Por Héctor Rubini
La semana pasada, la Heritage Foundation publicó la edición 2019 de su Indice de Libertad Económica. El índice es un promedio de puntajes asignados a 12 factores o indicadores agrupados en cuatro categorías o dimensiones de libertad económica: imperio de la ley, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados. En todos los casos la escala va de 0 (represión total) a 100 (libertad total), y el índice general de cada país es un promedio de los “scores” de cada uno de esos doce componentes.
El país de mayor libertad económica según este indicador, ha sido Hong Kong con 90,2 puntos. Luego del segundo hasta el décimo lugar siguen Singapur (89,4), Nueva Zelanda (84,4), Suiza (81,9), Australia (80,9), Irlanda (80,5), Reino Unido (78,9), Canadá (77,7), Emiratos Arabes Unidos (77,6), y Taiwán (77,3). En el otro extremo, los puntajes de menor libertad económica correspondieron a Corea del Norte (5,9), Venezuela (25,9), Cuba (27,8), Eritrea (38,9) y República del Congo (39,7).
En el último cuarto de siglo, los países con mayores aumentos en el índice de libertad económica han sido Georgia, Lituania, Ruanda, Bulgaria, Rumania, Armenia, Albania, Azerbaiyán, Kazajstán y Serbia. Entre los de mayor caída en dicho período se destacan los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Respecto de los países emergentes, tanto Rusia, como China e India, aparecen agrupados entre las economías predominantemente “no libres”. En ese conjunto se encuentra clasificada la Argentina, ubicada en el puesto 148° sobre 180 países, detrás de Camerún, Gambia y Ucrania. De los países de América Latina y el Caribe los mejores posicionados son Chile (18°), Santa Lucía (38°), Jamaica (39°), Uruguay (40°), Perú (45°), Colombia (49°) y Panamá (50°). Los más rezagados, detrás de Argentina, son Brasil (150°), Surinam (165°), Ecuador (170°), Bolivia (173°), Cuba (178°) y Venezuela (179°). Último de todo el ranking, Corea del Norte (180°). A su vez, para el grupo de 32 países de América, Argentina se ubica en el puesto 26°, delante de Brasil, y superada por Guyana (23°), Belice (24°) y Haití (25°).
El continente americano mostró una leve baja en el índice general de libertad económica en el último año. Según la Heritage Foundation, la causa principal es la falta de compromiso de la mayoría de los gobiernos del área para instrumentar reformas económicas estructurales. En su visión, los fundamentos para el sostenimiento y desarrollo de economías de mercado son todavía débiles. Los síntomas más preocupantes son: a) una generalizada corrupción de los gobiernos, y b) una débil protección de los derechos de propiedad. A esto se suman ineficiencias en materia regulatoria, y distorsiones asociadas a la inestabilidad de las políticas monetarias. De ahí que las economías del continente americano no sean predominantemente libres, salvo tres casos: Canadá, Chile y Estados Unidos.
Para una escala de 0 a 100 el índice de Argentina es de 52,2 por debajo del promedio del continente (59,6) y del promedio mundial (60,8). También se encuentra por debajo del promedio de Asia-Pacífico (60,6) y de África Sub-Sahariana (54,2).
El informe destaca los esfuerzos del Gobierno Argentino para enderezar las cuentas fiscales y reducir los subsidios a las tarifas públicas, así como las mejoras en los indicadores de libertad monetaria y de protección de los derechos de propiedad. También elogia los progresos en materia legal sobre derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo observa deficiencias persistentes en los regímenes de patentes y en las regulaciones sobre protección de datos. Pero los puntajes muestran un visible rezago respecto del promedio mundial. De los 12 componentes del índice de libertad, sólo en uno de ellos (“libertad financiera”) presenta un puntaje superior al promedio mundial. En todos los demás, la Argentina se encuentra por debajo de los respectivos promedios globales.
El peor es el correspondiente a “salud fiscal”: 33,0, muy por debajo del promedio de ese indicador para el mundo (66,9), y para el continente (64,7). De ahí el énfasis de la Heritage Foundation en destacar la mejora en las cuentas fiscales como un factor tan necesario como la instrumentación de reformas institucionales para que el país retorne a niveles de libertad económica de otros años. Podría discutirse largamente, y no solo en ámbitos académicos, la relevancia del indicador y de las reformas promercado con el bienestar de la población. Pero los datos del informe muestran una inequívoca correlación positiva entre este índice con indicadores de desarrollo empresarial, de reducción de pobreza, tasas de crecimiento económico, el ingreso por habitante, e inclusive el índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas.
El mal posicionamiento de nuestro país también se observa en otras comparaciones internacionales. En el ranking del índice “Doing Business” del Banco Mundial que evalúa el grado en que las regulaciones estatales facilitan las actividades empresariales, Argentina se encuentra en el 119° lugar sobre 190 países. A su vez, en diciembre pasado, los institutos Cato y Fraser y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad publicaron su Índice de Libertad Humana. Sobre 162 países relevados, nuestro país se encuentra en el puesto 102°, pero para su componente “Libertad Económica”, Argentina ocupa el puesto 160° en el mundo, superando sólo a Libia y Venezuela. La realidad es más que clara: los países más desarrollados se encuentran entre los de mayor libertad económica y los más pobres, entre los de menor libertad económica. La posición rezagada de nuestro país no es para desesperar, pero plantea a futuro el desafío de abandonar buena parte de las políticas, prácticas y preconceptos detrás del aumento permanente del gasto público, y del peso ya agobiante de los impuestos y de una maraña regulatoria sobrecargada e ineficiente.
Es algo que la gran mayoría de nuestros dirigentes (y no sólo políticos) se resisten a admitir, pero los números no dejan lugar a dudas: si Argentina quiere volver a ser lo que alguna vez fue, debe abandonar el exagerado estatismo de los últimos diecinueve años.
(*) Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
