La Ley de Financiamiento Productivo, antes llamada Ley de Mercado de Capitales, es la herramienta con el que el Gobierno intentará que los negocios en la plaza local se potencien. Van por mucha reformas que, sumadas al buen clima que existe con Argentina en el mundo y la seducción de sus activos, podrían sumar para un mercado de capitales más sólido en el futuro.
Los principales ejes de la futura ley (que aún debe aprobar la Cámara Alta) se pueden resumir en seis puntos clave.
Generar las bases para dar un fuerte respaldo al financiamiento pyme: factura de crédito electrónica mipyme
Las pymes tienen, generalmente, desafíos para financiar su capital de trabajo a causa del pago de las facturas que emiten en plazos muy largos. Esto afecta la fluidez de su proceso productivo, atentando contra la generación de empleo.
La ley establece que las facturas que emiten las pymes por sus productos y servicios quedan aceptadas o conformadas automáticamente a los treinta días de emitidas, posibilitando que puedan ser vendidas a través de bancos y/o en el mercado de capitales. Esto le permite a las pymes acceder a crédito a tasas más competitivas, ya que el riesgo crediticio de la factura está asociado al deudor de la factura y no a la pyme. Es un esquema
que se ha implementado con mucho éxito en Brasil, Chile y México.
Potenciar federalmente al mercado de capitales y las ofertas públicas de acciones: impuesto por ganancias de capital en la compraventa de acciones que no posean oferta pública
Actualmente, Argentina posee el mercado de capitales más pequeño de la región, dificultando la canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real.
Para cambiar esto, es necesario incentivar tanto a los ahorristas como a las empresas a participar del mercado de capitales, para que se reduzca el costo del capital para empresas y proyectos productivos.
Una forma de incentivar a las empresas a acercarse al mercado de capitales es darles un incentivo a los accionistas a listar parte del capital de su empresa en la Bolsa.
Incrementar la protección al inversor: mejorar la independencia y capacidad de supervisión de la CNV
Para poder construir un mercado de capitales sólido, que sea un medio por el cual los ahorristas puedan canalizar sus ahorros hacia la inversión, es necesario que exista seguridad jurídica y confianza del inversor en el regulador.
Esta confianza solo se logra con un sistema transparente, y un regulador institucionalmente fuerte que tenga las herramientas adecuadas para la protección de los inversores, asegurándose que las empresas funcionan con las mejores prácticas sociales, éticas y ambientales.
Es por esto que es necesario homogeneizar la normativa a los estándares internacionales eliminando ciertas facultades discrecionales que le fueron otorgadas al regulador, por lo que en el proyecto de ley se propone derogar la facultad de la CNV para intervenir en empresas y designar veedores con poder de veto respecto de las decisiones del directorio de dichas empresas (artículo 20 de la ley actual).
También se eliminan las multas como fuente de ingresos (lo que se recaude será girado al Tesoro) para evitar conflictos de interés, y se le da a la CNV el poder para dictar normas y regulaciones para la transparencia, otorgando mayor seguridad jurídica
Desarrollo del mercado hipotecario: letras hipotecarias y pólizas de seguro ajustables por CER
Es un objetivo prioritario del Gobierno dar una solución al déficit habitacional así como promover el acceso a la vivienda propia. En este sentido, desde el Gobierno creen en la difusión del crédito hipotecario como el medio más eficaz de acceso a la vivienda y como promotor de la inclusión financiera.
Dado el desarrollo que está mostrando el mercado del crédito hipotecario, en la ley se introducen una serie de herramientas para facilitar el fondeo de los bancos que otorgan las hipotecas. Una herramienta muy común de fondeo es la llamada “securitización”, por la cual los bancos venden parte de la cartera de créditos hipotecarios otorgados al mercado de capitales. De esta manera, los bancos consiguen fondos frescos para seguir prestando.
Para que este mecanismo funcione con los créditos UVA, que hoy representan nueve de cada diez créditos hipotecarios nuevos que se dan en los bancos, se necesita asociar cada hipoteca a la llamada “Letra Hipotecaria”. Si bien esta figura existe hace más de veinte años, hasta ahora no pueden ser ajustadas por CER. La modificación propuesta en el proyecto de ley lo permite, posibilitando la securitización.
Adicionalmente a las securitizaciones, los bancos se fondean con depósitos y obligaciones negociables. El desarrollo de instrumentos (securitizaciones, obligaciones negociables) en UVA a largo plazo depende de que haya inversores interesados en comprar estos instrumentos. Para ello, el proyecto de ley promueve que las compañías de seguro puedan comprar instrumentos ajustables por UVA. Esto lo hace al permitir que las compañías de seguro puedan emitir pólizas de seguro ajustables por CER, lo que les genera una obligación en UVA que buscarán corresponder con activos en UVA como las obligaciones negociables o paquetes de hipotecas securitizadas de los bancos.
Sentar las bases para la promoción del ahorro de largo plazo: facultad del Poder Ejecutivo Nacional de aumentar montos sujetos a desgravación de II.GG. en seguros de vida y retiro para individuos
Para lograr un crecimiento sostenido de la economía, es necesario estimular la inversión de largo plazo, por ejemplo en infraestructura.
Para que esto ocurra, es necesario fomentar el ahorro a largo plazo, y la mejor manera de hacerlo es potenciando el atractivo de los seguros de vida y de retiro, que permite a las personas capitalizarse y da a las compañías aseguradoras obligaciones de largo plazo, que a su vez las lleva a éstas a invertir en activos de larga duración (proyectos de infraestructura, hipotecas, mercado inmobiliario).
Una herramienta eficaz para potenciar el ahorro es dar a los individuos incentivos fiscales para que destinen una parte de sus ingresos al ahorro de largo plazo. Actualmente, las alícuotas de desgravación son muy bajas y no se actualizan desde 1992. Por esta razón, el proyecto de ley busca darle al Poder Ejecutivo la facultad para incrementar el monto que un individuo puede deducir de sus impuestos por contribuir dinero a este tipo de seguros.
Sentar las bases para la promoción del ahorro de largo plazo: transparencia fiscal de fondos cerrados
Los fondos de inversión cerrados, por su naturaleza que no ofrece el rescate de la cuotaparte, son vehículos de inversión ideales para proyectos de la economía real, que generalmente tienen horizontes de maduración más largos en el tiempo.
Estos fondos facilitan el acceso de los ahorristas al mercado de capitales dándoles la posibilidad de diversificar sus inversiones. Sin embargo, no se encuentran muy desarrollados en la Argentina en comparación con el resto de los países de la región, principalmente porque los fondos no son fiscalmente transparentes. Esto es, tributan actualmente impuesto a las ganancias como cualquier sociedad anónima.
El proyecto de ley propone que los fondos cerrados no estén gravados por impuesto a las ganancias, sino que sean fiscalmente transparentes y sea el cuotapartista el que pague impuestos por las distribuciones que haga el fondo en función de cómo está gravado el activo subyacente en el que invirtió dicho fondo.
Estos fondos deberán contar con oferta pública, serán autorizados y regulados por la CNV, y se requerirá que tengan un objeto definido y una dispersión mínima de cuotapartistas y activos. Los fondos tendrán un plazo finito.
