“La baja en el gasto se hizo cuidando a los más vulnerables.” Con esa frase, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, intentó explicar, el lunes durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2019, que el ajuste rumbo al déficit cero no implicará un recorte en las políticas sociales destinadas a los sectores que ya vienen sintiendo el impacto de la crisis desatada este año. Pero los movimientos sociales salieron rápidamente al cruce. Plantearon que, en un contexto de avance de la pobreza, los aumentos pautados perderán con la suba de precios y aseguraron que la conflictividad social se agudizará en los próximos meses.
Lo cierto es que, excepto las partidas para jubilaciones, la mayoría de los ítems sociales tendrán aumentos nominales menores a la inflación promedio proyectada en 34,8% para 2019. Punta a punta el Gobierno prevé 23%, pero los privados desconfían de que sea cumplible. El texto presentado en el Congreso señala que el gasto social en su conjunto crecerá 32,2% contra 2018. Dentro de esa gran categoría, sobresalen por monto y por variación (34,6%) las partidas para seguridad social. El resto, caerá en términos reales: salud sumará 29,4% nominal; promoción y asistencia social, 29,1%; educación y cultura, 21,3%; ciencia y técnica, 27,3%; trabajo, 17,5%; vivienda y urbanismo, 11,5% y agua potable y alcantarillado, 22%.
Afinando la lupa, las jubilaciones y pensiones contributivas sumarán 37,6% nominal; las asignaciones familiares, incluida la AUH, 28,5%; las pensiones no contributivas 28,1%; la asignación universal para la protección social 20,4% y otros programas (Progresar, Argentina Trabaja, etcétera), 14,6%. Pero los beneficiarios de estas prestaciones sociales sentirán también el recorte en otras partidas, como por ejemplo los subsidios al transporte y a la energía (-6,7% nominal) y las transferencias corrientes a las provincias (-17,5%), que incluyen fondos para educación, salud y desarrollo social.
Hambre y conflictividad
Ante el aumento de la pobreza (que reconoció el propio Mauricio Macri) generado por la abrupta caída del salario real y las prestaciones sociales durante 2018, el Gobierno lanzó hace algunas semanas un bono de $2.700 extra para la AUH con la intención de enfriar un fin de año que se avizora caliente. En la misma línea, el Ejecutivo bonaerense anunció una suba de los fondos para comedores comunitarios. Medidas que las organizaciones sociales catalogaron de insuficientes. La respuesta fue un plan de lucha, consensuado entre la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el FOL y el Frente Darío Santillán: hoy harán ollas populares en el microcentro y marcharán a Energía contra el tarifazo, y la próxima semana se sumarán al paro general de la CGT y las CGT.
El Presupuesto parece haber echado más leña al fuego. En diálogo con El Economista, Gildo Onorato (CTEP) fue contundente: “Los aumentos proyectados son una broma de mal gusto, aunque no se reduzcan nominalmente, la inflación y el aumento del dólar produce el ajuste igual. El escenario es de recesión e inflación, así no hay política social que sea efectiva. El modelo económico es una fabrica de pobres. Nos opondremos a este presupuesto en la calle y en el Congreso. Entendemos que el ciclo de Macri para resolver los problemas heredados y los generados está agotado. Tenemos que evitar que sigan haciendo daño en nuestro tejido laboral y social”.
Desde abajo, la efervescencia crece. “Es inevitable el crecimiento de la conflictividad social porque el hambre hoy es un grave problema político-social”, agregó Onorato. Juan Carlos Alderete (CCC), en declaraciones a Clarín, sumó: “En cualquier momento nos vamos a instalar en la 9 de Julio y no nos vamos hasta que no resuelvan”.
