Fin de la libertad para Boudou: volvió a prisión por Ciccone

19 de febrero, 2019

Boudou

 

Tras estar poco más dos meses en libertad, el exvicepresidente Amado Boudou quedó otra vez detenido para cumplir la condena a cinco años y diez meses a la que fue sentenciado al ser hallado culpable del intento de quedarse fraudulentamente con la imprenta Ciccone Calcográfica, encargada de imprimir papel moneda. Así lo determinó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.

 

En las 27 carillas del fallo, la Cámara cuestionó los argumentos que utilizaron en diciembre pasado las juezas Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez (del Tribunal Oral Federal 4), que votaron por liberarlo y aceptó la apelación a esa libertad que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce Mariano Federici. Ordenaron, así, “la inmediata detención” del exvicepresidente, que se entregó ayer por la tarde en Comodoro Py.

 

Hornos, presidente de la Sala que envió nuevamente a Boudou a la cárcel, subrayó que “la decisión que concedió la excarcelación de Amado Boudou ha efectuado un análisis sesgado de todos los elementos presentes del caso, que ya habían sido ponderados al disponer su prisión preventiva”. Entre esos elementos, citó “la gravedad de las maniobras delictivas juzgadas” y “la existencia de causas en trámite que registra y la de otros procesos penales que se siguen en su contra, entre los que se encuentran la investigación de la maniobra de refinanciación de la deuda de Formosa y la capacidad económica del nombrado”. También, remarcó los vínculos que Boudou todavía ostentaría en distintas esferas de la administración pública, con los que podría todavía influir.

 

El presidente de la Sala IV recordó “la forma prepotente y amenazante en que habrían actuado” Boudou y su socio y amigo, José María “Nariga” Núñez Carmona, quien por orden del exvicepresidente “amenazó a los directivos de Boldt para que finalizaran el contrato de alquiler de la fábrica de la exCiccone Calcográfica”.

 

Además, Hornos subrayó “la búsqueda de impunidad y el accionar siempre oculto con los que Boudou habría pergeñado la maniobra”, al referirse a la utilización de testaferros como el arrepentido Alejandro Vandenbroele; también explicó que el riesgo de fuga no puede descartarse.

 

La Cámara cuestionó argumentos de las juezas Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez, que liberaron a Boudou.

 

Hornos remarcó que en la decisión que tomaron estaban en juego “los compromisos asumidos por el Estado de sancionar los hechos de corrupción”.

 

Gemignani y Borinsky se sumaron a buena parte de las argumentaciones que dio Hornos para votar también por la vuelta de Boudou al penal de Ezeiza. El exvicepresidente había sido liberado el 12 de diciembre del año pasado. Para conseguir su libertad, debió pagar $1.000.000 de fianza, estuvo monitoreado por GPS, se le prohibió salir del país, se le retuvo el pasaporte y debió presentarse en sede judicial cada 15 días.

 

Gemignani, al explicitar su voto por el regreso a prisión de Boudou, sostuvo la necesidad de “proceder al cumplimiento de la pena, a efecto de que sus funciones expresas de exclusión social simbólica del comportamiento, e implícitas de fortalecimiento cognitivo general sobre la impertinencia del mismo, se hagan efectivas”.

 

En su voto, Borinsky cargó contra la decisión de las juezas que votaron en diciembre por la liberación de Boudou. “Indicaron que Boudou es una figura de gran notoriedad pública, lo que disminuye sus posibilidades de evadir la Justicia, y consideraron que existen medios de restricción menos lesivos”, por lo que “concedieron la excarcelación”. Según Borinsky (encargado de la comisión especial que redactó el proyecto de nuevo Código Penal), las razones de las juezas “no encuentran sustento en las constancias comprobadas de la causa, la gravedad de los hechos de corrupción imputados, la complejidad y la naturaleza de la maniobra desplegada, así como la capacidad operativa del esquema organizacional”.

 

Opinión del fiscal

 

La semana pasada, el fiscal ante la Casación, Javier de Luca sostuvo que no correspondía hacer lugar al reclamo de la UIF para que el exvicepresidente vuelva a la cárcel, porque hay una “expresa prohibición que tienen las querellas a presentar recursos de apelación contra las resoluciones de excarcelación”.

 

Los tres camaristas rebatieron el argumento del fiscal. Hornos señaló que “el Código Procesal Penal de la Nación es claro” y determina que “el querellante en los delitos de persecución penal oficial se desempeña como acusador al lado de la fiscalía e, incluso, con autonomía”. Y completó: “No han de prosperar las críticas de la defensa y del fiscal general”.