Por Ramón Frediani Economista de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Es parcial el análisis del déficit fiscal cuando se limita sólo al generado por la Administración Pública del Gobierno, y mucho más aún cuando se contempla sólo una parte de él, por excluir el pago de los intereses por la deuda pública. Llama la atención que sea reiterada la mención a la reducción del déficit primario, cuando éste, al 31 de diciembre pasado, fue apenas un tercio del déficit fiscal total del Estado Argentino.
El déficit fiscal total es el generado por todo el Estado en todos sus niveles, es decir, la suma ?neta de compensaciones? de los déficit fiscales de la Nación (primario más intereses de la deuda), más el de la CABA, las 23 provincias, los 2.171 municipios y comunas argentinas, las 148 empresas del Estado (52 nacionales, 66 provinciales y 30 municipales), los 88 organismos descentralizados, el déficit cuasi fiscal del BCRA y, finalmente, el resultante de considerar la deuda flotante (generada dentro del ejercicio fiscal por gastos aún pendientes de pago).
La deuda flotante total de todas las jurisdicciones suma US$ 4.000 millones, alrededor de 0,8% del PIB, US$ 2.000 millones a nivel nacional, US$ 1.500 millones en provincias y municipios y US$ 500 millones a nivel de empresas públicas.
Corresponde aclarar que en el cálculo del déficit fiscal total no se incluye un eventual monto adicional que surgiría de fallos judiciales adversos contra el Estado, por deudas públicas contingentes como son: los once juicios aún pendientes contra el Estado en el CIADI; las disputas legales en tribunales de New York de accionistas minoritarios de YPF en relación a la expropiación a Repsol en el 2012 (juicio por US$ 3.500 millones); la deuda aún pendiente por falta de acuerdo con holdouts por US$ 1.500 millones y los más de 300.000 juicios contra la Anses iniciados por jubilados y pensionados, entre otros.
Según el Ministerio de Hacienda, al 31 de diciembre pasado, el déficit primario de la Administración Nacional fue de 2,7% del PIB. Si agregamos los intereses de la deuda pública nacional (2,8%), sube a 5,5%, aunque por reducciones de la deuda flotante nacional, el déficit de la Administración Pública Nacional quedó finalmente en 5,2%. Respecto al año anterior (2017), la reducción del 0,7% del déficit fiscal primario fue gracias a más impuestos y a la licuación del gasto público por inflación y no por reducción efectiva del tamaño del Estado y del número de empleados públicos.
A nivel provincias, nuevamente el Ministerio de Hacienda nos habla en términos de “resultados primarios” (superavitario del 0,4% del PIB para 2018) y no del resultado fiscal total de la suma de esas jurisdicciones, dejando así de lado los intereses por deuda pública provincial, que suman 0,7% del PIB, de manera que el resultado final es un déficit fiscal total de las provincias, incluida la CABA, de 0,3%. A nivel municipal, el déficit fiscal agregado no es mayor a 0,1% del PIB. Así, entre provincias y municipios el déficit fiscal total es del 0,4% del PIB.
Por su parte, a nivel de BCRA, son astronómicos los intereses anuales pagados por Leliq, casi 60% anual sobre un stock, a fines de enero de 2019, equivalente a US$ 22.463 millones, que genera intereses mensuales por US$ 1.123 millones, que sumados a otros por préstamos recibidos para incrementar las reservas brutas, totalizan alrededor de US$ 14.000 millones anuales de intereses pagados por el BCRA, gasto que supera ampliamente los ingresos por renta y/o revalorización de las reservas, dando como resultado neto que el déficit cuasi fiscal anual del BCRA es del 2,5% del PIB.
Por último, las 148 empresas públicas y 88 organismos estatales descentralizados a nivel de las tres jurisdicciones de Gobierno, muchas de ellas funcionando como islas autónomas del resto del Estado, también contribuyen al déficit fiscal total y al crecimiento de la deuda pública (pregunta: que levante la mano la empresa pública que es superavitaria y que se autofinancia sin recibir directa o indirectamente subsidios del Estado). No hay datos del déficit agregado generado anualmente por este colectivo, pero una hipótesis de mínima lo estima en US$ 1.000 millones (un promedio de menos de US$ 5 millones anuales cada una), lo que sumaría 0,2% del PIB.
Si sumamos todas estas categorías de déficit fiscal (Nación, provincias, municipios, empresas públicas, organismos descentralizados y BCRA), el 2018 cerró con un déficit fiscal total del 8,3%, muy lejos del déficit fiscal primario nacional del 2,7% que publicita Hacienda como un gran logro, es decir, el déficit primario nacional es sólo un tercio del déficit fiscal total del país.
Un detalle de terror que pocos visualizan: si se suma los intereses pagados anualmente por el BCRA, el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y municipales por sus respectivos endeudamientos, nos da US$ 31.500 millones/ año, superior en 5% al valor total de la actual cosecha 2019 de trigo, soja, maíz, girasol, cebada y centeno. Fue un grave error tanto de Hacienda como del BCRA hiperendeudar al Estado, y hoy están a la vista sus consecuencias.
La meta acordada con el FMI de un déficit primario igual a cero para 2019 no significa que también la alcancen las demás categorías que conforman el déficit fiscal total del país, de manera que, en este año, aún cumpliéndose esa meta acordada con el FMI, el déficit fiscal total al 31 de diciembre de 2019 sería aproximadamente del 5,6%, si no hay esfuerzos adicionales en las demás jurisdicciones para bajarlo, especialmente en el BCRA por su abultada cuenta de intereses pagados por las Leliq.
En síntesis, para salir del pantano en el que estamos, el objetivo central de la política económica debe ser la reducción del déficit fiscal total del Estado, abarcando todos sus niveles y jurisdicciones y vía menores gastos corrientes y menor endeudamiento público para reducir el pago de intereses.
La reducción del déficit fiscal primario de la Administración Nacional es un mensaje que confunde a la opinión pública ya que en realidad no hace sino esconder debajo de la alfombra las dos terceras partes del déficit fiscal total del país. La referencia sólo al déficit fiscal primario minimiza la gravedad del problema, y aunque satisface uno de los tantos requisitos del acuerdo con el FMI, el mencionar su reducción, dejando a un lado las demás categorías del déficit fiscal del país, despierta suspicacias de intencionalidad electoral. Un análisis serio, con honestidad y responsabilidad profesional sobre este tema, debe ser claro y contundente: hacer siempre referencia al déficit fiscal total, y que actualmente está en 8,3% del PIB, alrededor de US$ 41.500 millones al año, unos US$ 113 millones por día.
