Por Martín Trombetta Doctor en Economía (UADE) y docente e investigador de UNGS y UADE
A pesar de aumentos nominales que puedan sonar atractivos, el poder de compra de los salarios argentinos se encuentra estancado desde 2013. Esto surge de los datos publicados de manera mensual por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y solo contempla los salarios del sector privado formal. Dado que tanto los salarios públicos como los salarios informales y los ingresos de cuentapropistas son, en promedio, inferiores a los salarios del sector privado formal, podemos afirmar que estos datos sobreestiman la evolución de los ingresos individuales en los hogares argentinos. Sin embargo, por ser el sector privado formal el mayor generador de empleo, se trata de guarismos útiles para examinar la evolución del mercado de trabajo argentino y evaluar sus perspectivas futuras.
Los salarios son deflactados por un Indice de Precios al Consumidor (IPC) construido a partir de los relevados por institutos provinciales de estadística que no fueron intervenidos y publicaron índices confiables en el período 2007-2015. Los datos finales son expresados en pesos de junio de 2018, último dato disponible. De este modo, encontramos un promedio de $33.213 para los primeros seis meses de este año, valor similar al de 2017 y casi 3% inferior al pico de 2013. Esta cifra incluye el prorrateo del aguinaldo percibido en junio. Si descontamos el aguinaldo encontramos un valor inferior (por ejemplo, en mayo el salario expresado en moneda del mismo poder adquisitivo es de $30.562).
El estancamiento de los salarios reales es consistente con el cuadro general de deterioro en las condiciones generales de la economía argentina, cuyo PIB per capita alcanzó su pico en 2011. Desde entonces, las fuertes caídas de los años pares no han sido compensadas en los años impares, de manera tal que la economía crezca más rápido que la población. La coyuntura internacional se deterioró considerablemente para los países emergentes y los frecuentes cambios de régimen en materia de política económica poco han ayudado a que la economía encuentre un despegue considerable. En este contexto, no es de extrañar que el mercado de trabajo sufra las consecuencias de una economía que tiene serias dificultades para crecer y para generar marcos institucionales estables en los que contractualizar relaciones laborales.
Sin embargo, las perspectivas son particularmente negativas para lo restante del año. El IPC Nacional relevado por el Indec muestra aumentos de 3,1% y 3,9% para julio y agosto respectivamente, mientras se espera un aumento aún mayor para septiembre, cuando comienzan a materializarse las consecuencias de la última corrida cambiaria sobre el nivel de precios. Ninguna estimación de inflación anual la sitúa por debajo del 40%, mientras que los salarios nominales han crecido a una tasa interanual de aproximadamente 25% en lo que va del año. Esto significa que, de no mediar reaperturas de la negociación salarial, los trabajadores argentinos cerrarán el año con un salario real casi 11% inferior al de 2017, la mayor caída en quince años. Esto llevaría los salarios a $27.711 de junio de este año, un valor similar en poder adquisitivo de marzo de 2010.
Muchas paritarias incluyeron cláusulas de revisión que se activarían con el cobro de las últimas cuotas de aumento salarial; sin embargo, no hay garantía de que estas instancias de renegociación efectivamente conduzcan a nuevos aumentos, en particular en un contexto en que el Gobierno parece apostar a la búsqueda de anclas nominales. Dado que las tarifas de energía y transporte ya no pueden cumplir ese rol, porque la enorme volatilidad del tipo de cambio en los últimos meses, parece claro que será el salario la variable elegida para atrasarse en los siguientes meses.
Argentina se encamina a cerrar una nueva década perdida, con crecimiento económico casi nulo y estancamiento de todos los indicadores sociales negativos. Lo que es aún más preocupante es que el crecimiento no parece por sí solo redundar en mejoras salariales: los incrementos de 2015 y 2017 (4,2% y 3,3%) no alcanzaron a compensar las caídas de 2014 y 2016 (-5,2% y -4,2%). El panorama oscuro de los salarios argentinos obliga a pensar en políticas específicas para el mercado de trabajo y la protección social.
