Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Las represalias a la suba de aranceles de Donald Trump introdujeron bastante inestabilidad en los precios de los principales productos agropecuarios y en los agroalimentos. En el caso de la soja, por ejemplo, la fuerte baja de su cotización en 2018, hasta los niveles más bajos de la última década, tiene su origen en las represalias aplicadas por China, México y Canadá, entre otros, a productos de la industria manufacturera, pero también a soja y derivados, lácteos, carne de cerdo fresca y bajo la forma de embutidos, manzanas, papas, vinos, y otros.
La idea del equipo de Trump era la de tener como “línea de defensa” un paquete de ayuda compensatoria al agro de bajo impacto fiscal: echar mano de la emisión de nueva deuda del Tesoro por hasta U$S 30.000 millones para financiar un programa de estabilización agropecuaria basado en tres pilares. Asistencia financiera directa a los productores agropecuarios, compras estatales de stocks excedentes para destinarlos a bancos de alimentos para la población de más bajos ingresos y un programa de promoción de exportaciones.
En julio pasado, el Departamento de Agricultura (USDA) puso en vigencia un programa de emergencia (“Market Facilitation Program”) de U$S 12.000 millones para productores agropecuarios afectados por represalias de otros países. En su primera etapa, iniciada en septiembre, se destinarán U$S 4.700 millones bajo la forma de transferencias directas a productores de maíz, algodón, soja, sorgo, trigo, porcinos, productos lácteos, almendras y cerezas frescas. A su vez, el USDA fue autorizado para comprar stocks excedentes a los productores desde el mes pasado por U$S 1.200 millones y ser remitidos a bancos de alimentos. La ONG Feeding America, que cuenta con 200 bancos de alimentos, es la que más está colaborando con el gobierno en esta parte del programa.
En septiembre el USDA efectivizó los primeros U$S 25,8 millones de ese paquete al que seguirán otros desembolsos aún mayores para los próximos meses. Ciertamente pesaron los reclamos de productores de diversos estados y la cercanía de la elección de medio término de la semana pasada. Pero el programa no ha sido hasta ahora aprobado por el Congreso. Su instrumentación se basa en una regulación del año 1933 que creó en el seno del USDA la Commodity Credit Corp, un ente de intervención y subsidio a productores no muy diferente de lo que en nuestro país fue la ex la Junta Nacional de Granos.
Ahora bien, el Gobierno decidió no dar a conocer la identidad de todos los beneficiarios, lo que ha generado sospechas de favoritismo para algunos productores que podrían estar recibiendo varios subsidios estatales. Además, los productores que no superan cierto umbral mínimo de rendimiento por superficie no pueden acceder al programa, lo que ha motivado críticas y pedidos de un paquete de ayuda adicional. Por otro lado, esos fondos, conocidos como “bailout checks” pueden beneficiar a subsidiarias de firmas con casa matriz en países que han aplicado o están por aplicar represalias comerciales contra los EE.UU.
Y hace poco más de dos semanas, el Departamento de Agricultura debió admitir públicamente que dos de los beneficiarios de esos subsidios son las dos mayores productoras y exportadoras de EE.UU. de carne porcina (fresca o bajo la forma de embutidos): Smithfield Foods y JBS USA Holdings. La primera 2013 fue adquirida en 2013 por WH Group, una firma china con sede en Hong Kong. La segunda es la subsidiaria en EE.UU. del frigorífico brasileño JBS S.A., desde 2003, año en que dicho frigorífico adquirió el Swift & Company por U$S 1.500 millones.
El impacto del intercambio de subas de aranceles y represalias sigue por ahora desmintiendo el triunfalismo retórico de la Administración Trump. En septiembre pasado el déficit comercial bilateral con la República Popular China no se redujo, sino que aumentó 13% interanual hasta los U$S 34.100 millones. Cifra superior a los U$S 31.000 millones de agosto, y que en doce meses significó la acumulación de un déficit comercial de U$S 325.800 millones, superando en U$S 30.000 millones el acumulado en doce meses hasta septiembre del año pasado. Los números probablemente empiecen a disminuir a partir de este trimestre, pero igualmente no deja de ser un signo preocupante para la Casa Blanca.
Las represalias de China han sido efectivas, y no sólo preocupan a los productores agropecuarios. La automotriz Ford ya había dado a conocer en agosto que esta guerra comercial le han significado pérdidas por U$S 1.000 millones, y se espera, inevitablemente, el inicio de una serie de despidos. Una pésima noticia para la administración republicana que con Trump y su equipo regresó a su vieja tradición proteccionista del Siglo XIX con la aparente prioridad de aumentar los empleos en la industria manufacturera.
De todas formas, el sector que parece acusar las mayores pérdidas es el agroexportador. Ahora los productores del país del Norte enfrentan una fuerte incertidumbre respecto del rumbo futuro de la guerra comercial con China, y están a la expectativa de la probable reunión entre Donald Trump y su par chino Xi Jinping en Buenos Aires a fin de este mes.
Los hechos, en definitiva, les dan la razón a los críticos del presidente de EE.UU. Como lo advierte desde hace décadas la abundante literatura teórica sobre estos temas, en las guerras comerciales todos pierden. Y nada hace suponer que esta vez será diferente otros episodios. Mal que le pese a Trump, EE.UU. no es ni por asomo un inequívoco “ganador”. Pero, aun así, nada indica que esté dispuesto a abandonar o flexibilizar, siquiera, el sesgo mercantilista de su política comercial.
