La primordial lucha contra la corrupción y sus costos

18 de septiembre, 2018

La primordial lucha contra la corrupción y sus costos

 

Por Eduardo R. Ablin Embajador

 

Nuestro país transita una etapa de grave agitación ante el avance sin precedentes de la investigación judicial sobre los mecanismos de adjudicación de obra pública que aparentemente comprometen a la plana mayor del Gobierno precedente, así como a varias de las empresas más destacadas del país. El novedoso esfuerzo para profundizar la transparencia y combatir la corrupción –ciertamente merecedor del apoyo de la sociedad– tal vez no haya mensurado algunos de los peligros de esta lucha para la estructura productiva doméstica, en particular en las condiciones presentes de profunda inestabilidad de la economía. Nada más útil en este sentido que intentar rescatar las experiencias del denominado “Mani Pulite” (MP) –“Manos Limpias”– el ejercicio anticorrupción más comprensivo concretado hace un cuarto de siglo por la Justicia de Italia, país con el cual nos une una vasta tradición inmigratoria, inversora, comercial y cultural, reflejada en 50% de la población de ascendencia italiana, y 700.000 ciudadanos con doble nacionalidad.

 

El MP consistió en una serie de acciones judiciales desarrolladas masivamente entre 1992 y 1993 por diversos magistrados, iniciada por el fiscal Antonio Di Pietro en Milán, que permitiera descubrir a partir de un caso de cohecho local un sistema de financiamiento ilegal de los partidos políticos mayoritarios, sustentado en el cobro de una “tasa informal” del valor de cada contrato del sector público en todos los niveles jurisdiccionales. Se trataba de un mecanismo metódico por el cual cualquier contrato público requería del pago de un soborno o retorno (tangente en italiano) luego dividido entre los cinco partidos tradicionales que habían gobernado Italia desde su fundación en la posguerra, turnándose o coexistiendo en los sucesivos gobiernos. Por su parte, las empresas constructoras o proveedoras del Estado acordaban previamente entre ellas la asignación de las licitaciones, repartiéndose la demanda estatal por vía del soborno de oficialistas y opositores. A medida que la investigación divulgaba los nombres de los involucrados muchos dirigentes políticos se sintieron desprotegidos por las cúpulas partidarias, por lo que denunciaron a sus superiores, los que a su vez revelaron a otros líderes partidarios y empresariales. Hasta aquí nada ajeno a las tradiciones argentinas, sólo que en nuestro caso los sobornos han involucrado a partidos en el poder, centrándose la investigación local en el Gobierno precedente.

 

El surgimiento del MP coincidió con significativas transformaciones mundiales, destacándose la caída del Muro de Berlín, el fin de la guerra fría, y la expansión de la globalización, impulsada por la revolución de las tecnologías informáticas y de comunicaciones. En dicho contexto Italia transitaba una de sus tradicionales crisis financiera y presupuestaria, que afectaba a toda la estructura empresarial e institucional, por lo que el MP constituyó una revolución que intentó terminar con la corrupción sistemática y estructural propia de la política en la península. Hasta las autoridades de los Estados Unidos reconocieron años más tarde haber apoyado el MP como mecanismo moralizador, aunque al vislumbrar sus consecuencias políticas para un aliado relevante abandonaron tardíamente su acción. En efecto, las causas judiciales provocaron una enorme crisis política, que barrió con el sistema “pentapartidario” -dominado por la Democracia Cristina y el Partido Socialista- que hasta entonces había marcado el destino de Italia, acusado de organizar una sofisticada red de corrupción. La investigación afectó en particular al gobernante Partido Socialista Italiano, logrando el Premier Bettino Craxi fugarse a Túnez, ante una condena a 17 años de prisión. Investigados más de 6.000 funcionarios y ejecutivos privados otros tres ex primeros ministros, al igual que 438 políticos y 872 empresarios, fueron condenados. Un vasto número de acusados se declaró “arrepentido”, recibiendo penas leves o beneficiándose por la prescripción de las causas, aunque once conspicuos convictos se suicidaron.

 

El escándalo conllevó la desaparición de la Primera República y de todo su andamiaje partidario, aunque en retrospectiva no parece haber subsanado el drama de la corrupción en Italia, que sigue ocupando en 2017–según el Indice de Percepción de la Corrupción de la Organización para la Transparencia Internacional– el puesto 50 entre 180 países. El MP hizo estallar un esquema organizado de convivencia entre política y negociados que incluía a todo el sistema partidario, remplazándolo por otro más inorgánico, incentivando a políticos y empresarios a desarrollar mecanismos más sofisticados para los sobornos y el ocultamiento de conflictos de intereses, de forma de alcanzar mayor impunidad. De esta forma, si antes los funcionarios corruptos esperaban recibir un “retorno” de aquellos beneficiados con obras públicas, ahora parecería que las licitaciones y contratos estatales no se deciden en función de su prioridad sino de la “oportunidad” de algún “retorno”.

