La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció ayer la intención de crear un registro de ADN para delincuentes con el objetivo de controlar la reincidencia delictiva. Para llevarlo a cabo, se utilizaría tecnología del FBI. La funcionaria sumó, con ese proyecto, un nuevo elemento para una agenda de seguridad que Cambiemos engordó en los últimos meses, y que incluyó desde el nuevo protocolo de uso de armas para las fuerzas federales hasta la intención de agilizar las deportaciones de delincuentes extranjeros, pasando por otras iniciativas.
En declaraciones que formuló en Mar del Plata ayer, mientras recorría los puestos de control de las fuerzas de seguridad diseminados por distintos puntos de la ciudad, Bullrich anunció el proyecto. “Ya tenemos el registro de ADN de violadores. Hoy, ya comenzaron a tomarse las muestras a los que han cometido violación y abuso sexual, en todas las cárceles del país. Y presentamos un proyecto para que se les tomen muestras de ADN a todos aquellos que cometen delitos”, afirmó.
La ministra detalló el alcance de la propuesta, al explicar que se trata de un registro que se aplicará en los casos de “todos los delitos que no son culposos, todos los delitos dolosos [que tienen penas mayores que los culposos]”. No se necesitará una condena firme para que se tomen las muestras de ADN, según consignó la agencia Télam.
El objetivo es combatir la reincidencia delictiva, señaló la propia ministra de Seguridad. “Hasta por lo más mínimo, por un pequeño rastro que quede en la escena, uno puede saber quien estuvo y compararlo con los delincuentes que han cometido delitos. Como todavía tenemos un alto grado de reincidencia, nos va a ayudar mucho para ir a buscar a aquellos que comenten ese delito, para que no termine siendo impune”, explicó. Señaló, además, que para elaborar el registro se utilizará sistema Codis (Combined DNA Index System), desarrollado por el FBI.
“Presentamos un proyecto para que se les tomen muestras de ADN a todos aquellos que cometan delitos”, dijo Bullrich.
Bullrich también mencionó la posibilidad de limitar las probation. Abogó porque “la probation no se de tan fácilmente, sino realmente en los casos en los que la pena y el delito sean muy menores”. Reprochó que “hay jueces que han tomado una costumbre de dar una probation demasiado rápido en cualquier caso de delito, cuando en realidad la probation era para delitos menores, correccionales, de menos de tres años”.
La titular de la cartera de Seguridad nacional subrayó que habrá cambios en el tema probation, pero no los adelantó. “Creo que en estas semanas eso se va a modificar. Hemos hablado con la Procuración nacional y no queremos adelantar algo que les corresponde a ellos, pero creemos que va a haber modificaciones importantes para la sociedad en estos delitos que por ahí salen rápidamente. Me parece que eso va a empezar a cambiar”, se limitó a señalar.
Una agenda recargada
Los anuncios y proyectos sobre temas de seguridad dominaron gran parte de la agenda oficial del Gobierno desde el cierre de 2018. Solo algunos registraron avances; otros, quedaron por ahora a la espera de mayores definiciones y no pasaron de la enunciación.
A fines de noviembre, con la suspensión del partido final por la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors, en el estadio Monumental, fue el propio presidente Mauricio Macri el que presentó en sociedad una iniciativa de seguridad. Se trata de un proyecto para aumentar las penas contra los barrabravas. En realidad, es la reedición de una iniciativa del Ministerio de Seguridad del año 2006, que establece “un agravante genérico de la pena para los delitos cometidos en el marco de un espectáculo futbolístico”. La semana pasada, en una cumbre entre Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto (que lideró a un grupo de senadores peronistas), ese proyecto contra las barrasbravas del fútbol alcanzó un principio de consenso para ser aprobado en el Congreso de la Nación.
Los anuncios en el terreno de la seguridad siguieron dándose periódicamente y, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad lanzó el “Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad”. La medida levantó polémicas. Ese protocolo es el que autoriza, entre otros puntos, a los efectivos de fuerzas federales a disparar sin dar la voz de alto, o sin necesidad de responder a una agresión armada, siempre que consideren que existe peligro para sus vidas o la de terceras personas. La polémica se multiplicó en torno a esos puntos del reglamento, que fue refrendado por la Justicia, que lo consideró constitucional.
Otro de los proyectos que el Gobierno anunció en el último tiempo en materia de seguridad es el del nuevo régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Se trataría en el período de sesiones ordinarias en el Congreso nacional que comenzará el 1º de marzo. El cambio más importante es que baja la edad de imputabilidad a los 15 años en los casos de homicidio, violación, secuestro extorsivo y robo con arma de fuego. La ministra de Seguridad se refirió a esa iniciativa el sábado, cuando participó del programa “La Noche de Mirtha”. Afirmó que “el objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos, y que haya menos jóvenes que entren al delito, es como una idea de frenarles la carrera en el delito”. Y explicó que se incluyen medidas que “no son punitivas, sino de acompañamiento”, para buscar que los menores “vuelvan a la escuela, que devuelvan aquello que robaron”.
“Hay jueces que han tomado una costumbre de dar una probation demasiado rápido”, agregó la ministra de Seguridad.
Bullrich habló también de la intención de establecer una cámara judicial especialmente dedicada a los delitos cometidos por extranjeros, para agilizar su deportación. Ese proyecto, hasta el momento, no ha registrado avances que se hayan hecho públicos. Según dijo la ministra, “la idea, más que la creación de un fuero, que serían más cargos y más jueces, es la creación de una cámara”, con la que se buscará “que sea un trámite más rápido [el de la deportación] porque tiene que ver con la seguridad de la gente”. La funcionaria agregó, al presentar esa idea, que la Dirección Nacional de Migraciones “ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento”.
También está pendiente todavía de aprobación el nuevo Código Penal. Se preveía que ese ordenamiento legal viera la luz ante el Congreso el año pasado, pero aún no se presentó y quedó para el período ordinario de sesiones, después de haberse barajado varias fechas.
