos de las principales fuerzas que compitieron en estas elecciones y que harán oír su voz en la próxima Legislatura.
Las versiones más moderadas de la derecha -el declinante PP y el ascendente Ciudadanos- buscan mantener el statu-quo, apelando a una herramienta prevista en la Constitución ?el art. 155- para suspender la autonomía catalana mientras dure lo que consideran la desobediencia del gobierno catalán (la Generalitat) a lo establecido por la propia Constitución. La versión más extrema (Vox) pretende simplemente anular la autonomía catalana y convertir a España en un Estado unitario.
Para la izquierda en sus diferentes versiones -PSOE y Unidas Podemos- existe la posibilidad de ampliar la autonomía de las regiones separatistas sin que eso implique una ruptura de la unidad de España. Apuestan por un diálogo con los independentistas catalanes, aunque con matices: el PSOE es muy claro en su oposición a la independencia de Cataluña; para Podemos se trata de una preferencia, más que de una cuestión innegociable. Los partidos nacionalistas moderados, como el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y la Coalición Canaria, que aspiran a un máximo de autonomía dentro del actual Estado español, coinciden tácticamente con la izquierda en su visión reformista.
Por último, los nacionalismos independentistas ?concentrados en Cataluña y el País Vasco- aspiran de manera irrenunciable, cada uno en su territorio, a la constitución de un nuevo Estado. Minoritarios en el conjunto de España, en los últimos años han alcanzado sin embargo una gran fuerza en Cataluña: los partidos independentistas (Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya) ganaron la elección de ayer en esa Comunidad, sumando el 39% de los votos y 22 de las 48 bancas en disputa. En el País Vasco, en cambio, las posiciones independentistas han perdido fuerza: Bildu, el partido que expresa esa visión, obtuvo 4 de 18 bancas.
El resultado electoral debe ser leído a la luz de este panorama. Tres conclusiones rápidas son posibles. Primero: la fuerza que encabezará el próximo gobierno ?el PSOE- y su aliado más probable ?Unidas Podemos- mantienen posturas dialoguistas frente al conflicto catalán y reformistas en cuanto a las autonomías; segundo: para ser investido presidente del gobierno, es posible que Sánchez necesite del apoyo de nacionalistas moderados y en el peor de los casos de los independentistas. Esta última posibilidad lo pondría en una posición complicada, al tener que negociar con quienes se oponen a la continuidad del estado español; tercero: la fortaleza del independentismo en Cataluña señala que el conflicto está lejos de cerrarse. En el futuro próximo España seguirá debatiendo sobre su identidad como Estado y su organización política, con consecuencias importantes para su estabilidad doméstica y su proyección internacional.
