América del Norte juega al póker con el futuro del Nafta

5 de febrero, 2019

Trump Nafta

 

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

A esta altura sería egoísta conservar in pectore los asuntos irresueltos de política comercial que hoy tienen en vilo a los principales actores del poder global y regional, como los que debatieron hace pocos días los Ministros del ramo que asistieron a Davos. Son diálogos casi siempre condenados al secreto o al bajo perfil. El ejercicio sirvió para confirmar la intención del gobierno japonés de hacer suyos, y llevar a la próxima cumbre del G20, algunos de los temas que se pusieron de costado durante las presidencias del Grupo que ejercieran Angela Merkel y Mauricio Macri, quienes en su momento hicieron la fácil. Optaron por hundir la cabeza en la tierra como el avestruz y sacrificar tanto la sustancia como la ambición de los trabajos para evitar otro estallido temperamental del jefe de la Casa Blanca. Uno se pregunta para qué sirve un G20 unido si el foro no se dedica a resolver las cosas que importan.

 

El real sinceramiento de la agenda tampoco permite omitir las señales de alarma e incertidumbre que planean sobre el futuro de ciertos megaproyectos de integración regional. Por ejemplo, las costuras sueltas que tienden a demorar el proceso de ratificación parlamentaria del nuevo Nafta (el Usmca o T-MEC) en sus tres países miembros (Estados Unidos, México y Canadá). Y mucho menos olvidar el lugar que ocupan las negociaciones bilaterales sobre la explícita guerra comercial que libran China y Estados Unidos, cuyos efectos sobre la economía global ya son devastadores. Quizás los hechos sean más elocuentes.

 

Ninguno de los líderes que el pasado 1° de diciembre estamparon su firma en el Usmca o T-MEC, concebido para reemplazar al Nafta y servir de modelo a otras meganegociaciones, ignoraba que tan breve ceremonia, realizada con el escenario de fondo provisto por la cumbre del G20, sólo permitiría concluir la primera etapa de un áspero proceso. No había entonces, ni hay ahora, la más pálida idea de cuando o como terminarán los tejemanejes de la ratificación parlamentaria de tan sensible tratado, por cuanto las dirigencias de los tres países anticipan un largo ejercicio de semblanteo para ver quien parpadea primero y con qué genialidad o retoque polémico saltará a la pista cada gobierno (ver los primeros esbozos de todo esto en mis columnas anteriores). Estos muchachos no parecen entender que introducir un sustancial cambio de texto equivale a bailar sobre la cubierta del Titanic y que la vocación por renegociar, o negociar por segunda vez con cada uno de los poderes legislativos los textos que se acordaran a brazo partido entre los gobiernos es hoy, no obstante ser una práctica habitual, un irresponsable y explosivo detonante. Si las cosas se demoran y Trump denuncia la vigencia del Nafta original tal como anticipó que lo haría, muchos de los flujos de integración de América del Norte serán deglutidos por el vacío legal.

 

Por empezar, los legisladores de los tres congresos no quieren hacer la tontería de acelerar el proceso de ratificación del acuerdo hasta ver qué hace Washington con los aranceles especiales sobre las importaciones de acero y aluminio que inventaron Donald Trump y sus apóstoles, una penalidad arancelaria aplicada bajo la Sección 232 (Seguridad Nacional), de la Ley de Comercio de 1962. El jefe de la Casa Blanca empezó por incumplir la promesa de solucionar esta cuestión en el marco de las negociaciones del Usmca/T-MEC. Y si bien México y Canadá se resignaron a pasar por alto las cuestiones éticas y políticas que supone invocar problemas de Seguridad Nacional para ahuyentar importaciones de bienes de escaso consumo bélico provenientes de dos gobiernos leales y amigos, el problema comercial subsiste y es una insobornable línea roja. Por ahí alguien soltó la versión de que la Casa Blanca quiere resolver el tema negociando una cuota tarifaria permanente (e ilegal) con los aranceles de preguerra comercial, algo que haría saltar la térmica de ambos socios de Estados Unidos. El enfoque tampoco les cae bien a los legisladores del Partido Republicano. Y si bien el Gobierno de Andrés M. López Obrador piensa introducir la ratificación del acuerdo en el corriente mes de febrero, ello no asegura un trámite rápido entre sus legisladores, que saben que la nueva mayoría demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estima que el lenguaje sobre estándares laborales del acuerdo les parece débil porque no confían en la clase política mexicana.

