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La última crisis

Para que la crisis sea la última se precisa llegar hasta el superávit fiscal (y luego mantenerlo)

17 septiembre de 2018

Por Sebastián Galiani Profesor de Economía de la Universidad de Maryland

Argentina es quizás el país con más crisis macroeconómicas en los últimos setenta años. Las crisis económicas son costosas social, política y económicamente. La volatilidad macroeconómica reduce el crecimiento económico de largo plazo. Algunas de esas crisis fueron extremadamente severas. Basta con recordar que el país sufrió una hiperinflación en 1989 (que forzó a adelantar el traspaso del Gobierno) y una profunda deflación entre 1999 y 2002 que culminó con una crisis cambiaria, bancaria y de deuda que arrasó con tres gobiernos (incluyendo el de Eduardo Duhalde, que tuvo que anticipar el llamado a elecciones).

El origen de la crisis actual, que comenzó en 2012, y que ha mostrado sus efectos en todos los años pares desde entonces, es una crisis menor en comparación con las grandes crisis económicas que el país viene sufriendo desde el Rodrigazo (1975). Está acotada al mercado de cambios. El sistema bancario se encuentra sólido. En el contexto de un reflujo de capitales desde los mercados emergentes, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permitirá despejar las dudas existentes sobre el refinanciamiento de la deuda pública.

La raíz de esta crisis, como la de la mayoría de las crisis argentinas, se encuentra en el exceso de gasto que viene teniendo el país sobre lo que produce. Si bien en los últimos años el país incrementó su demanda de fondos externos, ello tuvo como contrapartida un incremento de la inversión, y no del déficit fiscal, ya que el déficit consolidado del sector público se vino reduciendo. En el contexto actual, el Gobierno además anunció una combinación de menores gastos y mayores ingresos con el objetivo de reducir su demanda de financiamiento y, por tanto, la demanda del país de ahorro externo. El objetivo es alcanzar el equilibrio presupuestario (antes de intereses) el año próximo.

El presidente Mauricio Macri le ha explicado a la población los shocks externos e internos que ha sufrido la economía este año, y la necesidad de acelerar el programa de ajuste del déficit fiscal que venía implementando su Gobierno. Pero el ajuste no es solo fiscal ya que los desajustes de la economía argentina no pueden resolverse solamente con una mayor transferencia neta de recursos del sector privado al público, sino que requieren también un ajuste externo, debido a la menor oferta de fondos disponible para los países emergentes. Es ahí donde está la principal causa del ajuste cambiario que ha tenido lugar desde fines de abril de este año.

El presidente Macri también le expresó a la sociedad que esta será la última crisis económica. Aun cuando los síntomas (recesión y depreciación del peso) de la crisis que comenzó en 2012 se repetirán en 2018, el funcionamiento de la economía cambió significativamente durante el Gobierno de Macri. Se salió de la represión cambiaria y se posee ahora un tipo de cambio flotante que permite absorber mejor los shocks reales suavizando el ciclo económico aun cuando estos impactan sobre el consumo. Ello no implica, sin embargo, que el BCRA no deba intervenir ante situaciones de exceso de volatilidad cambiaria, especialmente en una economía bimonetaria como la nuestra. Se removió la represión financiera existente y la inversión se recuperó, ayudando a recuperar la infraestructura productiva, lo cual en el tiempo permitirá aumentar las exportaciones. De hecho, el proceso de crecimiento que tuvimos entre fines de 2016 y comienzos de 2018 estuvo liderado por la inversión al tiempo que, progresivamente, se fue sumando un creciente dinamismo exportador, que continuará acelerándose.

Pero para que esta crisis sea realmente la última, una vez alcanzado cierto nivel de superávit fiscal primario que nos permita que la deuda pública comience a bajar, debemos también preservarlo. Sin embargo, la norma en el país en los últimos setenta años ha sido la presencia de un nivel elevado de déficit fiscal. Por ello es que debemos buscar un consenso político y social sobre la importancia de preservar el superávit fiscal, que nos permita a la vez tener una política fiscal contracíclica.

Típicamente, los gobiernos latinoamericanos actúan procíclicamente. En claro contraste, desde 2001, la política fiscal chilena se ha guiado por una regla de balance estructural. El balance estructural del sector público chileno refleja el balance presupuestario que se produciría si el producto evolucionara de acuerdo a su tendencia y si los precios del cobre y del molibdeno fuesen los de mediano plazo. La regla de balance estructural establece que el nivel de gasto público en cada período depende de los ingresos estructurales o permanentes del Fisco. De esta forma se busca aislar las decisiones de gasto público de los vaivenes del ciclo económico y de las fluctuaciones de los precios del cobre y del molibdeno. Es tiem

po de plantearnos una regla fiscal similar en Argentina. Ella no sólo nos permitirá tener una política fiscal contracíclica, suavizando los shocks económicos y mejorando el bienestar general, sino que, en las condiciones actuales, si refleja un

consenso político y social amplio, podría además contribuir a reducir la incertidumbre sobre el futuro económico del país.

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