Por Alejandro Robba Director de la Carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno
Luego de un 2017 que recuperó parte de lo perdido en 2016 en materia de crecimiento, la actividad económica -que venía mostrando algunos signos de debilitamiento desde fines del año pasado-va en camino de un nuevo ciclo de estancamiento con alta inflación. Es decir, un 2018 mucho más parecido al 2016 que al 2017. No obstante, en el primer trimestre de este año, la actividad económica seguía superando el crecimiento del año pasado (3,5% vs 2,9%), la industria crecía al 3,1%, la construcción 10,8%, las exportaciones -a pesar de la fuerte sequía- mejoraban 11% y las actividades ligadas a los servicios como bancos (5,2%) y transporte y comunicaciones (1,2%), tambien acompañaban el crecimiento.
¿Cuáles han sido los factores que explican ese crecimiento del PIB, y que ahora estarían en retroceso, induciendo un fuerte enfriamiento de la economía en los próximos meses? Primero, analizando los componentes del PIB, no caben dudas que la expansión ocurrida el año pasado estuvo explicada básicamente por la recuperación del consumo privado ?que representa el 65% del PIB- que se expandió (3,6%) por encima del nivel de actividad (2,9%). La recuperación en la demanda interna estuvo expresada por la mejora en el poder de compra del sector asalariado formal (1,8%), jubilados (1,1%) y los beneficiarios de la AUH (1,2%). Por su lado, el Gobierno colaboró sosteniendo los niveles de gasto real casi a nivel de 2016: expandió el gasto público (excluyendo intereses de la deuda) en 21,8% con una inflación del 24,8%. En este aspecto, la obra pública experimentó un crecimiento muy fuerte.
El otro gran impulsor del crecimiento del consumo interno fue el crédito privado. Como los salarios apenas superaron la inflación, las familias incrementaron su poder de compra tomando préstamos personales (+52%) y prendarios (+63%). La vedette fueron los préstamos hipotecarios que subieron 50%, donde los UVA (créditos atados a la inflación) lo hicieron por encima del 100%, apalancando una buena performance del sector de la construcción.
No queda ninguna duda que el crecimiento de la economía argentina está atado desde siempre al desempeño de la demanda efectiva. Aunque cambien los gobiernos, la economía funciona con las mismas causalidades. Aún si el Gobierno de Cambiemos intente una explicación más por el lado de las expectativas positivas o las “hadas de la confianza”, la inversión sólo puede recuperarse si con anterioridad el nivel de actividad indica que se van a necesitar más “fierros” para atender a una mayor demanda. Por su parte, las exportaciones dependen del mundo por más que se quiera mejorar los precios de nuestros productos vía devaluación, la demanda externa ?lamentablemente- está afuera de nuestros dominios.
Así las cosas, se observa que el freno de mano lo impulsó la propia la política económica del gobierno. La fuerte devaluación ocurrida desde diciembre del año pasado (+50%), comenzó a elevar fuerte el nivel de precios en los primeros cinco meses (12%), y se espera todavía más inflación producto del traslado al precio de los alimentos de la última suba del dólar en junio. El efecto se sentirá en el consumo, que se retraerá, ante salarios que tendrán una caída real similar a la de 2016.
En efecto, en los primeros tres meses los salarios comenzaron a desinflarse. La disparada de los precios hizo retroceder 0,3% el poder de adquisitivo. Ello se reflejó una merma en el ritmo del consumo, por ejemplo, en las ventas del comercio minorista, que se reducen 1,4% en el primer cuatrimestre. Las ventas del Día del Padre se desplomaron 6,4% respecto al año pasado. También el crédito comenzará a resentirse disminuyendo el ritmo de expansión del consumo. Los efectos de la fuerte suba de la tasa de interés por parte del BCRA se trasladan rápidamente a todo el sistema de crédito, enfriando la inyección de liquidez en el mercado.
El Gobierno, en lugar de evitar una recesión en los próximos meses, propone una fuerte reducción en el gasto público en línea con el FMI, lo que agravará la situación económica (recordemos que el 2017 el gasto público si bien no se expandió, tampoco mostró una fuerte caída). Menor gasto estatal significa menos obra pública, menos programas en salud, educación y salarios públicos. En definitiva, el sector público -que representa el 18% del PIB- no compensará parte de la caída del sector privado, profundizando la recesión. A este efecto, se le sumará el nuevo impulso de las tarifas y servicios públicos que restará poder de compra a las familias y el incremento de los combustibles, que, además de pesar en el bolsillo familiar, es otro costo que impactará sobre los niveles de precios.
Un préstamo del FMI no sacará al país del crudo inverno económico que se viene. Solo otorgará liquidez en caso que se origine una nueva corrida contra el peso, ganando tiempo para que el Gobierno “perdure” hasta agosto de 2019.
Por lo tanto, los mismos factores que impulsaron el crecimiento del año pasado (salarios, jubilaciones, AUH, crédito y obra pública) se darán vuelta en 2018. El Gobierno, con el ajuste en marcha, solo contribuirá a que la recesión sea mayor, revirtiendo fuertemente lo realizado en 2017 y poniéndolo en una situación delicada frente a las elecciones del 2019.
