El Gobierno avanzará con un proyecto postergado, que ya había fogoneado hace dos años y no había podido concretar. Es el que, entre otras modificaciones, establece una baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa, que se debatiría el mes próximo, durante las sesiones extraordinarias, tendrá una modificación con respecto a su redacción original ya que se propone bajar la edad a 15 años, y no a 14, como preveía el proyecto que se trabajó en un principio.
“Se va a impulsar para extraordinarias la discusión del nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, confirmó a El Economista Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “La principal modificación ?con respecto al proyecto original de baja de la edad de imputabilidad? es que se decidió bajar a 15 y no a 14 años. La baja de la edad (actualmente, hasta los 16, se es inimputable) es para delitos gravísimos, como homicidio, violación, secuestro extorsivo y robo con arma de fuego”, agregó el funcionario de la cartera que conduce Germán Garavano.
El cambio en la edad fue prenda de debate en las mesas en las que se acordó el proyecto. Hace dos años, en distintas mesas enfocadas en temas puntuales organizadas por el Ministerio de Justicia, se redactó un proyecto de responsabilidad penal juvenil que establecía que los menores iban a poder ser imputados desde los 14 años. Era el proyecto que se especuló que Mauricio Macri podría enviar al Congreso en 2017, una posibilidad que finalmente no prosperó.
“Tuvimos un proceso participativo y estaba el contrapunto alrededor de bajar la edad a 14 años. Hicimos un trabajo interministerial con los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, y con la Senaf (Secretaría Nacional de niñez, Adolescencia y Familia) y se llegó a consensuar esto, que tiene un impacto importante en el proyecto”, dijo Casares al explicar cómo se llegó al acuerdo en los 15 años.
En febrero de 2017, se hicieron reuniones organizadas por el Ministerio de Justicia para un proyecto de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que finalmente no llegó a presentarse y que ahora el Gobierno reflotará con el cambio de la edad señalado. Participaron especialistas, ONG y asociaciones de derechos humanos, entre otros actores sociales.
“El corpus de la ley que vamos a mandar es el de hace dos años, un sistema basado en la responsabilidad, que tiene como finalidad que el chico que cometió el delito pueda hacerse responsable y tenga una sanción que tienda a su recuperación. El Estado hoy toma a los chicos a los 18 años, cuando en ocasiones ya tienen delitos muy graves sobre sus espaldas”, argumentó el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia. “La baja en la edad tiende a dar respuestas para los chicos menores de 16 años”, agregó.
En su diálogo con El Economista, Casares afirmó que “una amplia mayoría quería modificar el sistema” y que “las discusiones siempre fueron alrededor de tres o cuatro artículos” del proyecto.
Según el diario Clarín, que ayer publicó que el Gobierno avanzaría con la baja de la edad de imputabilidad, en el proyecto se establece que la pena de prisión mayor que se podrá imponer a los adolescentes es de 15 años, y que la reclusión y prisión perpetua son sanciones que están vedadas para estos casos.
Casares dijo que, así como este proyecto de responsabilidad penal juvenil comenzó a gestarse hace dos años y ahora está ante la posibilidad de llegar al Congreso, en la cartera de Justicia tienen “varios proyectos terminados que están esperando la oportunidad para avanzar”, y que uno de esos es “el del nuevo Código Penal”.
