Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
El viernes 15 circuló en la OMC una propuesta de Estados Unidos orientada a modificar el criterio que se emplea para otorgar trato especial y diferenciado a los países en desarrollo (PED) cuando el tema deba reflejarse en las actuales y futuras reglas de la Organización. El derecho a pedir las ventajas previstas para quienes gocen del status de PED se define, tradicionalmente, mediante una simple nota de autoelección de cada miembro y ésta se evalúa en detalle al discutir, en los grupos de trabajo ad hoc, los protocolos para acceder al Sistema Multilateral de Comercio (SMC) o al definirse los términos de un acuerdo específico. Los miembros que reciben el tratamiento de PED quedan legalmente autorizados a usar mayores plazos y estar sometidos a menores exigencias para cumplir las obligaciones que rigen el intercambio dentro del sistema.
Si bien la nueva propuesta de Washington fue pergeñada para sacarle trato preferencial a países como China, Corea del Sur, Singapur y otros que obviamente alcanzaron un papel relevante en el comercio global, en la misma volteada podrían caer algunos miembros que todavía no afirmaron sus pies en la tierra. Va de suyo que, a pesar de que esta noción no invalida el creciente apoyo a la idea de realizar algunos cambios institucionales lógicos, necesarios y urgentes para modernizar y reactivar a la OMC, la Casa Blanca no termina de leer con sensatez y adecuado conocimiento la realidad técnica y política de este foro.
Lo primero que sería importante aclarar, y ningún de los bandos en pugna lo hizo, es si la OMC es un foro para discutir niveles de pobreza o la diferente capacidad objetiva de competir en el comercio mundial. Aunque países como China todavía preservan amplios bolsones de pobreza, ello no le impidió convertirse, en pocos años, en el primer trader del planeta.
El nuevo proyecto implica una revisión que levantó y va a seguir levantando bastante espuma. La suficiente como para haber generado una enérgica y veloz respuesta conjunta de China e India, cuyo texto objeta frontalmente el planteo de la Casa Blanca, apelando a un texto que llegará a los miembros en los próximos días. El largo documento preparado por Beijing y Nueva Delhi (38 páginas, dos tercios de ellas dedicadas a cuadros y estadísticas) da la idea de que sus autores tuvieron la deliberada intención de replicar y criticar punto por punto el formato que fuera usado en el paper explicativo que distribuyeran, semanas atrás, los representantes de Donald Trump en Ginebra antes de aportar el breve proyecto de resolución del Consejo General de la OMC que se destapó oficialmente y se sintetiza más abajo.
Dada la altísima sensibilidad política del tema, y teniendo en cuenta que Argentina exhibe claros intereses nacionales y alianzas específicas con cada uno de los actores en pugna, sería recomendable que el presidente Mauricio Macri no se pronuncie al toque sobre esta confrontación, a fin de no caer en otro gravísimo episodio de “ensayo y error” mientras visita nada menos que a la India, Vietnam y Arabia Saudita, ya que existe la educada percepción de que sería oportuno saltar al ruedo tras evaluar a fondo como manejar el problema y cuáles son los argumentos técnicos y políticos que puedan dar pie a un buen diagnóstico superador. Por lo pronto sería astuto evitar el papel de “bróker honesto” en esta cuestión, ya que la diplomacia comercial no produce resultados enterrando la cabeza en la tierra como el avestruz. Además, los hechos inducen a recordar que las dos iniciativas contrapuestas en debate se inscriben en el ejercicio destinado a reformar y reactivar la OMC. Y también que, si bien ambos enfoques están originados en países miembros del G20, sólo Estados Unidos es miembro de la OCDE (mientras Argentina por ahora es nada más que un aspirante a entrar en las gateras a fin de negociar su condición de miembro). El ámbito periodístico no brinda suficiente espacio para hace un informe más didáctico y detallado.
En la parte resolutiva, la propuesta de Washington dice (traducción propia no literal).
“El Consejo General de la OMC acuerda lo siguiente” (primera observación, con el órgano elegido por Washington está claro que no se propone llevar esta batalla al nivel de la Conferencia Ministerial, que es el nivel jerárquico principal del SMC)
“Para facilitar la total aplicación de los futuros acuerdos de la OMC y para asegurar el máximo de beneficios del comercio para los miembros que tengan las mayores dificultades en integrarse al Sistema Multilateral de Comercio, las siguientes categorías de Miembros no podrán asignarse a sí mismos el trato especial y diferenciado tanto en las actuales como futuras negociaciones”.