 

Finalizados los procesos en el plano político que involucraron a importantes figuras públicas –con la consiguiente pérdida de legitimidad de la totalidad de la clase política– la presión en favor de castigos moralizadores y el propio MP fueron desapareciendo de la agenda política como consecuencia de la aprensión de sectores medios frente a una “cruzada” judicial que pusiera a toda la sociedad bajo sospecha, haciendo peligrar el “modo de vida” en Italia. La desaparición del sistema partidario tradicional dio paso a la Segunda República, conformándose a partir de 1994 un nuevo sistema bipolar en torno de coaliciones de centro derecha y centro izquierda, que el pragmatismo italiano permitió intercalar con diversos gobiernos “técnicos” (organizados cuando no se alcanza una mayoría parlamentaria) de prolija gestión, que lograron impulsar importantes reformas legislativas en materia anticorrupción, adoptadas a partir de 2012. Sin embargo, la desconfianza ciudadana en la clase política –legado del MP– dio lugar al acceso al poder de un candidato ajeno a la clase política –Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia– luego condenado como consecuencia de hechos de corrupción vinculados a su propia gestión empresarial. Eventualmente, la persistente decepción ciudadana frente a la realidad política transparentada por el MP contribuyó al actual predominio neofascista del “Movimiento 5 Estrellas” y la “Liga del Norte”.

 

En el plano económico, el MP generó una etapa de enorme incertidumbre económica, que derivó en un proceso altamente recesivo al poner en duda la credibilidad del sector empresarial doméstico –involucrado en una historia de corrupción– frente a sus socios comerciales, y en particular financieros, a nivel mundial. Así, quedaron afectadas las posibilidades de captación crediticia de las empresas, que en el caso de los bancos de EE.UU. se extendió por una década. Por ello, cabe preguntarse si un reflejo de tal experiencia no podría agravar la caída de la actividad económica en nuestro país, así como resentir la disposición de las fuentes financieras multilaterales y ciertamente privadas a continuar su apoyo crediticio. En efecto, el inversor externo rechaza la incertidumbre, y los agentes de mercado en las grandes plazas agregan a las empresas por origen, sin contar con información detallada. Dado que las legislaciones de los países inversores castigan severamente toda vinculación con delitos originados en actos de corrupción, cualquier aprensión sobre la “moral” de las empresas de un país impulsa la venta de todos los activos de las mismas –bonos, acciones, obligaciones–. Ello podría complicar su acceso al crédito, ya que muchas empresas –en particular aquellas con contratos en marcha o que prevén participar de próximas licitaciones bajo el régimen de Participación Pública Privada (PPP), para el cual las compañías deben contar con avales y acceder a capitales del exterior–requerirán financiamiento, estimado al menos en U$S 1.500 millones. Igualmente, los antecedentes de corrupción muestran una correlación negativa para las perspectivas de inversión externa, resultando ilusorio disociar las empresas de sus gestores, tanto si la mayoría del capital se mantiene
en el ámbito familiar como cuando cotizan en mercados públicos.

 

La obra pública estatal en nuestro país –sector paradigmático, aunque ciertamente no el único– presenta una larga historia de corrupción políticoempresarial, desde el famoso escándalo de la CHADE para la concesión del servicio eléctrico de Buenos Aires que afectara a los gobiernos de Marcelo T. de Alvear (radical) y Agustín P. Justo (conservador) hace casi un siglo. No sorprende por ello ocupar en 2016 el lugar 95 entre 176 países en el “Indice de Percepción de la Corrupción” de la “Organización para la Transparencia Internacional”. En este sentido, cabe reconocer que el gobierno precedente parece haber diseñado un esquema metódico de recaudación de “retornos” –bajo el mismo argumento de presunta contribución a las campañas partidarias utilizado en Italia– el cual en rigor podría haber escondido un importante enriquecimiento personal de sus actores.

 

Finalmente, a la luz de la experiencia del MP cabría evitar una expectativa excesivamente optimista respecto de la posibilidad de recuperar bienes malhabidos, aun en los casos de condenas, ya que los delitos de esta naturaleza resultan muy difíciles de probar si no hay evidencia concreta de la ruta del dinero. Por ello, a menos que se confíe en el descubrimiento de tesoros de billetes físicos escondidos en el territorio nacional, resulta extremadamente difícil desentrañar madejas financieras en paraísos fiscales contando para ello con la cooperación de sus autoridades. Parafraseando al propio fiscal Di Pietro “en el MP pudimos avanzar porque no nos centramos en el funcionario -receptor-, sino en los empresarios -pagadores-. No investigamos la corrupción, sino otros delitos como falsedad de balances, buscando gastos difícilmente documentables, ya que para sobornar hay que disponer del dinero. La corrupción es un delito de concurso necesario, en el cual hacen falta empresarios y funcionarios, y el silencio sólo subsiste mientras conviene. La ingeniería del MP fue tornarlo inconveniente, y entonces los empresarios eligieron hablar, y siempre de más”.