Con fuertes críticas a la sanción que Diputados había dado meses atrás, el Senado aprobó en forma unánime el régimen penal empresario que deberá regresar a la Cámara Baja para ser ratificado. Ni un voto en contra ni una abstención, 65 respaldos -siete ausentes- recibió el proyecto que envió el Gobierno a principios de año, pero que fue luego ampliamente modificado en el debate parlamentario. La prórroga a la ley que protege a las comunidades indígenas, por su parte, recibió media sanción y será girada a Diputados. Se extendería por cuatro años, tras una difícil negociación entre el oficialismo y la oposición.
La sesión de ayer en la Cámara Alta fue el resultado del último acuerdo alcanzado entre Cambiemos y el peronismo previo a las elecciones del 22 de octubre. Pese a que hay consenso para que ambos textos no sufran modificaciones en su paso por Diputados, no hay fecha para la discusión y podría postergarse para después de los comicios. La principal razón es la visita de Marcos Peña el próximo miércoles, fecha que estaba agendada para debatir los proyectos que ayer aprobó el Senado.
Tanto el régimen penal empresario, como la prórroga a la ley 26.160 fueron el resultado de negociaciones entre Cambiemos y la oposición, pero en particular con el bloque PJ-FpV que conduce Miguel Angel Pichetto. El proyecto que incorpora a la persona jurídica al Código Penal para una serie de delitos en contra de la administración pública, recibió numerosas correcciones en el Senado y el resultado conformó aún más a la postura del Ejecutivo respecto a la ley. Además de prever sanciones para las empresas, la iniciativa establece acuerdos de colaboración eficaz -información a cambio de beneficios en la sanción- y un programa de integridad para que las empresas estén informadas acerca de los delitos que puedan cometer y para que sepan como accionar frente a situaciones comprometidas. El texto cumple con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
También fue unánime la aprobación en torno a la prórroga de la ley de protección de las comunidades indígenas, 62 votos positivos y sin abstenciones. Pero la negociación fue más espinosa y se definió minutos antes del tratamiento en el recinto, con la balanza inclinada en favor de la oposición, que logró extender la prórroga hasta 2021. Cambiemos propuso que sea por un año y medio, pero desde distintos sectores opositores sostenían que ese plazo “generaría incertidumbre”. El otro argumento, a su vez, es que no alcanza con dos años para relevar técnicamente el total de la tierra, que en la actualidad sería menor al 50%, según Pichetto, jefe del bloque PJ-FpV. La Ley 26.160 vencía el próximo 23 de noviembre.
En el final de la sesión, se aprobó el reestablecimiento de los feriados puentes por votación unánime.
