Era uno de los objetivos de la Casa Rosada. Desde que el presidente Mauricio Macri llegó a Balcarce 50. Los intentos por desplazarla fueron varios. En distintos sentidos. Desde el pedido de juicio político, a la solicitud explícita de su renuncia y un proyecto para recortar su mandato. Hasta se pensó en la posibilidad de un decreto que terminara con sus funciones. No hará falta. Ayer, a través de una carta, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre próximo.
“Mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo en referencia implícita al proyecto de reforma en el que trabaja el Gobierno Nacional para lograr su desplazamiento. En el quinto y último párrafo de su carta, Gils Carbó es más precisa en ese sentido. Dice que espera que su decisión “disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de Justicia”.
Gils Carbó había sido propuesta en junio de 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner tras la renuncia de Esteban Righi y su pliego fue aprobado en agosto de 2012, con 63 votos a favor y sólo tres en contra. Además de las críticas políticas por parte del Gobierno, el 12 de agosto pasado, el juez Julián Ercolini la había procesado por supuesta administración fraudulenta en la compra, para la Procuración, del edificio de la calle Perón, donde funciona su oficina.
Respuestas
El Gobierno tomó con beneplácito la decisión. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue uno de los primeros que se manifestó al respecto, en la rueda de prensa que siguió al discurso del presidente Macri en el CCK. Señaló que es una “una contribución para que podamos trabajar todos en función de fortalecer la independencia y la eficacia” de la Justicia. Y remarcó que “es clave entender” que la reforma del Ministerio Público Fiscal “es independiente de las personas”. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno valora “el paso al costado” dado por Gils Carbó y que el mismo permitirá “avanzar en un proceso de construcción de consensos para empezar a dar respuesta a los argentinos en materia de persecución penal”.
Candidatos
El nuevo procurador será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá pasar por una audiencia pública y contar con el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. La Casa Rosada enviará el pliego del candidato y dentro de los dos días corridos la Secretaría Parlamentaria lo dará a conocer por intermedio de la sala de periodistas de la Cámara. Por su parte, la Comisión de Acuerdos deberá continuar con la publicación de los antecedentes del postulante y la convocatoria a una audiencia pública en un plazo no menor a los quince días después de concluido un período de otros quince días en el que recibirá avales e impugnaciones al candidato. Entre los mencionados como candidatos posibles figuran el procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el abogado peronista y exjuez de la Corte Suprema Alberto García Lema; el juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos; y el fiscal de la misma instancia, Raúl Plee, entre varios más.