 

La pregunta que se hacen los legisladores de los tres países es bien simple. ¿Qué sentido tiene tratar rápidamente un texto que no se sabe cómo será cuando llegue a sus escritorios la versión final? Ninguno de los actores desconoce el hecho de que el gobierno de Trump hizo estudiar la posibilidad de extender el tratamiento de la Sección 232 a las importaciones europeas del sector automotriz. Bruselas salta de placer ante esta nueva provocación.

 

El Gobierno de Justin Trudeau ya anticipó que no ve posible introducir el Usmca/T-MEC en su Parlamento antes de las elecciones fijadas para octubre. Paralelamente, un grupo bipartidario (demócratas y republicanos) que reúne creciente apoyo impulsa sin cesar un proyecto destinado a obligar a la consulta obligatoria del Poder Ejecutivo con el Congreso para invocar en el futuro la antedicha Sección 232, un ejercicio que obligaría al Gobierno de Trump a dejar sin efecto determinada medida si la consulta no genera la luz verde parlamentaria. En los pasillos nadie oculta que los legisladores no creen lógica ni legal la jugada que lanzó Trump en el caso de las importaciones del aluminio y el acero, ni las restantes tácticas unilaterales. La iniciativa legislativa registra el aval de un amplísimo número de organizaciones representativas de la sociedad civil y grupos de interés de Estados Unidos.

 

Según colegas que tuvieron acceso a la tradicional reunión de Ministros de Comercio que se realizó en Davos, Canadá volvió a hacer punta con una versión reformada del paper que sometió a discusión de una docena de ministros consultados semanas atrás en Ottawa (ver mi columna sobre el tema). Ese enfoque, que sería el ahora asumido como propio por Tokio en los trabajos de la cumbre del G20 de junio próximo, consistiría en varios ítems.

 

  • Definir las bases para resolver el impasse que afecta al funcionamiento del Organo de Apelación de la OMC

 

  • Ideas para reactivar con ingenio la función negociadora de la OMC.

 

  • Medidas para incrementar el papel y la efectividad de las normas de transparencia de la Organización.

 

  • Revisar en forma crítica el mecanismo de accesión y categorización de los miembros de la OMC referido a la norma que deja en manos de los aspirantes a la membresía de la Organización el elegir la categoría de desarrollo que prefieren (en mi opinión ese enfoque debería sustituirse por fundamentos que sujeten tal opción a la capacidad objetiva de competir que reúna cada aspirante).

 

  • Examinar, en una primera etapa, cómo funcionan las reglas y actividades de la OMC en el campo del comercio de servicios; las disposiciones sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT en inglés), normas sanitarias y fitosanitarias (SPS en inglés) y reglas de origen, todos temas que fueron introducidos, de manera bastante curiosa, en el texto del Usmca o T-MEC aprobados por los gobiernos de la Nafta. Va de suyo que, dependiendo de cómo se encare el ejercicio, estas parecen ideas constructivas.

 

Tampoco son claros, hasta el momento, los datos que se conocen sobre los progresos alcanzados en el diálogo de alto nivel que sostienen China y Estados Unidos para resolver su guerra comercial. Las filtraciones existentes indican que habría cierto nivel de consenso respecto de las concesiones que China está dispuesta a realizar en materia de acceso al mercado para bienes y servicios estadounidenses con el objeto de reducir su amplio superávit comercial, así como para enmendar ciertos desvíos en la aplicación de las normas sobre propiedad intelectual. Pero tal avance no se extendería a la reforma de las políticas estructurales de Pekín, como la exigencia de forzar la transferencia de propiedad intelectual que hoy aplica a las empresas extranjeras establecidas en China, ni a la facultad que ejerce el gobierno de aplicar políticas de promoción industrial, aspecto clave del programa de desarrollo tecnológico 2025. Los especialistas en política comercial también deberían recordar que ninguna compensación China a los Estados Unidos tendrá legitimidad, si ésta surge de una manipulación discriminatoria del comercio (desconocimiento del trato de Nación más Favorecida) o afecta ilegalmente otros derechos y obligaciones establecidos en las reglas de la OMC. Mientras tanto, Pekín no frenó ninguna de sus acciones en materia de solución de diferencias orientadas a cuestionar legalmente en la OMC las medidas aplicadas bajo las leyes de comercio de Estados Unidos de los años 1962 y 1974. Los líderes chinos nunca dejarán de agradecer a Washington por haberles enseñado a valorar las ventajas que tiene ser miembro de la OMC.