Aportantes truchos: primera renuncia

19 de julio, 2018

María Eugenia Vidal

 

El escándalo por los llamados “aportantes truchos” a la campaña bonaerense de Cambiemos en las elecciones legislativas del año pasado sigue pegando fuerte. Después de un mes de la primera publicación de la investigación del periodista Juan Amorín, durante el que predominó el silencio oficial, la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió ayer la renuncia a la recién nombrada contadora general de la PBA, María Fernanda Inza.

 

Inza había sido designada hacía sólo siete días en el cargo, cuando la denuncia llevaba ya varias semanas, y era hasta ese entonces la secretaria de Legal y Técnica del gobierno provincial. Además, es la tesorera del PRO bonaerense (del que Vidal es la presidenta) y formó parte de la rendición de los recursos de la campaña de Cambiemos en 2017. La gobernadora dijo que confía en ella y que le pidió la renuncia “preventivamente” hasta que “se aclare todo en la Justicia para demostrar que nosotros nos somos lo mismo”.

 

También afirmó que ordenó una auditoría que se inició la semana pasada, insistió en la necesidad de reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos y adelantó que el Gobierno nacional presentará un proyecto al respecto, con eje en la bancarización de los aportes. “Si la ley se aprueba o no, mi compromiso es que, si soy candidata, mis aportes van a estar todos bancarizados y espero que todos los partidos hagan lo mismo”, prometió. Lo cierto es que, pese a que la ley vigente no impide la bancarización, el 90% de los aportantes a la campaña de Cambiemos del año pasado lo hizo en efectivo y fue la fuerza política que más utilizó este recurso.

 

Hasta hoy, más de 1.000 personas que figuran en la rendición aseguraron no haber puesto ni un centavo. En su mayoría son beneficiarios de planes sociales, pero también hay figuras del oficialismo, como el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo. Muchas de esas personas también aparecen en los registros oficiales como afiliadas al PRO y niegan haberlo hecho voluntariamente.

 

La denuncia iniciada a causa de la investigación periodística recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien investiga el origen de los fondos para saber si se trató de una maniobra de lavado de dinero, con falsificación de firmas y documentos, y ya comenzó a citar como testigos a algunos de los supuestos aportantes.

 

El tembladeral generado por el caso obligó al oficialismo a dejar atrás el silencio. Durante su conferencia de prensa de ayer por la tarde, el presidente Mauricio Macri tuvo que responder varias preguntas sobre el tema, pero se limitó decir que seguirán aportando a la Justicia y ratificó que impulsará una nueva ley. Sobre la irregularidades, contestó: “Sabremos todos de qué se trata”.