Por Rodrigo Alvarez Socio y director de Analytica Consultora
El Presupuesto sorprendió al mercado no sólo por el elevado nivel de crecimiento proyectado para 2018 sino también por la composición del mismo: la inversión crecería al 12%, aportando más de 2 puntos (pp) sobre un total de 3,5 proyectados para toda la economía. Típicamente, la inversión es el componente más difícil de predecir debido a su naturaleza forward looking. Por lo tanto, a priori, el pronóstico es arriesgado. Sin embargo, el Gobierno tiene un as bajo la manga. La inversión en infraestructura crecería al menos 40% en términos reales, incluso si suponemos que los precios asociados a la inversión crecen 10 pp por encima de la inflación minorista proyectada por el Presupuesto.
¿Cómo es posible explicar esta dinámica en un contexto de consolidación fiscal? La inversión en infraestructura crecería al 62% en términos nominales. De esos 62 pp, 30 no serán pagados por el Tesoro. Se trata de proyectos financiados a través del esquema de participación pública y privada (PPP), otros realizados por empresas concesionarias de servicios públicos luego de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el sector de transporte y distribución e inversiones puramente privadas en el sector de generación (estos últimas dos en el mercado energético).
En su conjunto, las inversiones en infraestructura garantizarían un piso de crecimiento del 1% del PIB y del 6% de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF). Ahora bien, ¿qué sectores serían beneficiarios de esta dinámica? Podemos dividirlas en 3 grandes grupos: I) transporte, II) energía, e III) infraestructura social. Dentro de los primeros, se destaca vialidad y sus encadenamientos en cemento y asfalto. Sin embargo, se prevén inversiones en el sector ferroviario y aéreo así cómo también en el sector portuario. En energía, además de los mencionados proyectos en transporte y distribución se esperan inversiones en generación térmica, gas y energías renovables. Finalmente, en infraestructura social se destacan los proyectos de provisión de agua potable y cloacas.
Más allá de efecto impacto de la medida, debemos tener en cuenta los efectos secundarios derivados de los encadenamientos de los mencionados sectores. De la matriz insumo producto, se desprende que los principales beneficiados serían: a) la industria (en particular siderúrgica y de base), b) los servicios mayoristas (banca, software, inmobiliarios, etcétera) y minoristas (negocios de proximidad), c) minas y canteras (minerales no metálicos, etcétera) y d) derivados del petróleo (combustibles y asfalto).
El último dato del PIB mostró que el proceso de crecimiento está diseminado entre casi todos los sectores de la economía (a excepción de petróleo y minería, cuya producción continúa en retracción). Según nuestras estimaciones, 2018 será un año en el cual el proceso de crecimiento volverá a estar liderado por la inversión. Sin mencionar el impacto sobre el empleo, que en el caso de la construcción es de primer orden, la multiplicidad de sectores involucrados en las inversiones de infraestructura garantizan que continuaremos observando un crecimiento “parejo”. Sin embargo, la tendencia a la apreciación del tipo de cambio que implican la combinación de una política monetaria “dura” y fiscal “blanda” junto con un mayor nivel de apertura hacia los transables livianos (por caso, textiles) nos llevan a apostar mayormente a los sectores no transables. En particular, la construcción y los servicios mayoristas.