Un Miembro de la OMC que también es miembro de la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo (la OCDE), o un miembro de la OMC que ya haya comenzado el proceso de accesión a la OCDE” (categoría en la que milita Argentina, aclaración mía).
Un Miembro de la OMC que también es Miembro del Grupo de los 20 (G20)” (liga en la que también milita Argentina, aclaración mía)
Un miembro de la OMC que se encuentre clasificado como un país de altos ingresos por el Banco Mundial” (Argentina y Uruguay entran en esta categoría, aclaración mía).
Un miembro de la OMC que participa en no menos del 0,5% del comercio global de bienes (importaciones y exportaciones)”. Esta última es la única categoría en la que a Argentina no le da el pinet (acotación mía) para dejar de ser un PED.
El proyecto agrega que “nada impide, en el marco de esta decisión, lograr el acuerdo en las negociaciones de sectores específicos para declarar “inelegibles” a otros Miembros a fin de recibir “trato especial y diferenciado”. Esto último se podría aplicar a acuerdos plurilaterales como el proyecto de Acuerdo sobre Bienes Ambientales (EGA) o el destinado a eliminar el de subsidios a la pesca que hoy avanzan lentamente.
Colegas europeos y de Oceanía me hicieron notar, como versión, que el papel complementario del que distribuyó Estados Unidos con su propuesta y contiene la lista de los países que caen en cada categoría de las cuatro mencionadas más arriba en el proyecto de Decisión del Consejo General, parece elaborado con la activa participación de nuestros amigos brasileños. Según los pasillos, existe una alta posibilidad de que el Presidente Jair Bolsonaro vaya a Washington en marzo o abril (siempre que se lo permitan los chequeos médicos) en visita oficial. Ese diálogo presidencial estaría orientado a profundizar la viabilidad de negociar un Acuerdo bilateral de comercio el que estaría inspirado, en principio, en los mojones que el gobierno de Donald Trump y sus apóstoles negociaron para renovar y replantear (más bien rebalancear) el Nafta. El Jefe de la Casa Blanca necesitaría poner en marcha, en la segunda mitad de su primer mandato presidencial, los acuerdos con China, el Usmca o T-MEC (el nuevo Nafta) y otros proyectos que reflejen su mentada capacidad de bajar el déficit comercial de Estados Unidos con pasión mercantilista (ver mis columnas anteriores). Con Brasil tal déficit anda en los US$ 27.000 millones anuales.
Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea podrían experimentar otro congelamiento, por cuanto los miembros del Parlamento Europeo se aprestan a aprobar un proyecto de resolución desautorizando las negociaciones de la Comisión de la UE con Washington, ante las amenazas de que el Gobierno de Trump insista en agregar agricultura al paquete negociador que está sobre la mesa y se aparezca con un aumento de los aranceles a la importación de autos originados en el Viejo Continente, apelando por segunda vez a los fundamentos de “Seguridad Nacional”, algo que está haciendo mucho ruido en el propio Congreso estadounidense. Los legisladores del Viejo Continente están mirando con un ojo la evolución del aludido proceso y, con el otro, los votos que necesitarán para retener sus puestos en Estrasburgo.
Planalto es objeto de muchas presiones internas para que Bolsonaro se ocupe de resolver el tema de los aranceles del acero y el aluminio, aún sometidos a las medidas de la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962 (seguridad nacional) de Estados Unidos, así como los chispazos que afectan las exportaciones de etanol y otros productos.
Pero el seguimiento que importa es el referido al proyecto de Ley de Reciprocidad Comercial sobre el que me pronuncié en columnas anteriores. Donald Trump confirmó su interés en el tema al presentar el reciente Informe sobre el Estado de la Unión. El enfoque de esa legislación nos haría volver al primer tercio del Siglo XX y convertiría a la OMC en papel pintado. Nadie debería ignorar que economía de mercado es sobrevivir y navegar con solvencia ante las reglas existentes de competencia, sin olvidar las evidentes fallas de mercado, asunto que muchos apóstoles criollos no terminan de aprender. Algún día descubrirán que la política comercial es una rama poco conocida de la ciencia económica.
