Una forma de recalcular la disputa sobre Malvinas

26 de marzo, 2019

Malvinas, inversiones y Brexit

 

Por Atilio Molteni Embajador

 

Aunque los temas de política exterior no suelen definir las elecciones nacionales, hay ocasiones en que vale la pena ignorar la tradición. En especial, cuando existen nuevos datos estratégicos que hacen posible replantear la histórica disputa entre Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

 

En estas horas, Londres, la Unión Europea y el mundo se hallan en estado de confusión ante el Brexit en virtud de, por lo menos, los siguientes hechos. A pocas semanas de que expire el plazo del 29 de marzo originado en la decisión del Reino Unido de invocar el artículo 50 del Tratado de la UE, la dirigencia de ese país llegó a esta calamidad sin jamás haber tenido en cuenta que los dos años podían trascurrir sin lograrse acuerdo sobre los términos de la salida del país de la Unión Europea.

 

La primer ministro, Theresa May, presentó dos propuestas sobre este tema que no fueron aprobadas por el Parlamento, mientras una tercera fue bloqueada por el titular de ese cuerpo legislativo (“speaker”) John Bercow, quien argumentó que una nueva legislación no podía ser resultado de votaciones repetidas sobre el mismo tema salvo que haya un proyecto con nuevo contenido. Ello significó una nueva crisis constitucional entre el Gobierno y el Parlamento británico, además de una base débil para que May pudiera enfrentar a los 27 Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la búsqueda de una corta extensión del plazo para hacer efectivo el Brexit, quienes finalmente decidieron extender el plazo hasta el 22 de mayo siempre que ella logre convencer al Parlamento de su país para que éste apoye su plan de retiro, pues de lo contrario la extensión sólo regirá hasta el 12 de abril con el de evitar la participación británica en las próximas elecciones legislativas de la Unión Europea.

 

Pero si, a pesar de este enjambre de torpezas, el Brexit finalmente se concreta, quedaría armado un contexto que puede tener consecuencias de importancia para dirimir el conflicto sobre Malvinas. El aludido supuesto sólo ofrecería un flanco útil para una novedosa configuración de tal disputa, si el gobierno argentino procede con eficacia, porque el nuevo tinglado implicaría, a su vez, una nueva realidad internacional para el gobierno británico. Este quedaría obligado a rever sus políticas frente al mundo, a satisfacer mayores compromisos financieros en una economía que saldrá muy afectada en sus características y dimensión, lo que inducirá a evaluar la racionalidad y el costo del actual despliegue militar en el planeta.

 

Todo ello exigiría un replanteo de la presencia en las islas de 1.400 hombres y de otros efectivos aéreos y navales. Cabe recordar que el costo de mantener esa presencia colonial fue uno de los elementos fundamentales que llevaron a Londres a mantener negociaciones con Argentina entre 1966 y 1982, etapa en la que se consideraron distintas fórmulas de traspaso de la soberanía que siempre chocaron contra el interés minoritario de los isleños (actualmente son 2.500, de los que sólo la mitad nacieron en las islas), quienes rechazaron con singular determinación el logro de ese acuerdo.

 

Según estadísticas oficiales de la ONU, en 2016, los crecientes ingresos medios anuales de los isleños ascendían a unas 37.500 libras esterlinas (en ascenso) y el desempleo era mínimo. La principal fuente de ingresos de tal población provenía, como es sabido, de la explotación pesquera, la que se generó mediante la extensión de permisos a buques extranjeros (el 60% de los 105 permisos de 2018 fueron a buques de bandera española), los que se dedican, especialmente, a capturar dos especies de calamar. Con esas unidades se pudieron lograr, en 2017, 67.000 toneladas de frutos de mar de alto valor de mercado.

 

La antedicha actividad constituye aportó, por sí sola, el 39% del PIB isleño de los últimos años. Signo de tal prosperidad es que las empresas españolas están construyendo un puerto que ampliará sensiblemente la aludida actividad económica. El reverso de esa prosperidad es el carácter insostenible de la explotación, lo que se podrá certificar con los estudios hoy en curso.

 

Contra lo que se decía años atrás, la posibilidad de explotación de hidrocarburos en esa región no es muy brillante, por cuanto hasta el momento no existen reservas comprobadas que justifiquen una significativa inversión, a lo que se suman los relativamente bajos precios actuales de los combustibles no renovables, hecho que no permite lanzar explotaciones poco rentables y costosas en el Atlántico Sur.

 

La pesca nos lleva al segundo tema relevante. Este se vincula con una Conferencia de Alto Nivel sobre el futuro de los océanos que tuvo lugar el pasado 19 de marzo en el Parlamento Europeo, de la que participaron unos 1.200 líderes políticos y expertos en la materia, donde se ratificó el sentimiento general de preocupación por el futuro ambientalmente insostenible de las actuales explotaciones económicas. Los expositores y los demás participantes pusieron énfasis en la necesidad de fortalecer la investigación, la innovación y la racionalidad de la industria pesquera, que en caso europeo emplea 350.000 personas y consume 6,4 millones de toneladas por año. Una consecuencia razonable e inmediata de estas decisiones políticas se habrá de reflejar en mayores controles europeos sobre esta industria, algo que al mismo tiempo implicaría desplazar más buques hacia el Atlántico Sudoccidental, que es una de las zonas geográficas del mundo que se caracteriza por su falta de regulación, un asunto directamente ligado a la controversia sobre Malvinas y demás islas del Atlántico Sur.

 

Cabe recordar que uno de los pilares centrales de la posición de Argentina es que el derecho a la libre determinación de los habitantes de las Islas Malvinas no resulta aplicable al diferendo, por cuanto éstos no son reconocidos como “un pueblo” en el contexto de las resoluciones de la ONU sobre la cuestión. El referendo celebrado en las islas en marzo de 2013 no tuvo efecto alguno desde el punto de vista del Derecho Internacional, así como tampoco es relevante la existencia de una Asamblea Legislativa y un Consejo Ejecutivo isleño, debido a que todas las cuestiones de significación dependen de la decisión de las autoridades británicas, situación que se asemeja a la que fuera ratificada por la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia al considerar el reciente caso del Archipiélago Chagos.

 

A diferencia de su antecesor, al guiarse por estos principios el Gobierno del presidente Mauricio Macri se caracteriza por enfatizar una agenda positiva en las relaciones con el Reino Unido. Su política exterior reside en jerarquizar la necesidad de estrechar los vínculos bilaterales, razón por la que lanzó una serie de iniciativas que van desde Consultas Políticas de Alto Nivel hasta el desarrollo del comercio, las inversiones y la ampliación de las relaciones culturales y educativas. Pero al diferendo sobre la Cuestión Malvinas, solo se avanzó en lo relativo al proceso de identificación del ADN de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin; en una conexión aérea semanal adicional de Latam entre las islas y San Pablo con dos escalas mensuales en Córdoba y en las dos reuniones del Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, las que tienen por objeto alcanzar un estudio integral de las pesquerías. Tanto la contrapartida de estas acciones, como la meta que debería buscar el próximo Gobierno de nuestro país, es obtener que el Reino Unido acepte reanudar la negociación que permita poner fin a la disputa de soberanía, conforme con lo aconsejado por la ONU.

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