Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La credibilidad en las promesas de ajuste fiscal y reformas empezaron a flaquear, y quizá algo antes de lo esperado. El proceso de las reformas y su votación final han sido más trabajosas y conflictivas que lo esperado por las autoridades, y en parte eso ha sido un resultado esperable. Elaboradas durante varios meses en el más estricto secreto, se presentaron en público casi dos semanas después de las elecciones de medio término, y se esperó a la nueva conformación de las dos cámaras del Congreso para su debate en serio.
La estrategia de acelerar los tiempos para su debate se vio favorecida por el pacto fiscal que permite desviar fondos largamente reclamados por la provincia de Buenos Aires de partidas para el resto de las provincias. La compensación a estas viene dada por la reforma en la fórmula de indexación jubilatoria. La reacción (no tan inesperada) de grupos organizados para destruir la Plaza de los Dos Congresos no puede tomarse a la ligera. Muestra claramente un divisionismo no resuelto, y que la construcción de consensos es, en gran medida, una expresión de deseos.
También parece serlo el tránsito hacia la prometida disciplina fiscal. Ya en los primeros 11 meses de 2017 el núcleo de los ingresos corrientes (los ingresos tributarios) crecieron 28% interanual mientras que el núcleo de los gastos corrientes (las prestaciones sociales) crecieron 38%. Si en ambos casos se restan los ingresos y egresos al sistema previsional, resulta que los ingresos tributarios netos de aportes a la seguridad social crecieron 26,2% interanual, y las prestaciones sociales, netas de jubilaciones y pensiones contributivas, 29,7%. A su vez, los gastos de funcionamiento del Sector Público No Financiero crecieron 28,3% interanual. Dentro de estos, el gasto en personal creció 26,6% y los demás gastos de funcionamiento 33,7%.
El resultado primario en términos nominales ha sido prácticamente el mismo del 2016, pero si se suman los intereses, que crecieron 83,1% interanual, el déficit fiscal total, el verdadero, creció 22,5% respecto de los 11 primeros meses de 2016. Frente a este panorama, el proyecto de Ley de Presupuesto y la reforma tributaria asoman con varias “perforaciones” respecto de los proyectos originales de un mes atrás. Las negociaciones con los gobernadores forzaron al oficialismo a incluir partidas por nuevos gastos en obras de infraestructura por $ 10.000 millones adicionales mientras que algunas iniciativas como gravar con Impuesto a las Ganancias a mutuales y cooperativas o la tributación a gaseosas azucaradas quedaron en la nada, se redujo a la mitad el IVA sobre la comercialización de algunas carnes y se redujo el impuesto interno previsto para las cervezas de 17% a 14%. Algunos grandes distritos, como la Ciudad, la provincia de Buenos Aires o Santa Fe aparecen como los líderes con la reducción de Ingresos Brutos, aumentando la tasa del impuesto inmobiliario. Otras provincias, como Salta han optado en cambio, por aumentar las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Preguntas obvias. ¿Cuán firme es el nuevo pacto fiscal? ¿Era necesario generar la percepción de hacer recaer su costo en uno de los sectores más vulnerables, como los ancianos?
A este panorama poco claro se suman a) las atribuciones del Jefe de Gabinete para modificar partidas presupuestarias, b) el calendario electoral, ya que el próximo año es el último en el que el Ejecutivo contará con ciertos grados de libertad para reformas mínimamente ambiciosas, y c) las dificultades para recuperar una senda de crecimiento permanente a no menos de 3,5%-4%, que mejoraría sustancialmente el resultado fiscal. Bajo estas condiciones, cuesta entender cómo podría, en 2018, reducirse sustancialmente la brecha fiscal y el endeudamiento. Si la prioridad pasa a ser, de facto, su mantenimiento, y asegurarse su financiamiento, ¿es factible sostener la actual demanda de bonos y dinero, con la dinámica de los números fiscales, rumbo a un déficit fiscal y cuasifiscal de dos dígitos de manera permanente? ¿Es coherente con un tipo de cambio real observado superior a cualquier estimación de un tipo de cambio real de equilibrio sostenible de largo plazo? Los números de la cuenta corriente de balanza de pagos se dirigen rápidamente a un déficit no inferior al 5% del PIB para el 2018. Un paso más de un sendero de deterioro iniciado en 2008, y que tarde o temprano provocará decisiones de cartera anticipatorias, que podrían conducir a saltos bruscos en el tipo de cambio, en la inflación y/o en las tasas de interés.
Ciertamente, se está a tiempo de corregir la tendencia crónica de gastar más que lo que se produce. Un déficit permanente de cuenta corriente indica eso, y no otra cosa. Pero si el principal “fiestero” es el Estado, no quedan muchas salidas: o el sector público corrige de una buena vez este comportamiento insostenible, o el sector privado reacciona anticipadamente y deja de financiar al Estado, o el Estado corta con los pagos comprometidos a sus acreedores.
Es de esperar que esta situación se defina a partir del 2018. Lo peor que podría pasar es el de haber perdido cuatro o más años en amagues de reforma, incubando nuevos frentes de conflicto e inestabilidad.
