El Gobierno y el FMI llegaron a un nuevo acuerdo para "fortalecer el Programa Stand-By de 36 meses aprobado el 20 de junio pasado". El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por US$ 57.100 millones, lo que representa un incremento de US$ 7.100 millones con respecto al acuerdo previo. Además, bajo el nuevo esquema los desembolsos estarán disponibles de manera más anticipada: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por US$ 36.200 millones. Con respecto al acuerdo previo, se incrementa en US$ 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019. Por último, bajo el nuevo acuerdo los fondos del programa ya no serán tratados como precautorios y estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, lo anunciaron en Nueva York.
"En el marco del nuevo acuerdo el gobierno resolvió continuar con la implementación de un conjunto de políticas orientadas al fortalecimiento de la economía argentina", señaló un comunicado de Hacienda.
Con respecto al acuerdo previo, se incrementa en US$ 19.000 millones el financiamiento disponible hasta fines de 2019
El texto oficial apuntó que "la convergencia más rápida al equilibrio fiscal primario es un paso decisivo hacia la reducción de las necesidades de financiación del gobierno, lo que robustecerá la economía argentina. Tal como está establecido en el Proyecto de Presupuesto 2019 remitido al Congreso, se prevé alcanzar el equilibrio fiscal primario en 2019, un año antes de lo previsto en el anterior acuerdo. Asimismo, en 2020 se alcanzará un superávit primario de 1% del PIB".
Se reforzará el compromiso del BCRA con la reducción de la inflación. La entidad adoptará un régimen de política monetaria más contundente, en el cual se hará un control estricto sobre el crecimiento de los agregados monetarios. Además, se mantendrá la libre flotación del tipo de cambio, aunque con intervenciones bajo lineamientos que serán anunciados oportunamente por el BCRA, dijeron desde Hacienda.
Finalmente, se acordó que el gasto en asistencia social deberá mantenerse por encima 1,2% del PIB. "Hay que destacar que el acuerdo prevé un incremento de hasta 0,2% del PIB en la asignación presupuestaria para el gasto social de ser necesario", enfatizaron.
