Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Jair Bolsonaro comenzó con anuncios previsibles en su primera semana de Gobierno: primeros despidos en el sector público, privatizaciones por poco más de U$S 1.800 millones, aumento del salario mínimo levemente inferior a lo presupuestado el año pasado, fortaleció el poder de la cartera de Agricultura para avanzar sobre reservas indígenas y una reforma del sistema educativo que ha empezado a caldear el ambiente político brasileño.
Los mercados financieros reaccionaron favorablemente. Perciben un giro hacia una economía de mercado, y orientada a tratados de libre comercio con foco en socios comerciales del Pacífico. La probabilidad de un futuro default de la deuda es percibida como mínima, y en materia de política exterior ya es explícito el alineamiento con los gobiernos de EE.UU. e Israel, y el distanciamiento (de mínima) del eje bolivariano. Las relaciones con China se mantendrían sin grandes cambios, pero sin el entusiasmo de años atrás. El Mercosur casi con certeza será “flexibilizado” para habilitar tratados con otros países y bloques. La prioridad del nuevo gobierno es la integración con las economías más dinámicas del área Asia-Pacífico, pero no le será fácil romper vínculos con China.
Argentina y los demás socios del Mercosur tendrían que aceptar esa probable degradación del bloque a una zona de libre comercio “de facto”. ¿Significa esto una apertura de oportunidades para los socios del “antiguo” Mercosur? Es probable, pero eso recién empezará a definirse a partir del encuentro entre los presidentes Bolsonaro y Mauricio Macri del próximo 16 de enero en Brasilia.
Puertas adentro, y como anticipamos la semana pasada, comenzaron los conflictos para los intentos de reforma de Bolsonaro. La educación, más bien que la economía, emerge como un frente que no le será fácil de controlar. La ministra de Derechos Humanos ha insinuado el combate a la ideología de género con un discurso al borde del ridículo, que la ha obligado a guardar silencio. A su vez, varios funcionarios de segunda línea han borrado sus posteos en redes sociales de los últimos años para evitar críticas. Uno de los casos emblemáticos fue el nombramiento del economista Murilo Resende Ferreira, de 36 años, como coordinador del Examen de Enseñanza Media (ENEM) para el ingreso universitario. Si bien ha borrado su blog, no son pocos los sitios web con escritos de dicho funcionario que combinan un sobreactuado antimarxismo con veleidades esotéricas impropias de un economista profesional. Además, en 2016 declaró en una audiencia ante el Ministerio Público Federal que los profesores brasileños son “no calificados”, “manipuladores” y que tratan de “robar” el “poder de la familia”. Un anticipo de una estrategia que enfrentará una resistencia difícil de manejar, especialmente en las universidades federales, donde la palabra “fascismo” empieza a ser la más común para calificar a la nueva administración.
En cuanto a la coordinación de la política económica, se ha observado la aparición algo prematura de serios errores comunicacionales. El viernes por la mañana el nuevo Presidente afirmó que el Ministro de Economía, Paulo Guedes, anunciaría una suba del Impuesto a las Operaciones Financieras y una baja del Impuesto a la Renta sobre los salarios más altos, pero el anuncio de Bolsonaro fue desmentido pocas horas después por el secretario de la Recaudación Federal, Marcos Cintra.
El otro “cortocircuito” fue sobre la propuesta de Guedes para reformar el sistema previsional. El ministro de Economía desea aumentar marcadamente la edad para jubilarse, a partir de la propuesta del Gobierno de Michel Temer: 65 años para hombres y 62 para mujeres, mientras Bolsonaro seguiría a favor de reducirla inicialmente, a 62 años para hombres y 57 para mujeres. Tanto Bolsonaro, como el vicepresidente Hamilton Mourão se han manifestado el jueves que la reforma jubilatoria sería menos ambiciosa que la propuesta por Guedes e incluso que la del ex presidente Temer. El ministro Guedes no está nada desanimado y aparentemente tiene preparado un “plan B”, pero no se sabe en concreto de qué se trata. Por ahora cuenta con un horizonte de dos o tres semanas para lograr que el Ejecutivo defina qué proyecto de reforma previsional va a remitir al Congreso en febrero.
Estas idas y vueltas, sumadas al enfrentamiento entre el jefe de Gabinete y el Ministro de pueden precipitar una prematura pérdida de credibilidad. La convivencia entre Lorenzoni y Guedes nunca fue en buenos términos, y ya en octubre este último desautorizó al hoy Jefe de Gabinete para hablar sobre temas de política económica. Ahora Lorenzoni no parece tolerar la intervención de Guedes para acercar los legisladores del Partido Social Liberal de Bolsonaro a otros bloques para sumar mayorías para la aprobación de las reformas. Los menos extremistas, a su vez, acusan a Lorenzoni de ser uno de los más “macartistas” del nuevo gobierno, que en gran medida se comporta como un palo en la rueda para avanzar en consensos con legisladores de otros partidos.
Esa convivencia anómala no se puede sostener. Tarde o temprano, Guedes o Lorenzoni deberá ser eyectado del gabinete de Bolsonaro, y esa definición dependerá del avance o atraso con que el nuevo gobierno instrumente las prometidas reformas estructurales. En caso de ocurrir, probablemente se defina con más claridad el rumbo futuro de Brasil: hacia una sociedad relativamente abierta con una economía más libre e integrada al mundo, o hacia una forma de “fascismo pro-mercado”, conflictivo y de rumbo incierto.
