Una medida peligrosa

25 de marzo, 2019

industria medida producción

 

Por Diego Fraga Abogado de RCTZZ

 

En un contexto económico y financiero muy delicado para las pymes, es muy peligroso aprobar un marco para que todas las provincias adhieran a un sistema de recaudación de Ingresos Brutos sobre las liquidaciones o rendiciones periódicas de tarjetas de crédito, de compras o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles o cualquier clase de tickets o vales de compras.

 

Ya hemos visto que la facilitación de este tipo de sistemas de retención y percepción anticipada implica, por un lado, poner a terceros (en este caso, las entidades administradoras de tarjetas y otros sujetos) a recaudar “ad honorem” para los fiscos provinciales, lo que implica que esos costos se trasladan a los consumidores finales. Pero lo más trascendente es que estos sistemas de recaudación sin control han llevado a la generalización de abusos de parte de las provincias, que se están financiando con sus propios contribuyentes o con los de otras provincias. A todos ellos se les detraen anticipadamente sumas en concepto de impuestos que en muchos casos resultan excesivos o sin fundamento, generándoseles saldos a favor que jamás se devolverán o lo harán luego de mucho tiempo y a valores casi históricos.

 

Estas circunstancias hacen que en muchos casos se trate de un despojo prácticamente delictual. Como triste antecedente de la medida aprobada por la comisión arbitral está el SIRCREB, sistema que se aplica sobre las cuentas bancarias de los contribuyentes del Convenio Multilateral y que ha generado a lo largo de los años innumerables saldos a favor prácticamente irrecuperables. Con el SIRTAC se aprueba un sistema paralelo (que algunas provincias ya tienen en práctica) pero esta vez sobre las liquidaciones que les practiquen a los contribuyentes las tarjetas de crédito, de compra o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y hasta sobre los administradores de sistemas de pago.

 

Obviamente estas medidas castigan injustificadamente al contribuyente en un contexto de presión fiscal récord y, además, alientan la informalidad, a contramano de las campañas que están realizando no sólo el Gobierno, sino también las propias provincias, al obligar a cualquier pequeña empresa o comercio a contar con posnet o sistemas similares.

 

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