La iniciativa oficial para sancionar un nuevo Sistema Penal Juvenil tiene seis ejes, entre los cuales se destacan la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años y un sistema de escalas en las penalidades para los menores. Una Justicia especializada y mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos son otros aspectos que hacen al espíritu del anteproyecto.
Los ejes de la reforma del Sistema Penal Juvenil, según una presentación del mismo a la que accedió El Economista, son: Justicia especializada; respuestas del Estado a inimputables; sistema de escalas; articulación interministerial; mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos y abordaje integral e interdisciplinario. El texto definitivo de la reforma propuesta desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación todavía no se difundió y, por el momento, no prospera un hipotético llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para tratarla ni se conoce la cámara por la cual ingresará.
El sistema de escalas que se plantea establece que, a los 15 años, la imputabilidad correrá para delitos con pena máxima de 15 años de prisión o más. Se trata de los delitos de homicidio, violación, secuestro extorsivo y robo con arma de fuego, y las tentativas de éstos. Entre los 16 y los 18 años, los adolescentes serán imputables por todos los delitos con penas mayores a tres años de prisión, y también en grado de tentativa.
Para el eje enfocado en especialización de la Justicia, el proyecto oficial prevé cuatro puntos fundamentales: capacitación de magistrados, fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios; una Justicia acorde a estándares internacionales; un sistema diferenciado del de los adultos y centros especializados de privación de la libertad.
Otra apuesta del oficialismo en el proyecto es la de los mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, que se plantean regidos por ocho características fundamentales. En la presentación que pudo ver El Economista se enumeran en este aspecto el principio de oportunidad; medidas socioeducativas; acuerdos restaurativos; medidas disciplinarias; suspensión del juicio a prueba; mediación; remisión y conciliación. Si hay un incumplimiento injustificado del menor a alguna de las medidas de sanción, no se computa el tiempo cumplido y se sigue el proceso tradicional.
En las sanciones a los jóvenes, la iniciativa propone "articular el acceso al servicio de salud, formación educativa y/o laboral", y "la revisión periódica de las sanciones por el juez especializado".
Entre las sanciones socioeducativas, se proponen: programas socioeducativos; programas de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos, recreativos o culturales y concurrencia a servicios. Las sanciones disciplinarias establecidas en el proyecto serán la amonestación (reproche oral), la prohibición de conducir vehículos, la limitación de residencia o el resarcimiento y prestar servicios a la comunidad.
También se proponen sanciones privativas de la libertad como "privación domiciliaria de la libertad"; "privación de la libertad durante el fin de semana"; "privación de la libertad en centro abierto", y "privación de la libertad en centro especializado".
Para los menores inimputables, las líneas directrices del proyecto serán una investigación preliminar y la intervención de un equipo interdisciplinario. La iniciativa incluye lineamientos de la Ley de Salud Mental (Nº 26.657) y de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26.061).
