Por Anabel Chiara Economista de la Fundación Capital
La fragilidad del proceso de crecimiento se evidencia en otro año de recesión. Al pleno impacto de la sequía se sumó la incertidumbre de la crisis cambiaria, el encarecimiento del crédito, la aceleración de la inflación, la pérdida en el poder adquisitivo y la baja del gasto público en términos reales.
La caída de la actividad económica en torno a un punto en 2018 significa continuar con el péndulo de años pares de recesión con años impares de crecimiento. La principal diferencia con 2012, 2014 y 2016 es la ausencia de un impulso fiscal, que trae un mayor desafío para volver a niveles previos. La contracción de la actividad duraría cuatro trimestres repartidos en dos años. La mayor caída estaría concentrada en el segundo cuarto de 2018, principalmente por efecto del agro, con impactos negativos durante de toda la cadena de valor. En el segundo semestre, la caída de la actividad sería más moderada, amortiguada por el sector externo y, en particular, por menores importaciones ante la devaluación y la menor demanda interna. No obstante, la difusión será más amplia con marcadas caídas en la industria, la construcción y el comercio, sectores que representan más de un tercio del producto. En este sentido, la inversión se contraerá, tras seis trimestres consecutivos de crecimiento, el consumo privado agudizará la caída, mientras el consumo público mantendría la baja.
Por primera vez desde 2002 el sector público aportaría negativamente al PIB. En este sentido, el acuerdo con el FMI puso un sello a la reducción del déficit fiscal, lo que trae consigo un bajo margen de maniobra para impulsar programas expansivos. En particular, implica un impacto negativo tanto en la construcción, vía menor gasto de capital, como en el consumo, vía gastos operativos. Evidencia de lo primero es la caída de los despachos de cemento a granel en junio y las menores licitaciones de obra pública, con impacto de corto y mediano plazo, reflejados en la baja esperada para la actividad por más de dos tercios de las empresas de obra pública.
Respecto a los gastos de remuneraciones del sector público, la evolución sostenida por debajo de la inflación agudizaría la caída del consumo privado, arrastrado por salarios reales negativos para los empleados privados registrados y una desaceleración en el ritmo de creación de empleo. Por primera vez desde 2010, el empleo público evoluciona por debajo del privado, implicando que el Estado no va a ser el colchón que amortigüe la baja. Con respecto a la seguridad social, la aceleración inflacionaria traerá como consecuencia una pérdida en el poder adquisitivo, vía movilidad, y aún están latentes cambios clave en las asignaciones familiares y en la potencial aplicación del fondo de salvaguarda. En conjunto, hacia fin de año la masa salarial real caería en torno al 2%, con mermas para todos los perceptores.
La baja base de comparación y mejores perspectivas para la próxima cosecha, permitirán un mayor aire para 2019, aunque sin motores claros y fuertes. El crecimiento será moderado, en torno al 1,6% anual, cuando el consumo público aportaría negativamente al PIB por segundo año consecutivo, ralentizando a su vez al consumo privado y la inversión. Por su parte, con buen desempeño de las exportaciones e importaciones más rezagadas, el sector externo aportaría positivamente al producto. La fuerte caída inicial y una lenta recuperación posterior conllevarán a la necesidad de más trimestres de crecimiento que en otras recesiones, para retornar a los niveles previos a la crisis.
