Por Jorge Colina Economista de Idesa
Con la crisis cambiaria ocurrida el segundo trimestre, cuando el dólar pasa de $20 a casi $30, las autoridades económicas nacionales acentuaron las medidas para contener el crecimiento del gasto público nacional. Así es como el gasto total del Estado Nacional (gasto primario más gasto en intereses) en el primer semestre del 2018 creció a razón de 20% respecto a igual período del año anterior cuando los ingresos públicos crecieron como la inflación interanual que fue 26%.
Este sólo movimiento en la dinámica de los ingresos y egresos del Estado Nacional significó que el déficit fiscal total (primario más intereses) bajara unos $4.000 millones en términos nominales, lo que implica una importante baja en términos reales. Esto se logró por la vía de controlar el aumento de gasto en los subsidios económicos y los programas nacionales con los cuales la Nación se superpone con funciones provinciales y municipales y una sensible caída en la inversión pública, que cayó 20%. El desafío ahora es consolidar este control del gasto público, tomar medidas adicionales para seguir reduciendo el déficit fiscal pero, a la vez, recuperar la inversión pública. Aquí es donde entra a tallar la reorganización del Estado en sus tres niveles de gobierno (Nacional, provincial y municipal).
Gran parte de los subsidios económicos son asignados a la región metropolitana y una parte minoritaria a las provincias. En esta situación se encuentran los subsidios el transporte y obra de saneamiento. Más allá de la supuesta inequidad de esta distribución, lo cierto y real es que al Estado no le corresponde andar distribuyendo subsidios para transporte y saneamiento, porque estas dos funciones les corresponden a las provincias y municipios. Lo mismo ocurre con los programas nacionales con los que el Estado Nacional siempre distribuye insumos y reparaciones en escuelas, centros de salud, cordones-cunetas, o ayudas asistenciales para paliar situaciones de pobreza, que también corresponden ser financiadas y gestionadas por las provincias y municipios.
La necesaria reorganización
Para avanzar en este incipiente proceso de equilibrio de las cuentas públicas hay que institucionalizar la noción de que el Estado Nacional no debe inmiscuirse en funciones provinciales y municipales. Las provincias y municipios, por su parte, deben asumir en su totalidad las funciones que la Constitución les coloca bajo su responsabilidad, que son, educación, salud, seguridad urbana, Justicia ordinaria, vivienda, urbanismo y desarrollo social.
De esta forma, en lugar de mantener enormes estructuras y presupuestos nacionales, superpuestos a la de los gobiernos locales, los ministerios nacionales deberían reconvertirse en agencias más pequeñas y profesionales concentradas en medir y difundir resultados sociales y limitarse sólo a dar asistencia técnica a los gobiernos locales, especialmente de las regiones más atrasadas, para que modernicen su gestión.
Con este replanteamiento, el Estado Nacional podrá recuperar la inversión pública para concentrarse en lo que a él le compete que es la inversión pública interprovincial, como las rutas nacionales, el transporte ferroviario, los puertos, las hidrovías y el transporte aerocomercial.
En otras palabras, la reorganización necesaria del Estado implica que no hay que ajustar en lo estratégico (inversión pública interprovincial) sino en los gastos que no le corresponden hacer al Estado Nacional (subsidios económicos y programas nacionales en “ayuda” a los gobiernos locales).
