IPC: los más afectados son los consumos populares

28 de enero, 2019

Inflación Indec pesos pobreza

 

Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL y Miguel Ponce Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI

 

La dinámica de la inflación de los últimos dos años lejos está de un sendero de estabilidad o de desinflación. A diciembre de 2018, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló, en dos años, una suba de 84,3%. La canasta de servicios que releva el Indec acumuló en ese período una inflación de 91,7%, y la de bienes, 80,8%. A su vez, los precios regulados registraron una suba acumulada de 112,9%; los precios de bienes estacionales, 64,3%, y la inflación del resto de la canasta del IPC (la llamada inflación “núcleo”) fue de 78,9%. Dejando el caso venezolano, es una inflación varias veces superior a las de todo el resto del continente. Atribuirlo a “shocks externos” no resiste el más superficial análisis.

 

Varios funcionarios han observado en los últimos días que la inflación está mostrando un sendero descendente. Efectivamente, luego del pico de 6,5% de septiembre de 2018, el IPC aumentó 5,4% en octubre, 3,2% en noviembre y 2,6% en diciembre. Sin embargo, esa desaceleración no parece estar totalmente afianzada, y, al no ser homogéneos, son incrementos difíciles de asimilar para la mayoría de los hogares. La inflación mensual promedio, entre octubre y diciembre de 2018, ha sido de 3,7%, pero en ese período el rubro “salud” registró una inflación mensual de 5,5%. A su vez, el capítulo “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” mostró una suba mensual promedio de 4,6%, y “alimentos y bebidas no alcohólicas” una inflación promedio mensual de 3,37%. Ciertamente en descenso en los tres casos, pero todavía lejos de un sendero de estabilidad. En el caso de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba promedio mensual en igual trimestre del año anterior (2017) había sido de 1,1%; en el caso de vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, 6,7% por mes y en salud, 1,6% mensual.

 

Si se toman algunos datos parciales de enero, el panorama no es mucho mejor. En el caso de bienes, con subas de habitual impacto estacional en el mes de enero, se pueden esperar aumentos superiores a los valores antes mencionados. Sin embargo, la información obtenida de listas de distribuidores y algunas cadenas de supermercados consultadas en la última semana, sugiere que no se estaría desacelerando la inflación. En el caso de varios productos de la canasta básica de consumo, los remarques del mes arrojan, para enero de 2019, valores que indican subas más que preocupantes respecto de enero de 2018. Algunos ejemplos son más que ilustrativos.

 

  • Fideos, 140%.
  • Purés de tomates, 80%.
  • Harina de trigo, 100%.
  • Leche líquida fraccionada, 90%.
  • Yerba, 90%.
  • Arroz, 100%.

 

Todos valores que superan el crecimiento del IPC promedio en igual período. Queda claro, y de manera contundente, que los consumos populares son los más afectados.

 

Si se comparan listas de precios publicadas en la web con las de un año atrás se observan subas interanuales en enero de 85% para la caballa al natural, 41% para queso cremoso de la misma marca, y 83,8% para aceite de girasol.

 

Los números muestran claramente que, al igual que en otros episodios de crisis cambiarias, el impacto inflacionario persiste. En este caso, la apuesta al control de la base monetaria con tasas de interés anormalmente altas, podría llegar a tener efectos sobre la inflación, pero muy en el largo plazo.

 

No es la primera vez que esto ocurre: con ajustes de tarifas públicas en curso y pendientes, subas recurrentes de tasas e impuestos municipales y provinciales, y ajustes y liberaciones parciales de precios administrados (vía regulaciones o acuerdos de precios), la restricción monetaria y crediticia tardará varios trimestres en mostrar efectividad sobre los precios. Por el contrario, ante una dinámica de ajustes, se percibe que, inicialmente, es efectiva para contraer la demanda agregada y de servicios de factores de producción. El impacto recesivo inicial tiende a perdurar varios trimestres, pero la “desinflación” tardará en llegar. A todo esto se suma, además, la decisión de abandonar un régimen de subsidios a tarifas públicas, con indexación de precios y contratos, favorecido a su vez por regímenes monetarios y cambiarios poco creíbles e incoherentes con la estabilidad de precios. Se terminó en una crisis cambiaria detenida con un credit crunch interno y compromisos de ajuste fiscal, mientras se siguen ajustando tarifas. Estrategia efectiva para enfriar la demanda agregada y destruir actividad y empleos, pero de pocos resultados (al menos en el corto plazo) para una desinflación convincente y creíble.

 

El combo de restricción crediticia con emisión monetaria (desacelerada, pero no interrumpida) sostendrá altas tasas de interés, desalentando la inversión y el consumo, pero sin reducción del stock de dinero (que tendría mayor impacto recesivo) ni desindexación de contratos (inviable sin un programa de estabilización creíble y sustentado por acuerdos políticos mínimos), no habrá inflación de un dígito al menos hasta fin de este año. Y esto seguirá destruyendo el ingreso real disponible de todas las familias, en particular, las de menores ingresos, y las que no hayan logrado acumular activos que permitan eludir o atenuar el impacto de la inflación sobre sus ingresos reales. Todo en los marcos de una brutal recesión (con un preocupante desplome de la actividad industrial, comercial y de la construcción, según datos recientes), la creciente desocupación (que ya está en dos dígitos), el innegable aumento de la pobreza… y el transcurrir de un año electoral que recién está iniciándose.

 

Un legado más que difícil de administrar para un futuro gobierno que deberá maximizar esfuerzos para instrumentar un giro hacia un sendero de estabilidad y desarrollo, con consensos y políticas económicas creíbles y sostenibles en el tiempo. De lo contrario, la persistencia del escenario de estanflación aumentará las dificultades para moderar la conflictividad política y la puja distributiva, y pondrá en riesgo todo intento serio para reducir la inflación, volver a crecer y revertir el ya crónico empobrecimiento de gran parte de la población.

 

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