Por Federico Pastrana Economista de Centro Periferia
Entre 2015 y 2017, los gastos de capital del Sector Público Nacional (SPN) pasaron de representar 2,70% a 1,97% del PIB. Este tipo de gastos se distribuye en inversiones directas que hace el Estado en distintas áreas y en transferencias a provincias que luego invierten.
Según el Presupuesto 2018, estos gastos pasarían a representar el 1,90% del PIB. Es decir, la reducción de estos gastos continuaba, pero a un menor ritmo. Sin embargo, a partir de la gestión con el FMI la situación cambió.
El anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, detalló cómo será el ajuste del gasto público para eliminar el déficit fiscal primario en 2020. El 43% del ajuste se explica por la reducción en los gastos de capital. La idea es que éstos pasen a representar sólo 1,27% del PIB en 2018, contra 1,90% que planteaba el Presupuesto. En 2019 pasaría a representar 0,67% y en 2020 apenas 0,37%, menos del 20% de lo destinado en 2017.
En este marco, se plantea que la Participación Público-Privada (PPP) podrían compensar una parte importante del efecto contractivo generado por el ajuste del gasto. Recordemos que estos proyectos son una forma novedosa de realizar obra pública en Argentina, que permite la realización de obras financiadas por el sector privado, sin afectar el déficit fiscal actual, a costa de engrosar la deuda pública.
El objetivo del Gobierno es que el sector privado financie una inversión de U$S 26.000 millones en 52 proyectos. Este gasto se distribuiría en, al menos, cinco años y el pago de las obras por parte del Estado se realizaría en los diez años posteriores.
Según el Presupuesto 2018 se preveía que, para 2020, se evidenciaría el 79% del avance físico de las 52 obras. Sin embargo, todavía no comenzó ninguna obra y resulta imposible su concreción en el tiempo estipulado inicialmente.
En la actualidad, la Subsecretaria de Proyectos de Participación Público-Privada sólo menciona doce proyectos y, entre ellos, ocho no tienen aún fecha de licitación.
De los cuatro en curso, sólo la Etapa I de las obras viales está en marcha: por U$S 6.000 millones. A su vez, se continúa postergando la licitación de la Etapa I de la Red de Expresos Regionales (U$S 1.060 millones), que implica un ambicioso plan de conectividad urbana. En un inicio, su fecha de licitación estaba prevista para el 19 de abril, pero aún no sucedió. Lo mismo sucede con los otros dos proyectos que se lanzarían en los próximos meses: mejora de la eficiencia eléctrica (U$S 50 millones) y tendido eléctrico Mendoza-Buenos Aires, sin valor de referencia. En suma, los tres proyectos con presupuesto representan inversiones por U$S 7.110 millones.
Por lo tanto, podríamos pensar que este año comenzarán a ejecutarse las obras viales y los otros tres proyectos darían sus primeros pasos. La idea de los U$S 26.000 millones en un plazo tan corto parece desvanecerse ante la dificultad de impulsar los PPP.
En este contexto, los PPP parecerían implicar en los próximos años una inversión total de U$S 8.000 millones, siendo optimistas, lo que representa 1,33% del PIB. Si tomamos como base el Presupuesto, podemos decir que el avance físico de las obras no será homogéneo a lo largo de los años sino que se alcanzará apenas 3,4% en 2018 y 24,1% en 2019. Así, el plus que implican los PPP sobre los gastos de capital se sentiría sobre todo en el próximo año. En 2018, los PPP aportarían 0,04% y en 2019, 0,32% del PIB.
Claramente, ese aporte es insuficiente para compensar la caída de los gastos de capital establecidos en los anuncios del acuerdo con el FMI. En 2018 compensarían apenas el 6% de esa caída y en 2019, el 47%.
Por lo tanto, los PPP no serían una solución al ajuste en los gastos de infraestructura, cuanto menos en 2018 y 2019. Si sumamos el pedido del FMI de contabilizar en el gasto primario los gastos de los Programas de Inversiones Prioritarias, la situación del gasto en infraestructura para los próximos años es aún más preocupante.
