Por Ricardo Delgado Subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Desde hace largas décadas Argentina no encara un plan de infraestructura tan ambicioso y moderno como el actual. La democracia, que en diciembre conmemorará 35 años de vida ininterrumpida, no ha sido capaz de articular un proceso de inversión en caminos, ferrocarriles, agua y saneamiento, vivienda, hospitales y escuelas que fuese capaz de sostener de forma estable el crecimiento. La volatilidad macroeconómica de estos decenios barrió con cualquier intento de pensar el largo plazo, y de este modo invertir en infraestructura se volvió una quimera.
Dos años y medio atrás el Gobierno nacional decidió empezar a revertir este frustrante camino de estancamiento, consciente de que será largo, con fluctuaciones y ciclos pero también convencido de que es la única vía para ser más competitivos e inclusivos con los millones de argentinos que aún tienen, en el Siglo XXI, servicios del Siglo XIX.
El primer capítulo del necesario acuerdo puede escribirse durante el tratamiento del Presupuesto 2019
Hoy destinamos algo más de 2 puntos del producto a infraestructura física y social. Debemos conseguir 6 puntos para asegurar un sendero estable, sin los clásicos serruchos, para el crecimiento de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo para triplicar la inversión? Desde fines de 2015 estos son los pasos más relevantes:
Decidimos recuperar la planificación territorial como herramienta para racionalizar y transparentar la toma de decisiones en la inversión pública, y de esta forma promover el desarrollo integral urbano y rural de largo plazo sobre la base de la articulación a nivel federal con los planes de desarrollo económico y productivo de las diferentes regiones. Así, a modo de ejemplo, el crecimiento de las ciudades, donde vive más del 90% de los ciudadanos, se promueve bajo un uso racional del suelo a través de modelos más compactos que mejoren la accesibilidad, fomenten la mixtura social y vuelva más rentable la infraestructura y los servicios urbanos. Nuestro enemigo principal en estas áreas es la fragmentación socioespacial de nuestras ciudades, que se evidencia en el crecimiento de la tenencia informal de la tierra, la falta de servicios básicos y la baja calidad de la vivienda. Este fenómeno, profundizado en las últimas décadas, es una de las fuentes principales de la pobreza estructural.
Encaramos desde el inicio de la gestión, procedimientos transparentes y ágiles para seleccionar oferentes en los proyectos, reduciendo los costos de ingreso a las licitaciones y promoviendo la competencia. De forma creciente, todas las licitaciones tendrán seguimientos online y sistemas de evaluación de gestión y corrección de desvíos en las obras que evitarán sobrecostos y demoras en los plazos de ejecución. Bajo este entorno de mayor competencia, los precios de las obras se han reducido notablemente, los procesos de redeterminación se han vuelto más ágiles y las contratistas que incumplen son sancionadas con suspensión para futuras licitaciones.
Conscientes de la necesidad de atraer capital y financiamiento privados, pusimos en marcha una nueva arquitectura de asociación público-privada que permitió encarar hasta ahora proyectos de energía renovable por US$ 4.000 millones y de rutas y autopistas por US$ 8.000 millones (a valor actual). Asimismo, con diferentes reformas regulatorias del BCRA y con la nueva ley de mercado de capitales comienzan a estar disponibles diferentes instrumentos de financiación para la construcción de viviendas para las clases medias, postergadas del sueño de la casa propia por décadas. El déficit habitacional alcanza a 3,8 millones de hogares, de los cuales 56% corresponden a déficit cualitativo (2,1 millones de hogares) y 44% a déficit cuantitativo (1,7 millones de hogares).
Promovemos un nuevo modo de gestión de las obras con las provincias y municipios, procurando que una fracción creciente sean financiadas por los estados subnacionales, que hoy están en promedio en mejor situación de ingresos que hace dos años atrás (a partir de mayores transferencias automáticas desde la Nación, especialmente). Por caso, los programas de vivienda social deberían en forma progresiva poder ser financiados con los fondos del Fonavi, hoy aún de libre disponibilidad y que pocas provincias utilizan para estos fines. En obras de cloaca y conexiones domiciliarias de agua y gas tendrá que analizarse la posibilidad de recupero a través de contribuciones por mejoras. Lo que resulta claro es que en particular en infraestructura social la capacidad del Estado Nacional de cerrar la brecha está muy limitada y es necesario que provincias y municipios recojan el guante de su futura provisión.
Somos conscientes que el proceso de reformas en el modo de hacer infraestructura en Argentina llevará tiempo y un amplio consenso político cuyo primer capítulo puede empezar a escribirse en el Presupuesto 2019. Para mantener la actividad y el empleo en la construcción encontrar rápido la llave de la transición resulta crucial.
